La Marcha Federal Universitaria reunió a un millón de personas en todo el país. Los organizadores estiman 800 mil manifestantes en la Plaza de Mayo y el Congreso, que obligaron a replegar cualquier «operativo antipiquetes» y marcaron un hito de resistencia en la era Milei. 

Superó todas las expectativas y las proyecciones de los organizadores, desbordó todas las calles desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo. Fue festivo, heterogéneo, transversal. Atravesó generaciones, pertenencias sociales y partidarias. Reveló —ya se sabía, pero ayer fue reafirmado con tal contundencia que elevó esta certeza al orden de manifiesto— que la educación pública es un valor identitario fundante para la sociedad argentina, irrenunciable. El estudiantazo del 23 de abril movilizó a una multitud que los organizadores estimaron en 800 mil personas, y que llegó al millón de manifestantes contabilizando las marchas en las principales ciudades del país, también con convocatorias récord. 

Se transformó así en un gran hito político de resistencia a las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei, protagonizado por una porción tan importante de la ciudadanía que no deja margen para las descalificaciones habituales. Que hasta cortó de cuajo la avidez represiva de la ministra Patricia Bullrich, que temprano por la tarde sacó las filas y vehículos policiales a exhibirse amenazantes, para pronto replegar ante los ríos de gente que comenzaban a llegar.  

«Defendemos el acceso a la educación superior pública como un derecho. Creemos en la capacidad igualadora de la educación pública y gratuita, en el poder transformador de la universidad como formidable herramienta de movilidad social ascendente y en el aporte diferencial y sustantivo de la producción científica», decía el documento que leyó en el acto central la cordobesa Piera Fernández De Piccoli, presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA). «Todos los problemas que tenemos se resuelven con más educación y universidad pública, con más inversión en ciencia y tecnología. Queremos que nuestras instituciones sean el dispositivo que le permitan a la Argentina desandar las desigualdades estructurales y emprender la senda del desarrollo y la soberanía. La educación nos salva y nos hace libres. Convocamos a la sociedad Argentina a defenderla».

También Taty Almeida sumó su voz en las definiciones: «Estoy en nombre de todas las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y de la mesa de organismos de derechos humanos. Pero no solo estoy como madre, también como docente, porque yo también caí en la escuela pública. Hay que defender la enseñanza pública, las universidades, porque es uno de los derechos humanos el derecho a la educación», señaló. Y el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel: «La Universidad pública, libre y gratuita es una de las grandes conquistas de nuestro pueblo. Y no vamos a renunciar a ella». Y representantes de todos los gremios docentes de todo el país.

Los mismos conceptos aparecieron estampados como estandartes de la marcha en cientos y cientos, miles de carteles caseros, pegatinas artísticas en las paredes, y hasta remeras estampadas a mano o intervenciones con formas de sombrero, de careta, de títtere. «Que el privilegio no te nuble la empatía». «Rebelate y educate». «Más plata para educar, no para reprimir». «Más Télam, Menos Twitter». «Jamoncito, te vamo a fetear». «No nos querés libres, nos querés ignorantes». «Viva la educación, carajo». «Milei, date cuenta, Conan está muerto y la universidad pública más viva que nunca». Y en un pañuelo blanco: «Los lápices siguen escribiendo». 

Junto a los memes y las frases de los carteles, hablaron también los títulos y autores de los libros elegidos, levantados aquí y allá mientras la multitud avanzaba. Fue una consigna de la marcha: alzar un libro como señal potente para el reclamo. Detrás de muchos podían leerse historias de vida, recorridos personales. Textos de cursada, algunos marcados con posticks. Muchos sobre educación, ciencias políticas, sociología. Varios Nunca Más. Muchas Constituciones. De Marx y Engels. De Lacan o de Freud. La razón de mi vida; Doctrina revolucionaria, de Juan Domingo Perón. De María Teresa Andruetto, Paul Auster, Mariana Enriquez. De Rodolfo Walsh. Las venas abiertas de Eduardo Galeano; El pueblo que no quería ser gris, de Ayax Barnes y Beatriz Doumerc, hoy un clásico infantil, prohibido por la dictadura militar. 1984, de Orwell. También se vio El loco, la biografía no oficial de quien se convirtió en presidente de la Nación. 

