sábado, marzo 2, 2024
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Una reparación posible

4 - universidadA partir de ahora, en Exactas, los legajos de los trabajadores no-docentes desaparecidos durante la última dictadura tendrán asentada la causa verdadera de su cese de actividades. Los docentes y alumnos víctimas del terrorismo de Estado también tendrán indicado su condición de desaparecidos. Este jueves se presentarán en un acto las resoluciones que permiten dar este paso en politica de Derechos Humanos.

Un número de registro, una fecha, palabras secas nacidas de protocolos y convenciones; esa parece ser la materia de la que se componen los legajos, los expedientes. A la vez, detrás de la supuesta objetividad de los registros se esconden mentiras u omisiones desleales para con la verdad. Y, claro, hay ideología. Por caso, el expediente 428.824 se inicia con una nota del 9 de agosto de 1976 donde el padre de Eduardo Corvalán indica que su hijo no pudo recibir el telegrama de intimación que le enviara la Facultad para que se reincorpore a su trabajo porque había sido apresado junto con su mujer en su domicilio por un grupo no identificable. El secuestro había ocurrido el 22 de julio. Eduardo Corvalán trabajaba en la hemeroteca del Departamento de Física de Exactas y la nota inicial de su padre es el disparador para una serie de citaciones públicas vía edictos en el Boletín Oficial en los que se continúa intimándolo a presentarse, ahora en forma pública a través de una herramienta del mismo Estado que lo tiene sujeto a la voluntad de sus captores. El 1ro. de diciembre, según arroja el mismo expediente, Corvalán es dejado cesante por no responder a las intimaciones. Y las notas se suceden atendiendo temas relativos a la liquidación de sueldos y aguinaldos no efectuados. Después de un prolongado silencio, el expediente se reactiva cuando, con fecha 10 de febrero de 1984, ya en democracia, aparece una resolución firmada por el decano normalizador Gregorio Klimovsky elevando el caso a la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, CONADEP. Ahí concluyó el expediente. Después, la historia siguió por otros carriles hasta la identificación, en 2009, de los restos de Eduardo Corvalán en una fosa común.

En los organismos públicos, el registro administrativo de casos como el anterior concluía en la cesantía. A secas. Las instituciones de la democracia no terminaban de reconocer en los papeles, que esos individuos habían sido desaparecidos y asesinados por el Estado mismo. A partir del decreto 1199/2012 del Poder Ejecutivo Nacional, se creó la instancia de “reparación documental” con el fin de dejar asentado en los legajos de los trabajadores desaparecidos la verdadera causa de su falta de asistencia. A principios de este año, Exactas decidió sumarse a ese propósito y establecer la reparación documental para los casos propios. De acuerdo a una resolución firmada no sólo por el decano Jorge Aliaga –como es convencional– sino por el vicedecano y la totalidad de los secretarios de su gestión, los legajos de los dos trabajadores no-docentes presentarán la siguiente leyenda: “La verdadera causal de cese fue la desaparición forzada o asesinato como consecuencia del accionar del Terrorismo de Estado”. Asimismo, la resolución revoca las anteriores resoluciones en las cuales se establecieron las cesantías.

“Los no-docentes desaparecidos que trabajaban en la Facultad son Carlos Eusebio Montoya y Eduardo Corvalán. Ambos fueron cesanteados mediante resoluciones luego de la realización de sumarios por faltar a sus lugares de trabajo”, indica el decano y agrega que “lo que resulta más increíble es que las actuaciones se llevaran adelante pese a que los expedientes se inician a partir de notas de los familiares indicando que habían sido detenidos por fuerzas de seguridad y que se desconocía su paradero”.

La resolución alcanza, asimismo, a la totalidad de los casos, e indica incluir en los legajos de los docentes y alumnos desaparecidos copia de la misma con el propósito de dejar constancia de su condición.

“Todo esto es parte de nuestros objetivos de gestión, tal como lo postulamos en 2006. Desde el primer momento se trabajó en la identificación de casos de desaparecidos, en la corrección de los listados y en la obtención de información más detallada de los casos”, indica Aliaga. Para disponer de la documentación fehaciente, fue necesario contar con información del Monumento Parque de la Memoria y del Archivo de la Memoria de la Subsecretaría de Derechos Humanos de La Nación y con el trabajo de los departamentos de Alumnos y de Personal de la Facultad.

Para consolidar los importantes avances que se dieron desde 2006 en materia de políticas de Derechos Humanos y Memoria, y de los cuales fue una importante promotora la vicedecana entre 2006 y 2010, Carolina Vera, se creó mediante una segunda resolución la Comisión Permanente de la Memoria del Decanato de Exactas. La misma estará constituida por el decano y/o la persona que éste designe; el secretario de Extensión, Graduados y Bienestar; el responsable del Programa de Historia de la Facultad, y la directora de la Biblioteca. Su objetivo será “sistematizar las diversas iniciativas que se han desarrollado en los últimos años para mantener viva la memoria en relación con violaciones de los Derechos Humanos cometidos por el Terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico-militar”.

Fuente: Armando Doria para www.exactas.uba.ar

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