Más universidades, aunque la oposición y el mercado no quieran: si el Senado también aprueba, serán creadas cinco instituciones. Legisladores del PRO y La Libertad Avanza criticaron las propuestas presentadas para fundar nuevas casas de estudio en el país. Desde su perspectiva, la educación es un gasto, la inclusión un cuento y el desarrollo, el privilegio de unos pocos.
La semana pasada, Diputados aprobó la creación de cinco nuevas universidades nacionales. Si el Senado completa la sanción que resta, Ezeiza, Pilar y Delta (ubicadas en Buenos Aires), Madres de Plaza de Mayo (en CABA) y Río Tercero (en Córdoba) se unirán al listado que hoy componen las 57 instituciones de educación superior. Una vez más, los apoyos y las detracciones que sostuvieron los legisladores de los diferentes bloques políticos permiten entrever el modelo de país que sus partidos proyectan. Más allá de los matices, en el fondo lo que se discute es si la educación es un gasto o una inversión.
A diferencia de los apoyos del oficialismo a la creación de nuevas universidades, los diputados del PRO y de la Libertad Avanza votaron de manera negativa, a tono con su mirada prospectiva y con la línea que marcan los líderes de ambos espacios. Por un lado, Patricia Bullrich lo deja en claro en su spot de campaña: “Tenemos escuelas públicas que formaron a los mejores y hoy están tomadas por los sindicatos kirchneristas”. Por el otro, el reducto que tiene a Javier Milei como principal figura fomenta el arancelamiento de las universidades públicas y la puesta en marcha de un sistema de vouchers para el sistema educativo.
Sencillamente, lejos de garantizar la inclusión, proponen que las reglas del mercado también se apliquen sobre un derecho que, a priori, debería estar garantizado por el Estado. Un Estado que deslegitiman y rechazan. Para Blanca Osuna, diputada nacional por el Frente de Todos, el modelo privatizador que sostiene la oposición se advierte con claridad en una premisa. “La creación de universidades privadas nadie la objeta. Nadie hace preguntas sobre la calidad que ofrecen, sobre las carreras, sobre los planes, sobre nada. El pueblo sabe cuando pide algo por qué lo pide”, advierte una de las principales defensoras de la apertura de nuevas universidades.
En la cámara baja, del bando de los detractores destacaron las voces de Alejandro Finocchiaro, exministro de Educación macrista, hoy diputado del PRO, y Maximiliano Ferraro que, desde la Coalición Cívica, señaló que con la emergencia de nuevas instituciones lo único que se conseguiría es “más populismo”. En cambio, los proyectos de creación fueron defendidos, principalmente, desde el Frente de Todos, Evolución Radical y las agrupaciones de izquierda. Con la emoción a flor de piel y con la singularidad que configura el clima en año electoral, Osuna refiere: “Es muy conmovedor cada vez que se aprueba un proyecto legislativo para crear una universidad porque se articulan las demandas de docentes, estudiantes, sindicatos, vecinos y múltiples organizaciones que apoyan. Es un orgullo muy grande contar con nuevas instituciones de carácter nacional”.
Y continúa, luego, destacando el sentido de pertenencia que generan las instituciones universitarias ancladas en nuevos territorios. “El cursado de carreras trae para los alumnos posibilidades reales y también un importantísimo costado simbólico. Docencia, investigación, extensión, gobierno tripartito, participación política; toda una amalgama de aspectos que impregna al entorno. Ni que hablar del valor intrínseco que tiene para los pueblos contar con la posibilidad de formar profesionales”, expresó la legisladora. El orgullo de formar parte, una identidad que adquiere vigor para aquellos estudiantes que tienen el orgullo de “educarse en la pública”.
Ningún capricho, pura necesidad
De aprobarse las nuevas universidades, Argentina pasaría a disponer de 62 instituciones distribuidas en su territorio. Quizás, para quienes se oponen a la educación pública parece demasiado, pero basta contrastar con las cifras que ofrece la región. Mientras que el país posee una universidad cada 330 mil habitantes, México tiene una cada 43 mil personas y Brasil una cada 85 mil. La provincia de Buenos Aires, por ejemplo, tiene una cada 550 mil, con lo cual, faltan universidades para las 18 millones de personas que habitan el territorio bonaerense.
El debate en torno a la sanción de estas nuevas casas de estudio se vio interrumpido en diversas ocasiones. De hecho, en repetidas oportunidades se presentaron proyectos para aprobar la creación: la del Delta 6 veces, la de Pilar 10, la de Ezeiza 9, la de Río Tercero 3 y la de Madres de Plaza de Mayo 4. Osuna lo argumenta en detalle: “Hay muchísimos proyectos legislativos para crear universidades. Lo que sucede, en realidad, es que los legisladores y legisladoras van respondiendo a demandas concretas; son el producto de un ida y vuelta con las comunidades, con organizaciones públicas y privadas, con vecinos, con potenciales estudiantes del territorio y sus familias”.
