El Congreso Internacional de Universidades Públicas 2022, que sesionó en Córdoba el 30/6 y 1/7/22 se pronunció enfáticamente por la educación como «bien público social, derecho humano universal y un deber de los Estados», a través de un documento que recién se conoció esta semana. Al encuentro cordobés asistieron 1800 representantes del sector de América Latina y el Caribe quienes dieron así una respuesta política a la cumbre universitaria mundial reunida en mayo de este año en Barcelona a instancias de un sector de la UNESCO proclive a dar participación activa al sector privado en la definición de estrategias gubernamentales en el área.

DECLARACIÓN DE CÓRDOBA
Los participantes del Congreso Internacional de Universidades Públicas 2022 realizado en la Universidad
Nacional de Córdoba los días 31 de junio y 1 de julio de 2022, después de dos jornadas de exposiciones
y debates participativos, queremos reafirmar al mundo nuestra concepción de la Educación Superior
como bien público social, como derecho humano universal y como un deber de los Estados, conforme
lo establecieron oportunamente las tres Conferencias Regionales de Educación Superior de la UNESCO
para América Latina y el Caribe (La Habana en 1996, Cartagena de Indias en 2008 y Córdoba en 2018) y
la Conferencia Mundial de Educación Superior de la UNESCO realizada en París en 1998.
Cuando decimos que la Educación Superior es un bien público, expresamos que es necesario generar
condiciones de igualdad y de equidad en el acceso, permanencia y egreso, para garantizar que todas y
todos, sin discriminación de especie alguna, puedan acceder a una formación de alta calidad, en todos
los territorios y de forma sostenible en el tiempo y a lo largo de la vida de cada persona. En particular,
es preciso atender a la deuda histórica que nuestras jóvenes naciones tienen con los pueblos indígenas
y afrodescendientes y los sectores más empobrecidos y marginados de nuestras sociedades. Debemos
al mismo tiempo desterrar la herencia patriarcal de nuestras instituciones para brindar a las mujeres y
diversidades de género iguales posibilidades que a los varones heterosexuales, no solo en el estudio y el
trabajo, sino también en la gestión y conducción de las instituciones. Es imperioso también acabar con
las barreras culturales y físicas que limitan la participación de quienes sufren discapacidades, cualquiera
sea su naturaleza.
Al afirmar que la Educación Superior es un bien social nos referimos, tanto al beneficio que trae para
la comunidad la formación superior y el aumento de la cobertura, como al rol primordial que la ciencia,
la tecnología y la innovación tienen a la hora de atender a las grandes demandas sociales de nuestra
región, atravesada por tantas calamidades heredadas de nuestro pasado colonial y esclavista y a nuestra
incapacidad para superar siglos de profundas injusticias.
Entendemos que es fundamental, por tratarse de un derecho humano, que los Estados tengan un rol
activo como financiadores de los sistemas de Educación Superior públicos de la región, tanto en
formación como en investigación, extensión y vinculación, incluyendo no solo a las universidades sino también a los sistemas postsecundarios. En este presente de profundas transformaciones tecnológicas, nuestras sociedades deben encontrar en las instituciones de la Educación Superior un espacio donde debatir en forma amplia y desprovistas de cualquier prejuicio hegemónico, un porvenir de prosperidad y buen vivir para las futuras generaciones de nuestra región y de todo del mundo.
Reclamamos el pleno respeto a nuestra tradición de autonomía universitaria, no para desatender nuestro compromiso frente a la responsabilidad social y evadir la crítica, sino como una garantía institucional indispensable para el cumplimiento de nuestra función social, al amparo de los intereses de los poderes fácticos y como resguardo de un uso democrático del conocimiento.
Debemos reemplazar el actual paradigma evaluador por un paradigma de innovación creativa y socialmente responsables que nos guíe en la forma de vincularnos estrechamente con nuestras sociedades. Hacemos propios los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030 de la ONU porque creemos imperioso revertir las desigualdades e inequidades de la realidad actual que condenan a miles de millones de habitantes a padecer la violencia institucional, internacional e interpersonal, el hambre, la pobreza, la discriminación y el racismo, la desnutrición, la marginación y las migraciones forzadas, siendo nuestra región especialmente afectada por los mecanismos internacionales de gobernanza política, comercial y financiera.
