El conflicto entre el sistema universitario y el Gobierno nacional entra en una etapa decisiva. El Frente Sindical de Universidades Nacionales (CONADU) estableció un plazo perentorio que vence este martes para que el Poder Ejecutivo implemente la recomposición salarial del 33,4% prevista por la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria. De no mediar respuestas oficiales, las casas de altos estudios de todo el país iniciarán un cese total de actividades a partir del miércoles 30 de septiembre, el cual podría prolongarse por 48 o 72 horas.
Falta de respuestas salariales e intimaciones judiciales
La medida de fuerza responde al continuo deterioro de los ingresos de docentes y nodocentes frente al costo de vida, acumulando meses sin la actualización fijada por el Congreso tras ratificar la ley frente al veto presidencial. Desde las representaciones gremiales sostienen que este reajuste resulta indispensable para recomponer el poder adquisitivo respecto de fines de 2023.
El reclamo gremial coincide además con la reciente intervención de la Justicia. En los últimos días, el juez federal Martín Cormick dictó una intimación formal para que el Ejecutivo efectivice las partidas correspondientes en un plazo de cinco días hábiles, bajo apercibimiento de imponer sanciones conminatorias económicas diarias (astreintes) a los funcionarios responsables por cada jornada de demora en el cumplimiento de la norma.
La disputa por las partidas presupuestarias
A la par del conflicto salarial, la comunidad académica manifiesta una profunda alarma frente al proyecto de Presupuesto remitido a la Cámara de Diputados. De acuerdo con los cálculos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), las asignaciones previstas rondan los 7,3 billones de pesos, cifra sustancialmente inferior a los 11 billones de pesos calculados por los rectores como monto mínimo indispensable para costear los gastos operativos y académicos ordinarios.
Frente a este escenario, los gremios articularán gestiones directas con legisladores nacionales de distintas bancadas para buscar modificaciones durante el debate en comisiones parlamentarias.
Hacia una nueva marcha nacional
Las jornadas de paro confluirán con actividades de visibilización y clases públicas orientadas a convocar a la quinta Marcha Federal Universitaria, prevista para el próximo 15 de octubre. Dirigentes del sector remarcaron la necesidad de sostener la unidad de la comunidad educativa y convocaron al acompañamiento de la sociedad civil para defender el financiamiento y el funcionamiento cotidiano de la universidad pública.
Fuente: ahoraeducacion.com