“No son ningún capricho, responden a necesidades claras. Quienes viven en Buenos Aires no saben lo doloroso que es para un chico querer estudiar en su provincia y no poder hacerlo porque no hay dónde hacerlo”, relata Osuna. De hecho, la obligación del traslado se ubica como un cuello de botella, un filtro: quienes no tienen recursos para moverse a los centros y ciudades, en muchos casos, terminan por renunciar a la formación superior a pesar de las ganas.
El proyecto de la Universidad Nacional del Delta había sido impulsado por el actual ministro de Economía Sergio Massa. Se prevé el dictado de carreras vinculadas al turismo, el ambiente, el desarrollo humano, así como también de otras como biotecnología, ingeniería, robótica e inteligencia artificial. Estará destinada, principalmente, a cubrir la demanda de los estudiantes que se acerquen desde Tigre, Escobar y San Fernando. El proyecto para la Universidad Nacional de Pilar fue promovido por los legisladores Ramiro Gutiérrez y María Rosa Martínez, ambos del Frente de Todos. Buscará orientar la oferta académica a carreras que no estén presentes en la región y que respondan a la demanda de la ciudadanía del lugar.
La creación de la Universidad Nacional de Ezeiza, por su parte, fue impulsada por la actual ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz. Este caso es particular porque la Universidad ya existía, pero era provincial y pasará a ser nacional. Por último, la de Río Tercero (los proyectos para su emergencia fueron realizados por Gabriela Brouwer de Koning –Evolución Radical– y Gabriela Estévez –FdT–), se concentrará en la creación de carreras orientadas al sector productivo y al Parque Industrial; mientras que la de Madres de Plaza de Mayo (creada a propuesta de Hugo Yasky, FdT), se concentrará en trayectos formativos ligados a la defensa y la promoción de los derechos humanos.
Quedan otras tres que esperan su turno, cuyo proyecto de creación comenzará a ser discutido en Diputados: la de la Cuenca del Salado y la de Saladillo (en provincia de Buenos Aires) y la de Juan Laurentino Ortiz (Entre Ríos).
Modelo de inclusión vs modelo de exclusión
A pesar de que las discusiones suelen presentarse con aires renovados, por lo general, los argumentos que ensayan quienes se oponen a los proyectos de creación de universidades son más o menos los mismos desde hace décadas. Que, a partir de las nuevas casas de estudio, se estimula un “gasto desordenado del Estado”; que hay niños que ni siquiera terminan el jardín de infantes y que es injusto; que no se trata de asegurar la cantidad sino la calidad educativa; que, en definitiva, no todas las personas deberían ir a la universidad. La desafortunada frase que en 2018 formuló la otrora gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, aún resuena con fuerza y condensa sentidos: “¿Es de equidad que durante años hayamos poblado la Provincia de Buenos Aires de universidades públicas cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad?”.
“A veces pareciera que falta memoria, pero ni siquiera a largo plazo, sino a corto plazo. Basta con remitirse a 2019 y las grandes movilizaciones que organizaban las universidades que apenas contaban con presupuesto para funcionamiento. Hay una declaración del Consejo Interuniversitario Nacional de 2019 que es tremenda”, apunta Ozuna. Y sigue con su razonamiento: “Se ve a las claras el pensamiento obtuso, neoliberal y la resistencia que tienen miembros de la oposición a crear universidades. No solo tiene que ver con una administración de los recursos, por el contrario, es toda una concepción sobre la educación superior y el sentido de la universidad. Se estigmatiza a las universidades como reductos politizados”.
Para contrarrestar la estigmatización proferida desde algunos costados políticos y alimentada por los medios hegemónicos siempre bien predispuestos, las universidades nacionales multiplican las historias de graduados de primera generación. Estudiantes que llegan a instituciones de educación superior y aprovechan esa oportunidad, chance que había sido negada a sus abuelos y padres. Por este motivo, además de usinas de conocimientos, las universidades se incorporan al entramado social como fuentes de nuevos derechos.
En el fondo, lo que se discute es un modelo de país inclusivo o uno exclusivo. Hay quienes todavía sostienen que determinados grupos sociales, por el solo hecho de no tener privilegios adquiridos desde nacimiento, no deberían tener oportunidades de crecimiento. A pesar del desfasaje entre formación y mercado laboral, en el mundo del conocimiento actual, la educación continúa siendo el principal motor de ascenso social. Solo que algunos prefieren mirar para otros lados.
Fuente: Pablo Esteban para www.pagina12.com.ar