A su vez, denunciamos cómo, día tras día, nuestro medio ambiente sufre los efectos de las políticas extractivistas que además de generar pobreza y dependencia, degradan nuestros recursos naturales y ayudan a agudizar los efectos del cambio climático global. Proponemos impulsar un cambio fundacional y estructural en las instituciones de educación superior de América Latina y el Caribe, y poner en el centro de sus acciones la reversión de la desigualdad social que prevalece y que se ha profundizado aceleradamente durante los últimos años, tanto como consecuencia de la pandemia, como de la actual crisis económica, de la mercantilización de los conocimientos y de la polarización en la geopolítica mundial.
Somos testigos de cómo la creciente concentración de la riqueza y del poder económico, constituyen serios obstáculos para el desarrollo sostenible. Se debe garantizar a los trabajadores y trabajadoras de la educación superior el respeto a los principios de libertad sindical, reconociendo plenamente sus derechos laborales, el trabajo decente, a través de la implementación de procesos de negociación colectiva, surgidos del diálogo social institucionalizado, que aseguren salarios justos, estabilidad y condiciones laborales seguras, saludables, libres de toda discriminación y violencia, siendo a su vez parte de la gestión institucional. La Educación Superior debe ser dignificante para los y las estudiantes, debe permitirles desarrollar sus potencialidades, superar sus debilidades e impulsar sus propios proyectos de vida en un marco de pluralidad y responsabilidad. Impulsamos una Educación Superior liberadora que fomente el pensamiento crítico y democratice las estructuras del saber hegemónico, que permita el acceso de todos y todas al conocimiento para responder con responsabilidad individual y comunitaria, a las necesidades de nuevos modelos de desarrollo sostenible.
Asimismo, defendemos al conocimiento como un bien estratégico en pos de una nueva concepción del buen vivir, alejado del paradigma de competencia y consumo que hegemoniza nuestras agendas. Por tratarse del bien más preciado para las sociedades contemporáneas, debe ser parte de la agenda de una integración que vaya más allá de lo comercial y político para transformarse en un proceso virtuoso de asociatividad en el cual afrontemos conjuntamente el desafío impostergable de reparar tanta inequidad humana y social con la cual convivimos.
Por último, creemos necesario pasar de las palabras a la acción para lo cual nos comprometemos a promover una más efectiva integración regional y global en el marco del respeto y la tolerancia por las diversidades. La integración regional y la armonización de nuestra participación en el mundo es una deuda impostergable para nuestras naciones. En un mundo que se organiza alrededor de bloques y después de más de doscientos años de existencia de nuestros estados nacionales, no hemos sido capaces de conformar un espacio común capaz de articular la cooperación y la diversidad que nos caracteriza para hacer del conocimiento una herramienta emancipadora. Las universidades públicas de América Latina y el Caribe queremos ser parte de la construcción de una agencia de cooperación regional en temas de educación superior, ciencia, tecnología, arte e innovación capaz de delinear una agenda común del conocimiento que a la vez nos permita vincularnos en forma más justa, integral y equitativa con otras regiones. Esta agenda regional de conocimiento debe estructurarse a través de la cooperación sur-sur, financiando proyectos estratégicos y sostenibles, generando marcos de reconocimiento de títulos, grados y trayectos, fomentando la movilidad estudiantil, académica y de gestión y promoviendo una articulación más potente de la cooperación con el resto de las regiones del mundo.
En definitiva, asumimos el compromiso de estrechar los lazos entre nuestras naciones y la vez articularnos para liberar el potencial transformador que nos permita, a través de la integración y la innovación aportar a la construcción de un nuevo orden mundial, donde la cooperación domine por sobre la competencia y donde nuestra rica diversidad cultural se articule en un diálogo fructífero y generoso con otras culturas, pueblos y naciones.
Córdoba, 1 de julio de 2022″.

Fuente: https://ciup2022.unc.edu.ar

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