En línea con las camisetas de la selección argentina -se vieron muchas, también banderas-, la idea de «orgullo» apareció como otra consigna marcada en la jornada. «Orgullo UBA», «Orgullo UNLa», «Orgullo FADU», se leyó en muchos carteles, remeras, pins. «Orgullosa de ser primera generación universitaria». «Gracias UNLa, voy a ser la primera licenciada de mi familia». También aparecieron repetidos de diversas maneras nombres como el de René Favaloro o el de César Milstein: «Tengo el honor de recibirme en la misma universidad que Favaloro». 

Luche como un estudiante

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, fue uno de los que participó de la marcha, junto a intendentes y funcionarios bonaerenses (ver Buenos Aires/12) y se sumó a la arenga de cantitos: «Universidad, de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode, se jode». Se fundió en un emocionado abrazo con Tati Almeida. «Esta es la lucha de las y los universitarios, pero refleja toda una cultura de nuestro país: estamos en defensa del instrumento que nos permitió soñar con un futuro mejor«, advirtió. 

Entre las columnas que avanzaron primero por Avenida de Mayo para ingresar en la plaza se vio a la del Frente Renovador, muy nutrida y con revuelo de micrófonos y pedidos de selfies alrededor de Sergio Massa. Detrás avanzaba la columna de la Juventud Sindical, la de la CGT -y en su bandera Pablo Moyano, Héctor Daer, Sergio Palazzo, entre otros-, y las de diferentes gremios: Unión Ferroviaria, Aeronavegantes, el Suterh con su titular, Víctor Santa María. Enseguida, todos los gremios docentes. Bastantes cuadras más atrás marchaban las columnas universitarias y de secundarios, nucleados con la CEB (Coordinadora de Estudiantes de Base). Cerca se vio a las y los estudiantes de la Uade, la universidad privada que saltó a la agenda pública por anunciar que acompañarían el reclamo por la universidad pública. 

«Algún día a esto alguien lo va a estudiar. Porque chicas, ¿no creen que esto va a quedar en los libros de historia? ¡Y la Spighich a alguien se lo va a tomar!». El balance entre carcajadas, con broma interna de profesora también histórica, de un grupo de chicas de secundaria, contenía descripciones precisas y asombros compartidos. Venían de militar la marcha también el día anterior en su colegio, con «ruidazos», «jornadas», actividades a las que también se sumaron sus profesores. Así como en distintas universidades hubo vigilias y actividades especiales para esperar esta marcha.  Que culminó con un video viral y un pedido por redes: «Mire Presidente. Porque lo ve todo el mundo. Salga de Twitter. Mire cómo defendemos nuestra educación». 

Fuente: Karina Micheletto para www.pagina12.com.ar

Marcha Federal Universitaria: 5 claves para entender el conflicto y la movilización de hoy. En CABA y en las principales ciudades del país habrá manifestaciones a favor del presupuesto para las universidades públicas. Desde el Gobierno atribuyen la medida a intereses partidarios y acusan a las casas de estudio de adoctrinamiento y falta de transparencia.

Este martes (23/4/24) la Marcha Federal Universitaria movilizará a estudiantes, docentes, egresados, rectores, investigadores, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil en rechazo al ajuste del presupuesto de las universidades públicas. El principal reclamo de quienes participarán en todo el país es a favor del financiamiento educativo, dado que los fondos para educación superior hoy se encuentran en un piso histórico, según un informe de ACIJ. Sin embargo, el conflicto también se enmarca en la campaña gubernamental de desprestigio del sistema universitario, centrada en acusaciones de adoctrinamiento y falta de transparencia en el uso de los fondos.

