Bajo el título de: «El derecho a la educación está en peligro: ¡no al DNU, no a la Ley Omnibus, no al ajuste!» un conjunto de especialistas e investigadores del sistema enrolados en el Grupo Conversaciones Necesarias emitieron un pronunciamiento en el que se oponen a los cambios propuestos por el Presidente Javier Milei para el área.
Aquí, el texto del documento: «El gobierno nacional está buscando la destrucción de la democracia representativa, republicana y federal. Entendemos que el mega DNU, ya en vigencia, representa no solamente una medida anticonstitucional sino, y sobre todo, un gesto despótico y mesiánico al pretender realizar una reforma estructural sin debate y sin precedentes que afecta a todos los sectores de la vida económica, laboral y social y vulnera los derechos establecidos en la Constitución y en la legislación vigente. La expresión de las urnas no habilita (ni para el presente ni para el futuro) que un presidente pueda arremeter contra la división de poderes sin la necesidad ni la urgencia establecidas en las normas preexistentes; fue en las urnas que elegimos a nuestros representantes en el Congreso. El también mega proyecto de ley “ómnibus” es otra expresión de ese autoritarismo, porque establece la delegación legislativa bajo el argumento de la emergencia pública, y promueve una concentración del poder del ejecutivo jamás observada, ni siquiera solicitada, en 40 años de democracia. Tanto el DNU como la Ley Ómnibus ponen en un lugar central la defensa de la libertad del mercado sin restricciones y la eliminación de toda regulación estatal, apelan de manera retórica y pretenciosa al retorno al siglo XIX a la vez que al inicio de una nueva era y buscan silenciar los debates públicos y disciplinar a las fuerzas sociales.
Sin embargo, la historia de las luchas del pueblo argentino es larga y la capacidad de reacción de los sectores sociales organizados es importante. Por ello, una vez más, entendemos que la respuesta debe ser fundamentada, colectiva y masiva, en el Congreso, en la justicia, en la opinión pública y en las calles.
«La educación, como otras áreas, es objeto de la propuesta de reforma del nuevo gobierno. Sin dudas se trata de un terreno de disputa y también de fuertes desafíos para promover transformaciones creativas y de relevancia social. Conocemos los problemas que es necesario enfrentar, sabemos también que estos temas requieren discusiones profundas y consensos amplios que no sean abordados con prepotencia y autoritarismo. En primer término, expresamos nuestra preocupación por la degradación del Ministerio de Educación al rango de Secretaría y el rechazo de la concepción de la educación como un mero instrumento al servicio de la formación de un supuesto “capital humano”.
«En segundo término, en la Ley Ómnibus, bajo el diagnóstico de la situación de emergencia pública que abarcaría también a la educación, las medidas propuestas tienden a simplificar al máximo las dimensiones de la política, introducir nuevas regulaciones estatales externas (a contrapelo de su propia pretensión desreguladora) y poner el foco en aspectos altamente complejos y polémicos. Entre otros, la disminución de la presencialidad escolar (depositando en los hogares y las familias una mayor carga en los procesos educativos, en muchos casos sin condiciones mínimas para ello), la centralidad de la evaluación, la introducción de lógicas/mecanismos mercantiles en el sistema educativo, la profundización del desfinanciamiento educativo y la intervención en la educación superior con medidas de carácter restrictivo. «Respecto de la introducción de la educación a distancia o híbrida como alternativa a la educación presencial desde el segundo ciclo de la escuela primaria que el proyecto de ley establece, consideramos que es el correlato de la reducción del papel del Estado como garante del derecho a la educación. La escuela es un ámbito en el que las y los niños al tiempo que toman contacto con el conocimiento y las diversas manifestaciones de la producción cultural, aprenden a vincularse, a jugar, a resolver conflictos, a organizar su trabajo a partir de marcos normativos, a construir un sentido de la autoridad basado en el reconocimiento de los otros. Para todo ello la presencia de los cuerpos es ineludible, lo que de ninguna manera significa dejar de reconocer los aportes de las tecnologías digitales a los procesos educativos. Asimismo, está ampliamente demostrado en innumerables investigaciones la centralidad de las interacciones sociales en el aprendizaje. Reducir o directamente eliminar la oportunidad privilegiada que ofrece la escuela como ámbito de reunión de docentes y estudiantes para la formación de las infancias debe ser, si no rechazado, por lo menos objeto de un debate público que requiere amplia participación de los distintos actores sociales. Es imprescindible considerar que sin las condiciones adecuadas, la enseñanza a distancia también produce, como se demostró en la pandemia, la profundización de las desigualdades preexistentes, además de aumentar los costos familiares al no estar garantizados los dispositivos ni considerar internet como servicio público. Respecto de la centralidad otorgada a la evaluación, la ley pone el foco en el examen de fin de secundario, en el examen periódico de docentes y en la evaluación externa, ignorando las condiciones complejas en las que los procesos educativos se realizan. Son reconocidas en nuestro país y a nivel internacional las enormes dificultades para lograr que las y los jóvenes arriben a aprendizajes sustantivos, la necesidad de actualización de docentes y de los procesos de mejoramiento de las instituciones educativas. La evaluación es, sin dudas, un asunto relevante. Pero poner el foco sólo en ella, más que una herramienta de orientación de políticas deviene en sentencia y coloca en la gestión individual la responsabilidad por los procesos educativos. Se requieren políticas de estado serias y fundadas que, en tanto tales, aborden la evaluación en el marco de las instituciones y el trabajo docente para la recuperación de la calidad de la escuela.
