Cada movilización en defensa de la universidad pública en Argentina activa un mandato histórico. El debate actual, impulsado por las políticas de ajuste del gobierno libertario de Javier Milei, reabre una vieja confrontación histórica entre dos modelos de país: uno que concibe a la educación superior como una herramienta democrática de movilidad social ascendente y otro que añora la universidad arancelada de principios del siglo XX, reservada exclusivamente para las élites conservadoras.
La resistencia presupuestaria no responde a un mero cálculo contable, sino a una batalla ideológica profunda. El proyecto de país agroexportador y dependiente no requiere de ciencia, tecnología ni pensamiento crítico endógeno. Por el contrario, necesita claustros alineados con un discurso liberal que clausure el desarrollo industrial. Las tensiones actuales repiten una línea de tiempo donde los protagonistas, de un lado y del otro de la vereda, se han mantenido inalterables.
De la Reforma Universitaria a la “década infame” El acceso democrático a las instituciones del Estado fue un proceso lento y conquistado de manera escalonada. Tras la sanción de la Ley Sáenz Peña en 1912 y la llegada de Hipólito Yrigoyen a la presidencia en 1916, se produjo en 1918 la Reforma Universitaria, un hito que consagró la autonomía y el cogobierno escolar. Sin embargo, la educación superior seguía vedada para los sectores más vulnerables.
Durante la restauración conservadora de la década de 1930 —caracterizada por el fraude electoral—, los altos costos de los derechos de examen limitaban el ingreso de los estudiantes del interior. Un reflejo de la época lo aportó la historia del neurocirujano Ramón Carrillo, quien debió evaluar rigurosamente a sus propios hermanos antes de que rindieran las materias para evitar que la economía familiar colapsara por el costo de los aplazos y la imposibilidad de adquirir el material de estudio.
La gratuidad y la reacción elitista El escenario cambió drásticamente en 1949, cuando el peronismo estableció por decreto la gratuidad universitaria, vinculando la educación con los objetivos técnicos y profesionales del Plan Quinquenal. La respuesta de los sectores reaccionarios tras el golpe de Estado de 1955 quedó sintetizada en la frase del contraalmirante Arturo Rial: “Esta gloriosa revolución se hizo para que en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”.
Posteriormente, la habilitación de títulos a universidades privadas de corte católico bajo la gestión de Arturo Frondizi y las sucesivas intervenciones autoritarias profundizaron la grieta educativa.
Censura, represión y resistencia institucional Los periodos dictatoriales ensañaron sus armas contra el pensamiento nacional. Desde la represión de la “Noche de los Bastones Largos” en 1966 bajo el régimen de Onganía, hasta la violencia paraestatal de la Triple A y el posterior terrorismo de Estado implantado en marzo de 1976, la universidad fue catalogada como un foco de “exceso de pensamiento”.
La persecución cultural llegó a niveles absurdos. En la Universidad Nacional de Luján, las patrullas militares confiscaron libros de arte sobre el “cubismo” o manuales científicos que hacían referencia a la “cuba electrolítica” al confundirlos con propaganda marxista. Asimismo, se prohibió la enseñanza de la matemática moderna por el supuesto peligro ideológico de la teoría de conjuntos y se censuró la lectura del Martín Fierro en las aulas escolares bajo la etiqueta de “subversivo”.
El neoliberalismo y la descentralización del conurbano Con el retorno democrático, la eliminación de los exámenes de ingreso mediante la creación del Ciclo Básico Común (CBC) en 1985 amplió los horizontes estudiantiles. Durante el menemismo, las recomendaciones de privatización del Banco Mundial chocaron contra la resistencia de la comunidad educativa nucleada en la histórica “Carpa Blanca”. Pocos años después, en 2001, un masivo rechazo social forzó la renuncia del ministro de Economía Ricardo López Murphy tras un intento de recorte presupuestario fulminante a las arcas universitarias.
El proceso de expansión territorial iniciado durante el kirchnerismo modificó la centralidad porteña de la educación con la fundación de 14 universidades en la provincia de Buenos Aires, ocho de ellas situadas estratégicamente en el conurbano bonaerense. Esta política transformó la identidad de los sectores obreros, modificando incluso el valor de la tradicional celebración familiar: el orgullo ya no radicaba únicamente en la obtención del título, sino en la fiesta colectiva de inscribir al primer universitario de la familia.
Este avance volvió a ser cuestionado durante el gobierno de Mauricio Macri, quien criticó abiertamente la proliferación de centros de estudio en los barrios populares, complementado por las declaraciones de la entonces gobernadora María Eugenia Vidal, al afirmar que “los pobres no llegan a la universidad”.
La historia reciente demuestra que la universidad argentina de los cinco premios Nobel sigue en disputa. Quienes históricamente fueron señalados bajo el lema peyorativo de “Alpargatas sí, libros no”, terminaron consolidando las bases de un sistema de educación superior moderno, plural, diverso y profundamente democrático.
Fuente:
Nostalgias de la fábrica de conservadores, Gustavo Campana
Página/12 / ahoraeducacion.com
