El gobierno nacional promulgó la Ley de Implementación Efectiva de la Responsabilidad del Estado en la Educación Superior, que establece la gratuidad de los estudios superiores, fijando al mismo tiempo la prohibición de cualquier tipo de tarifa directa o indirecta.

Así lo hizo a través del decreto decreto 2358/2015, publicado en el Boletín Oficial con las firmas de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández; y el ministro de Educación, Alberto Sileoni; junto al texto de la nueva normativa.

Mediante la modificación e incorporación de artículos bis a la Ley 24.521, la nueva normativa establece la responsabilidad “indelegable y principal” del Estado respecto de la educación superior, considerándola un “bien público” y un “derecho humano”.

Asimismo, garantiza “la igualdad de oportunidades y condiciones en el acceso, la permanencia, la graduación y el egreso en las distintas alternativas y trayectorias educativas del nivel para todos quienes lo requieran y reúnan las condiciones legales establecidas”.

Uno de los puntos más destacados en la nueva ley se encuentra en el bis introducido en el artículo 2, que establece que “los estudios de grado en las instituciones de educación superior de gestión estatal son gratuitos e implican la prohibición de establecer sobre ellos cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel, o tarifa directos o indirectos”.

En ese marco, además, se prohíbe “a las instituciones de la educación superior de gestión estatal suscribir acuerdos o convenios con otros Estados, instituciones u Organismos nacionales e internacionales públicos o privados, que impliquen ofertar educación como un servicio lucrativo o que alienten formas de mercantilización”.

Cabe indicar que el proyecto de reforma fue elaborado por la diputada Nacional Adriana Puiggrós (FPV), y había logrado la aprobación en Diputados en el año 2013.

Para la Universidad Nacional de La Plata se trata de un logro histórico y un motivo de enorme satisfacción ya que fue una de las casas de estudio más comprometidas y que más ha trabajado por la sanción de la nueva norma, “asumiendo esta meta como una prioridad para el sistema educativo nacional. Fue en este camino que el actual vicepresidente institucional de la UNLP, Fernando Tauber, mantuvo durante los últimos años decenas de reuniones con funcionarios educativos y legisladores –entre ellos la propia Puiggrós-, y encabezó las gestiones para avanzar hacia la modificación de la LES (Ley de Educación Superior)”, destacó la institución.

En el mismo sentido, el presidente de la UNLP, Raúl Perdomo, fue una de las piezas clave para impulsar el apoyo al nuevo proyecto en el seno del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN, que agrupa a los rectores de las universidades públicas).

Hubo también encuentros, talleres y jornadas de debate abiertas organizadas por la UNLP para discutir la necesidad de una nueva LES. Allí participaron activamente todos los sectores de la comunidad universitaria, autoridades nacionales, legisladores y referentes de ámbito académico.

Otra de las modificaciones que se introdujeron a la Ley es la del artículo 50, que señalaba que “en Universidades con más de 50 mil estudiantes, el régimen de admisión, permanencia y promoción de los estudiantes será definido a nivel de cada Facultad”. El tema resulta de especial interés para la UNLP que mayoritariamente se ha manifestado en ese sentido en numerosas oportunidades.

La reforma modifica la redacción del artículo 50 fijando que ”cada institución universitaria nacional dictará normas sobre regularidad en los estudios que establezcan las condiciones académicas exigibles”.

Tauber celebró la promulgación del nuevo texto ya que “va en sintonía con lo que nosotros veníamos proponiendo desde hace años, y refleja el deseo de  un amplio sector de la comunidad universitaria de nuestro país por un modelo de educación superior inclusivo y abierto para todos aquellos que intentan ingresar con la clara voluntad de estudiar en la universidad”.

“Esta nueva norma viene a redefinir los alcances de la autonomía universitaria, para dejar bien en claro las responsabilidades que tiene la Universidad pública con la sociedad”, añadió.

Fuente: www.unlp.edu.ar