«Respecto del desfinanciamiento de la educación y la promoción de la mercantilización a partir de una orientación económica fuertemente desreguladora, se abre nuevamente la perspectiva de la compra y venta de servicios y sobre todo, de productos educativos enlatados. La virtualización es uno de los mecanismos privilegiados para ello. El contexto general inflacionario y recesivo impactará sobre la vida de las familias y el ahogo presupuestario sobre las escuelas. El retiro del estado o su reducción a un estado mínimo no hará más que profundizar el deterioro de la educación, eliminar derechos conquistados y profundizar desigualdades, provocando el aumento de los procesos de exclusión social.
«En relaciòn con el financiamiento, el proyecto de Ley, si bien mantiene el artìculo 10 de la Ley de Financiamiento Educativo (reemplazando Ministerio por Secretarìa), incorpora un artìculo en el que los acuerdos sobre condiciones laborales, calendario educativo, salario mìnimo y carrera docente quedan solo en manos de cada una de las provincias, dejando relegado el rol del Estado Nacional a un papel meramente formal. Por otra parte, la eliminación de los Aportes del Tesoro Nacional a las provincias y la suspensión de la obra pública, afectan en forma directa lo relativo tanto a la construcción de escuelas como al resto de las inversiones en materia educativa. El desfinanciamiento de las provincias por parte del Estado Nacional atenta contra la construcción de un sistema educativo construido sobre bases federales. Respecto de la intervención en la educación superior, entre las medidas restrictivas destacamos especialmente tres: la propuesta de arancelamiento de carreras de grado de estudiantes extranjeros que vulnera la tradición de gratuidad, la introducción de un examen de fin de secundario (cuya aprobación evitaría la realización de un curso de ingreso o nivelación a la universidad) que preocupa no solo por sus posibles efectos excluyentes sino porque ignora la experiencia institucional acumulada en políticas de ingreso, y la definición de aportes económicos a las universidades de acuerdo a nuevos criterios vinculados con calidad y eficiencia. Sin negar la relevancia de la evaluación de las instituciones universitarias, el contexto planteado a partir del congelamiento presupuestario evidencia el desinterés por el mejoramiento institucional, por la permanencia de los estudiantes y la formación de sus futuros graduados, así como la estrategia de debilitar un sector protagónico del estado y activo en el debate público.
«Como hemos manifestado en este documento, la cuestión educativa involucra al conjunto de la sociedad y no se puede dictaminar desde una ley inconsulta que suspende la intervención del Poder Legislativo y la participación ciudadana. «Es necesario entonces generar mecanismos y espacios de debate público que contemplen a las comunidades educativas de las diferentes jurisdicciones (docentes, directivos, inspectores, cooperadoras, consejeros escolares), universidades nacionales y provinciales, educadores comunitarios, movimientos y organizaciones sociales, y otros sectores de la sociedad, para poner freno a este embate. La defensa de la educación pública conlleva siempre más democratización, nunca menos.
En una sociedad que se ha transformado drásticamente en pocos años es imprescindible repensar la función formativa de la escuela, la centralidad de la enseñanza, la relación entre la escuela y la formación para el trabajo, el papel de la cultura en la vida estudiantil, la digitalización de las prácticas sociales. Todos asuntos relevantes que exigen la participación comunitaria y fundada para que se produzcan modificaciones en las prácticas educativas. Este protagonismo debe entenderse también como un llamado a entablar un diálogo constructivo con los responsables de la producción de leyes en nuestro país y a ejercer un control sobre las políticas públicas. «Son numerosos los grupos de trabajadores y trabajadoras del campo educativo que están buscando en estas horas modos de accionar para resistir este avasallamiento del Poder Ejecutivo. Es una preocupación que involucra al conjunto de la sociedad. Necesitamos aunar voces, profundizar el diálogo, generar consensos respecto de la caracterización de los problemas educativos que atravesamos como sociedad, resistir las modificaciones que se intentan imponer autoritariamente a la Ley de Educación Nacional y otras leyes vigentes, articular acciones en los diferentes espacios que habitamos. Esta declaración se propone como un aporte en esa dirección».
Grupo Conversaciones Necesarias: Teresa Artieda, Alejandra Birgin, Sandra Carli, Myriam Feldfeber, Nora Gluz, Anahí Guelman, Guadalupe Molina, Graciela Morgade, Marcela Pacheco, Marina Paulozzo, Roxana Perazza, Patricia Redondo, Patricia Sadovsky,
Analía Segal, Silvia Serra, Marcela Sosa, Myriam Southwell, Sofía Thisted. Enero de 2024.
