Un colectivo multipartidario desarrolla la agenda de género y trabaja contra la masculinización de la vida académica. Su incidencia en las políticas públicas.
Nacida con el empuje de figuras de referencia como Dora Barrancos, Sandra Torlucci y Gabriela Diker, la Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y contra las Violencias (RUGE) se consolida como espacio de referencia en materia de políticas de género en el nivel superior y además como un colectivo con presencia en el diseño y la ejecución de políticas públicas.
Si bien el lanzamiento fue en 2015 como Red Universitaria en Movimiento (REMO), la incorporación al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en 2018, produjo un proceso de institucionalización que derivó en el nombre RUGE. Esto permitió que la red tuviera representantes en todo el país para trabajar una agenda con el objetivo de romper el techo de cristal en un ámbito en el que los porcentajes entre quienes habitan las instituciones y quienes las dirigen están ampliamente desfasados.
“Las rectoras de universidades públicas son un 10% en total y la matrícula se compone en un 60% de mujeres, ya que por ejemplo en estudiantes y graduadas de grado y postgrado, la mayoría es femenina. Eso si pensamos en un esquema binario, sin agregar otras variables, porque ahora estamos contando también personas trans y no binarias”, explica Torlucci, rectora de la Universidad de las Artes (UNA) y presidenta de la RUGE.
Eslabón inicial y central de este armado, Torlucci, que va por su tercer mandato como rectora de la UNA, fue secretaria académica de la Maestría en Administración Cultural en Filosofía y Letras (UBA) y del Centro Cultural Ricardo Rojas y es integrante del Comité por la Liberación de Milagro Sala.
En diálogo con Letra P, retrata el mapa de poder del sistema de educación superior. Explica que “en autoridades, hay minoría intensa del 10% de rectoras y en profesores en las categorías iniciales: ayudantes, jefas de trabajos prácticos, la mayoría son mujeres. Al pasar a las categorías más altas, como titulares de cátedras o adjuntas, son menos que los varones, un 40 o 45%. Ese era el numero hace más o menos un año”.
Esta distribución en el reparto de los cargos se traduce para Torlucci en “un techo de cristal muy notable” porque esa disminución de profesoras titulares, que es el cargo que otorga “la ciudadanía para ser autoridad”, produce “una masculinización tanto de la política universitaria como de la política en general, pero en las universidades se profundiza porque, aunque parezca que no, las academias son patriarcales, tienen ese sesgo. Las mujeres tenemos más dificultad en el desarrollo de la carrera académica si nos dedicamos a otras tareas, como en todas las áreas del trabajo”.
En 2018 cuando se trató la incorporación de la red al CIN, Torlucci motorizó esa iniciativa con Gabriela Diker, rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), la primera mujer en ejercer ese rol en la casa de altos estudios ubicada en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas. Si bien define aquella situación como “discutida”, porque una parte de las autoridades resistía la aprobación, finalmente hubo apoyo. El presidente del CIN de entonces era el mismo que ahora: Rodolfo Tecchi, rector de la Universidad Nacional de Jujuy, quien apoyó la propuesta y condujo el comité ejecutivo donde tuvo respaldo para luego llegar al plenario. La actual presidenta de la RUGE dice que con Diker conformaban una minoría “bastante significativa”.
Las dos hoy forman parte del diseño y ejecución de políticas públicas nacionales. Torlucci es integrante del Consejo Asesor del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y Diker es secretaria de Evaluación e Información Educativa de la cartera de Educación, cargo por el que tomó licencia como rectora de UNGS.
Otra de las que impulsoras de este espacio es la socióloga, historiadora e investigadora principal del Conicet Dora Barrancos, también parte del diseño de la política del Gobierno como asesora ad honorem quien, por su lucha por la igualdad de género y en particular por la despenalización y legalización del aborto, se convirtió en una figura de referencia para los colectivos feministas.La RUGE cuenta con representantes de 64 instituciones universitarias de todo el país, que despliegan políticas de género en una tarea que tiene a Verónica Cruz, prosecretaria de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), como coordinadora ejecutiva.
Entre sus objetivos, la Red se propone trabajar en docencia, investigación, extensión y gestión en cada espacio de nivel superior, pero también potenciar el trabajo de sensibilización y capacitación en género en el marco de lo establecido por la Ley Micaela, que exige la formación de todas las áreas del Estado.
Organizada en centros regionales de Planificación de la Educación Superior (Cepres) a nivel nacional, para Cruz la red reconoce “antecedentes y lazos históricos con la actuación de las primigenias universitarias que formaron parte del movimiento de la reforma universitaria; con los procesos protagonizados por mujeres universitarias en los 60 y 70; con los desarrollos académicos, legislativos y de políticas públicas de los 80 y 90 y, más recientemente, con la movilización social feminista y de mujeres, lesbianas, travestis y trans en las calles al grito de ‘Ni una menos’, del Paro Internacional de Mujeres, de los pañuelazos por el aborto legal y de los históricos Encuentros Nacionales de Mujeres”.
“En los Cepres se centralizan las demandas y las expectativas que cada zona de nuestro país tiene en relación con la perspectiva de género en las universidades”, explica Eva Rodríguez Agüero, directora del Instituto de Estudios de Género y Mujeres de la Universidad Nacional de Cuyo. Para Rodríguez Agüero, ese panorama es muy desparejo a nivel nacional, ya que algunas instituciones tienen áreas de género con rango de secretaría, mientras otras ni siquiera cuentan con un área de aplicación del protocolo contra las violencias.
Fuente: Emilia Racciatti para https://www.letrap.com.ar