En la Ciudad de Buenos Aires, la convocatoria será a las 15:30 hs frente al Congreso Nacional. Desde ahí la movilización avanzará hasta la Plaza de Mayo, donde será el acto central a las 18 hs. Allí se leerá un documento consensuado por los rectores, los sindicatos docentes y las federaciones de estudiantes.

Habrá movilizaciones desde San Salvador de Jujuy hasta Ushuaia, incluyendo las principales ciudades del país, como Córdoba, Rosario, Mendoza, Mar del Plata, Salta, Corrientes, Resistencia y Posadas, entre otras. Las universidades del conurbano bonaerense se sumarán a la marcha de CABA, como también los rectores de varias universidades nacionales.

1. Apoyos y respuestas

Las 57 universidades nacionales suman 2.065.115 estudiantes y 216.279 empleados –entre docentes universitarios y preuniversitarios, autoridades y personal no docente–, según los últimos datos oficiales, de 2022. Apenas el 15% de los docentes tiene dedicación exclusiva.

La convocatoria a la marcha incluye, entre las propuestas, no exhibir consignas partidarias sino sólo banderas argentinas. En las redes también circuló la idea de que cada persona lleve un libro.

La movilización tiene el apoyo del kirchnerismo, la CGT, un sector de la UCR y la Coalición Cívica. Eso motivó que desde el Gobierno, el vocero presidencial Manuel Adorni afirmara el lunes que la medida está “incentivada por la política”. Más tarde, Piera Fernández De Piccoli, presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA), aseguró que “no es una marcha partidaria sino de la sociedad civil”. El Gobierno informó que aplicará el protocolo antipiquetes, pero desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) aseguraron que la seguridad “está garantizada”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, consideró que el reclamo por el presupuesto es un “berrinche”. Profesores de algunas universidades privadas, como la de San Andrés (UdeSA) y la Torcuato Di Tella (UTDT), expresaron su apoyo a la movilización y su preocupación por “las evidentes campañas de descrédito de las universidades nacionales y de la investigación científica”. En respuesta, el presidente Javier Milei se refirió despectivamente a los “salamines escritores de cartitas de indignación” en su cuenta de X (Twitter).

2. Cruces por los gastos de funcionamiento

El Ministerio de Capital Humano, del que dependen las universidades nacionales, había comunicado el jueves pasado a última hora una “propuesta consensuada” con las universidades, pero desde las casas de estudio desmintieron haber llegado a un acuerdo. La semana pasada el Gobierno ofreció un aumento del 70% en mayo para gastos de funcionamiento, que se suma al 70% otorgado en marzo, junto con una partida extraordinaria de $14.400 millones para los hospitales universitarios. Esos fondos se depositaron el lunes, según informó el Ministerio.

Sin embargo, desde las universidades respondieron que el monto solo cubre la mitad de la inflación acumulada desde el año pasado –que calculan en torno a 280%– y sostuvieron la medida de fuerza. Argumentan, además, que los aumentos fueron solo sobre los gastos de funcionamiento, que representan alrededor de un 10% del presupuesto universitario total.

Desde la UBA –que se declaró en “emergencia presupuestaria”– dijeron a Infobae que el anuncio oficial solo implica una reducción en la magnitud del recorte en los gastos de funcionamiento: de -70% a -60%. Y explicaron que “en las universidades que no tienen hospitales universitarios (la mayoría), el recorte es algo más chico ya que los gastos de funcionamiento que se vienen actualizando en los anuncios son los de educación”.

Desde el CIN –el organismo que nuclea a los rectores– dijeron en un comunicado que “no se trata de un acuerdo sino de un anuncio del gobierno”. Las autoridades del CIN y la Secretaría de Educación se reunirán el próximo martes 30 de abril; la agenda del encuentro “incluye el financiamiento junto con los procesos de auditoría y fiscalización de las universidades”, señalaron desde la Secretaría. También hubo el viernes una reunión de funcionarios nacionales con el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti.

