El Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo N° 11, a cargo del magistrado Martín Cormick, emitió una dura intimación al Poder Ejecutivo Nacional para que ejecute de inmediato las partidas presupuestarias estipuladas en la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria (LFEU). La resolución concede un plazo improrrogable de cinco días hábiles y fija apercibimiento de astreintes —sanciones económicas diarias aplicables a los funcionarios responsables— en caso de persistir la desobediencia.
La disposición judicial se fundamenta en la falta de cumplimiento efectivo de la medida cautelar que el propio tribunal impuso en diciembre pasado a solicitud de las casas de altos estudios, la cual ya cuenta con ratificación tanto de la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal como de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Un revés a la estrategia oficial
En su pronunciamiento, el magistrado desestimó los planteos formulados por el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, tendientes a levantar la cautelar con el argumento de giros parciales de fondos. Desde el ámbito judicial se remarcó que las transferencias limitadas no subsanan el incumplimiento estructural ni extinguen el peligro en la demora, manteniendo la medida vigente hasta que se defina la cuestión de fondo: la demanda por inconstitucionalidad del decreto 759/2025 que frenó la aplicación de la ley.
Desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) celebraron la definición de los tribunales. Las autoridades del organismo destacaron la firmeza con la que se viene canalizando el reclamo y exigieron que la administración libertaria acate el fallo en tiempo y forma, tras advertir que los cálculos oficiales sobre supuestos incrementos salariales no reflejan la realidad y omiten una brecha salarial que supera el 35 por ciento.
Plan de lucha y alerta presupuestaria
La intimación judicial coincide con un escenario de alta tensión en las casas de estudio de todo el país. Los recientes intentos de negociación entre gremios docentes, autoridades universitarias y la Subsecretaría de Políticas Universitarias fracasaron sin arribar a consensos, lo que activó un cronograma de paros rotativos.
A la par del conflicto legal y salarial, la comunidad universitaria advierte sobre el impacto que tendría el proyecto de Presupuesto remitido al Congreso Nacional por el Ministerio de Economía. Según estiman los rectores, la falta de partidas acordes a la inflación pone en jaque la continuidad normal del calendario académico del próximo año. Como respuesta, el frente universitario ya convocó a una nueva Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre próximo.
Fuente: ahoraeducacion.com
