El máximo tribunal del país desarticuló la estrategia del Poder Ejecutivo nacional que buscaba apartar a los magistrados federales encargados de tramitar la causa por los fondos destinados a las universidades públicas. Esta resolución se conoce pocos días después de que la Corte Suprema recibiera un fuerte respaldo social a través de una carta avalada por miles de firmas que exigen celeridad en el tratamiento del expediente.
La controversia se originó a partir de la resistencia oficial a aplicar la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente. Mediante una normativa de necesidad y urgencia, el presidente determinó suspender la ejecución de dicha ley alegando la falta de asignación de partidas específicas de financiamiento. Frente a esto, el Consejo Interuniversitario Nacional recurrió a la justicia mediante un amparo colectivo y obtuvo una medida cautelar que obliga al Estado nacional a girar las partidas presupuestarias adeudadas.
Estrategia de recusación rechazada La medida judicial favorable a las casas de estudio fue dispuesta originalmente por un juzgado de primera instancia y posteriormente ratificada por la Sala III de la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo. Ante este escenario, la defensa del Estado elevó el caso al máximo tribunal e implementó una serie de impugnaciones contra los magistrados intervinientes, argumentando supuestos conflictos de interés debido a que varios de ellos desempeñan funciones docentes en distintas universidades nacionales.
El cuestionamiento alcanzó de igual forma a los propios ministros de la Corte, señalando que debían apartarse de la causa por sus respectivos vínculos académicos con el sistema de educación superior. Sin embargo, en una resolución conjunta, los miembros del tribunal recordaron que el apartamiento de un juez es un mecanismo de aplicación sumamente restrictiva y concluyeron que dictar clases en el ámbito universitario no representa un interés particular que afecte la imparcialidad en el litigio.
Presión social y acompañamiento institucional El pronunciamiento judicial coincide con la presentación formal de un documento promovido por Amnistía Internacional Argentina, el cual sumó el apoyo de más de 4.700 personalidades del ámbito jurídico, académico y de organizaciones civiles. El escrito solicita una resolución urgente y subraya la responsabilidad constitucional indelegable del Estado para garantizar los recursos económicos que sostienen el funcionamiento de las instituciones educativas y los salarios de sus trabajadores.
Entre los adherentes a la solicitud se destacan reconocidos juristas, investigadores de trayectoria y magistrados del fuero penal. De manera simultánea, diversos sectores de la comunidad educativa de instituciones preuniversitarias continúan reuniendo adhesiones para exigir que se resguarde el presupuesto universitario frente a los recortes implementados por las autoridades nacionales.
Fuente: ahoraeducacion.com