“No hubo acuerdo porque no hay negociación abierta. Solo hubo un anuncio del gobierno por redes: esperamos ver los detalles pronto. Anunciaron un 140%, pero el reclamo es una actualización del 280%, porque la inflación de 2023 fue del 211% y la de 2024 acumula 60%. Estamos a mitad de camino”, dijo Víctor Moriñigo, presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de San Luis, a Infobae. Y planteó: “Ojalá esta marcha inédita sirva para buscar el camino del acuerdo”.

Los fondos ya acordados fueron transferidos el lunes, según informó el Ministerio de Capital Humano. El comunicado oficial señaló que las universidades públicas recibieron $21.888 millones del Estado nacional para su funcionamiento. “Este gobierno defiende la educación pública a la vez que reitera el derecho del pueblo argentino a conocer el destino y ejecución de toda partida asignada”, planteó el comunicado, encabezado con el lema “la educación pública es un derecho, auditar es una obligación”.

3. Salarios en baja y un conflicto anunciado

La caída del salario docente es uno de los reclamos principales de las casas de estudio y del Frente Sindical de Universidades (FSU), que rechazó la oferta de 8% de aumento para abril, en la misma semana en que se conocieron elevados aumentos de sueldo con fondos públicospara funcionarios del Poder Ejecutivo y en la Cámara de Senadores. Desde CONADU, uno de los gremios que forma parte del FSU, señalaron que el salario de los profesores hoy se encuentra un 29% por debajo del nivel de abril de 2023.

El conflicto universitario se venía anunciando desde hace al menos dos meses: ya en febrero los rectores congregados en el CIN habían advertido que estaba en riesgo su “pleno funcionamiento” por falta de fondos. En ese momento también el Consejo Superior de la UBA –la única universidad nacional que no participa del CIN– había expresado públicamente su “extrema preocupación” por el financiamiento de la educación superior. Los recortes afectan no solo a las universidades sino también a los hospitales y escuelas que dependen de ellas, así como a los proyectos de investigación científica.

Las autoridades del CIN se reunieron varias veces con el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, y con el secretario de Educación, Carlos Torrendell. Según pudo saber Infobae, desde el CIN han valorado la disposición de estos funcionarios al diálogo, aunque los intercambios subieron de tono en el último Plenario de Rectoras y Rectores celebrado en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).

4. Acusaciones de adoctrinamiento y opacidad

En las últimas semanas, desde el Gobierno nacional insistieron con las auditorías a las universidades nacionales y algunos funcionarios incluso atribuyeron la movilización del martes a la resistencia de las universidades a “perder sus privilegios”. Desde el CIN respondieron que las instituciones son fiscalizadas por la Auditoría General de la Nación (AGN).

También rechazaron, en una conferencia de prensa el lunes junto con el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA), las reiteradas acusaciones de “adoctrinamiento” que vienen formulando algunos funcionarios, desde el presidente Milei hasta el subsecretario de Políticas Universitarias. Carlos De Feo, secretario general de CONADU, consideró que el Gobierno convirtió la cuestión del presupuesto universitario en una “batalla cultural” y busca “mostrar a las universidades como centros de corrupción”.

La cuestión del adoctrinamiento es un argumento habitual del Gobierno. El presidente Javier Milei definió varias veces que considera que toda educación pública (sea de gestión privada o estatal) supone “adoctrinamiento”. Por su parte, la subsecretaría de Políticas Universitarias habilitó una dirección de correo electrónico para que los estudiantes denuncien a sus docentes, promovida con frecuencia en X (Twitter) por el subsecretario Álvarez.

En la conferencia de prensa del lunes 22/4/24 desde las universidades respondieron que la acusación de adoctrinamiento implica “asumir que los estudiantes son estúpidos”. Por otro lado, una encuesta de Zuban Córdoba reveló que es justamente en la franja etaria de los estudiantes –de 16 a 30 años– donde se mantiene el nivel más alto de aprobación de la actual gestión de Gobierno: es el único segmento donde la mayoría cree que “la imagen de Argentina en el mundo ha mejorado” desde que asumió Milei.

