El proyecto de Presupuesto 2026 presentado en el Congreso Nacional estipula que los fondos para educación aumenten entre 4,4% y 8% en términos reales, dependiendo de la inflación proyectada. Sin embargo, la inversión educativa pierde peso dentro del PIB: se estima que se destinará al sector el 0,75%, y por tercer año consecutivo quedaría por debajo del 1%, algo que no había ocurrido al menos en la última década.
De acuerdo con lo previsto en el proyecto de Presupuesto 2026, la función Educación y Cultura recibirá más recursos que en 2025, pero su participación en el PIB sigue disminuyendo. La inversión nacional en educación pasó de un máximo de 1,59% del PIB en 2015 a una reducción sostenida en los años siguientes: fue de 0,88% en 2024, y las estimaciones para 2025 (0,82%) y 2026 (0,75%) confirman la tendencia descendente. El proyecto oficial prevé derogar el artículo 9 de la Ley de Educación Nacional, que desde 2006 exige destinar al menos el 6% del PIB a educación (sumando los aportes de Nación y provincias). Esa meta se cumplió sólo en el año 2015.
La inversión nacional representa alrededor del 25% del presupuesto educativo público; el restante 75% corresponde a las provincias. A partir del análisis de la evolución de los salarios docentes que pagan las provincias, se estima que también su inversión ha bajado drásticamente en los últimos dos años. Esta estimación no puede confirmarse debido a la ausencia de datos públicos, pero indicaría que la baja no es sólo propiciada por el gobierno nacional sino también por los provinciales.
La evolución del gasto educativo nacional (medido en pesos constantes de 2025) muestra una etapa de estabilidad entre 2013 y 2017, seguida de una caída sostenida desde 2018 hasta 2020, una recuperación parcial entre 2021 y 2023, y una nueva contracción en 2024 y 2025. La recomposición prevista para 2026 –que depende del cumplimiento de los supuestos asumidos por el Poder Ejecutivo Nacional– configuraría un comienzo de recuperación frente al ajuste acumulado en los años anteriores, señalan los autores.
Según las proyecciones oficiales, la Secretaría de Educación será una de las cuatro áreas del Estado con mayor incremento de fondos en 2026: sus recursos variarán un 17,9% con respecto a 2025, lo que equivale a un crecimiento real de 3,6% (según la inflación del proyecto de ley) y de 0,1% con la inflación del REM. Solo el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado (78,9%), Obligaciones a cargo del Tesoro (30,6%) y el resto de las áreas del Ministerio de Capital Humano (20,1%) tendrán aumentos mayores.
“El presupuesto 2026 refleja una dinámica de transición en las finanzas públicas. El desafío es pasar de un ajuste del gasto rudimentario a un equilibrio sostenible y de calidad. La prioridad es mantener el equilibrio fiscal y mejorar resultados. En ese sentido, es positivo eliminar el piso de inversión en educación. No solo porque no se cumplió, sino porque distraen la atención de las cuestiones importantes que son los déficits de gestión”, afirma Osvaldo Giordano, presidente del IERAL de la Fundación Mediterránea.
Las universidades siguen siendo el principal destino del financiamiento educativo nacional. Dentro del presupuesto de la Secretaría de Educación, el programa de “Desarrollo de la Educación Superior” representa el 77% del total (con una caída de 2,1 puntos con respecto a 2025), seguido por el “Plan Nacional de Alfabetización” con 9,2% (3,1 puntos más que en 2025) y “Gestión y Asignación de Becas a Estudiantes” con 5,8% (0,5 puntos más que en 2025). En total, el gasto destinado a programas de educación obligatoria y superior no universitaria alcanza el 14,6% del presupuesto de la Secretaría de Educación, mientras que casi 8 de cada 10 pesos (77%) son para el nivel universitario y el restante 8,4% para el rubro “otros gastos”. La porción del presupuesto destinado al sector universitario es más grande de lo que fue históricamente.
“El Presupuesto 2026 muestra una clara opción política por la educación al colocar a la Secretaría en el cuarto lugar entre las jurisdicciones con mayor incremento positivo”, remarca el ex diputado Eduardo Amadeo. Además, asegura que “la nueva situación política brinda una enorme oportunidad para producir cambios estructurales consensuados, que reviertan la carencia de capacidades que sufren millones de argentinos. Y en esa discusión , se podrá incluir a una Universidad que -más allá de declaraciones políticas- debe ser una herramienta de equidad.”
En 2026, los recursos del Plan Nacional de Alfabetización estarán destinados centralmente a la ampliación de la jornada extendida: esa política recibirá el 82,1% de los fondos. Esto refleja un cambio en las prioridades del plan, que mantiene sus líneas de formación docente, producción de materiales y articulación federal, pero avanza hacia una fase de extensión del tiempo escolar como componente del plan de alfabetización, según analizan los autores del informe.
“Luego del financiamiento universitario, el segundo programa en importancia de la Secretaría de Educación será el Plan Nacional de Alfabetización, que se concentrará en actividades tendientes a extender la jornada escolar, pero sin atender la capacitación docente. Por otro lado, la caída muy fuerte de la inversión en infraestructura y equipamiento (-63% en términos nominales) profundiza las desigualdades educativas y potencia las escasas posibilidades de lograr una alfabetización digital acorde con los umbrales de ciudadanía del siglo XXI para amplios sectores sociales”, sostiene Jorge Lo Cascio, economista y docente.
Juan Ignacio Doberti, doctor en Ciencias Económicas, docente e investigador de la UBA, entiende que “el informe expone la consolidación del desfinanciamiento educativo que se dio en 2024 y 2025. De este modo, el Estado nacional restringe su rol a un magro sustento económico de las universidades nacionales y deserta del sostenimiento de la mayoría de los programas para la educación básica en aspectos tales como la infraestructura y el equipamiento escolar, la formación docente, la innovación tecnológica o la provisión de computadoras”.
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