Pese a la creciente confrontación, el último comunicado del CIN insistió: “Entendemos que el diálogo es, sin dudas, el camino para lograr acuerdos duraderos que den la previsibilidad que el sistema universitario y científico necesita en materia presupuestaria”. La preocupación por la “previsibilidad” y por las condiciones para garantizar un “normal funcionamiento” se repite en los testimonios de distintos rectores universitarios que relevó Infobae.

5. La cuestión del “congelamiento”

El lunes, al comunicar que había transferido los fondos correspondientes a las universidades, el Ministerio de Capital Humano planteó que la actualización de las partidas –tras la inflación récord acumulada desde 2023– puso fin a “la política de congelamiento presupuestario del gobierno anterior”.

Desde el Gobierno ya habían planteado que los gastos de funcionamiento de las universidades habían estado congelados en 2023 sin que las universidades se quejaran. Sin embargo, autoridades de distintas universidades aseguraron a Infobae que esa versión es incorrecta.

Según explicaron desde la UBA, “de 2022 a 2023 hubo un incremento de los gastos de funcionamiento de acuerdo con la inflación de 2022″, en el marco de lo definido en la Ley de Presupuesto 2023, que contempló la inflación de 2022. “En términos operativos, esta partida aprobada de gastos de funcionamiento el Ministerio de Educación la divide en 12 cuotas mensuales iguales. Por eso, con el presupuesto en su conjunto ya actualizado, los gastos efectivamente se mantienen sin variación nominal a lo largo del año”, señalaron.

Sin embargo, aclararon que en noviembre y diciembre hubo reajustes en la transferencia de gastos de funcionamiento, luego de que la inflación se disparara a partir de agosto. “Pero el actual Gobierno no consideró esas transferencias y volvió a tomar como base el presupuesto de enero 2023″, dijeron desde la UBA.

“La cuota de gastos de funcionamiento se actualiza cuando se vota la Ley de Presupuesto. El año pasado, la cuota de enero de 2023 no fue la misma que la de enero de 2022. Este año, al no votarse presupuesto, teníamos a marzo 2024 la misma cuota que en enero 2023″, ratificó Pablo Domenichini, rector de la Universidad Nacional Guillermo Brown. Entre enero de 2023 y marzo de 2024, la inflación alcanzó un 275%.

Domenichini agregó: “Lo que el Gobierno dice es que durante 2023 no se actualizó y eso es así siempre, salvo que haya refuerzos extraordinarios. Lo que no se realizó este año es la actualización sobre el año pasado, con más de 200% de inflación acumulada”.

De acuerdo con un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (previo a la actualización de gastos anunciada la semana pasada), los fondos asignados al Programa Desarrollo de la Educación Superior –la principal partida de financiamiento universitario– en 2024 fueron un 72% más bajos en comparación con el año anterior.

El informe señala que la ejecución presupuestaria del primer trimestre muestra una reducción del 34% frente al mismo período del año pasado y es la más baja desde 2006. El ajuste no afecta solo a las universidades, sino también a la educación obligatoria, tanto en el salario docente (por la eliminación del FONID) como en las obras de infraestructura escolar y en los recursos pedagógicos para los alumnos y docentes (por la suspensión de Conectar Igualdad y de la entrega de libros, una política que el Estado nacional había sostenido desde 2004).

Si bien todo el Estado nacional está recortando gastos, desde ACIJ advierten que “la caída interanual en la ejecución presupuestaria universitaria fue incluso más pronunciada que el promedio del gasto público nacional”. De acuerdo con estas cifras, el sistema educativo –incluyendo el universitario– está sufriendo una porción proporcionalmente mayor del recorte del gasto público.

Fuente: Alfredo Dillon para www.infobae.com