El Gobierno del Presidente Javier Milei comunicó a las autoridades de las sesenta universidades nacionales que fue prorrogado el presupuesto 2023, fijado a principios de ese año por el Congreso, desconociendo la inflación que, desde entonces, se estima en casi el 200 por ciento. Varios rectores ya adelantaron que, con esos fondos, las aulas pueden permanecer abiertas hasta abril/24.
Al igual que otros sectores que dependen de la administración pública nacional, las universidades ya comienzan a comunicar sus primeros signos de alerta. El gobierno decidió prorrogar el presupuesto de 2023 para este año y según lo estimado a partir de la inflación de los últimos meses (25,5 por ciento en diciembre y 20 por ciento en enero), las casas de estudio podrán funcionar, con suerte, hasta abril o mayo, ya que a partir de ese momento ya no estarán en condiciones de cumplir con funciones básicas. Tampoco hay muchos avances en materia de paritarias para docentes y trabajadores no docentes. Bajo esta premisa, algunas universidades optan por poner en marcha estrategias de recorte de la oferta académica para reducir gastos, mientras que otras –de manera más rotunda– ponen en duda el inicio del ciclo lectivo. A tan solo dos meses de la asunción de Milei, el deterioro ya comienza a observarse.
La UBA, a través de su Consejo Superior, expresó su “extrema preocupación”. Así, por intermedio de una declaración, las autoridades difundieron: “Se solicitará al Gobierno Nacional que disponga de un presupuesto actualizado para el presente año que garantice la continuidad de sus funciones académicas, de investigación, salud y extensión, además de la actualización de las partidas vinculadas a paritarias docente y no docente”. La Universidad Nacional de Quilmes, por su parte, va un paso más allá y la semana que viene podría declarar la emergencia económica.
Desde la Universidad Nacional de Río Cuarto se pronunciaron en la misma línea y, a través de un comunicado oficial, difundieron: “El presupuesto 2023 reconducido, con un ritmo inflacionario creciente desde entonces, implica que de no mediar una recomposición vamos a tener inconvenientes para el pago de servicios generales, devaluación de las becas, afectación del sistema alimentario, adquisición de insumos para docencia e investigación, programas especiales, entre otras tantas actividades que hacen al quehacer institucional”.
El malestar no es la excepción sino la norma. En declaraciones recientes a Télam, el rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, manifestó que el presente de la UNR “es muy complejo” y que “será muy difícil llegar más allá del primer semestre”.
Uno de los nudos más sensibles se vincula con la paritaria y el objetivo que tienen las casas de estudio de recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores. En la última semana, se ofreció un 6 por ciento de incremento para febrero y fue rechazado por el Frente Sindical Universitario, que nuclea a los principales gremios del sector. Desde las agrupaciones comunicaron: «La pérdida del poder adquisitivo del salario de docentes y no docentes es de más del 50 por ciento respecto de la inflación de los meses de diciembre y enero», advirtieron. Y completaron: «Lo mínimo que reclamamos es que nuestros salarios no pierdan respecto de la inflación; la propuesta del Gobierno está muy lejos de esa equiparación«.
A diferencia de lo que sucedía con el gobierno anterior en que Educación tenía una cartera exclusiva y rango de ministerio, en el presente, los gremios y las autoridades universitarias nucleadas en el Consejo Interuniversitario Nacional conversan con el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y específicamente con Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias. Ambos funcionarios responden al Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello.
Hay que tener en cuenta que de no modificarse la situación presupuestaria, difícilmente, las universidades puedan seguir con sus funciones de educación, investigación y extensión. Más allá de las diversas manifestaciones de preocupación ante un presente penoso y un porvenir aún más oscuro, hay algunas instituciones que ya se han visto obligadas a adoptar medidas.
Es el caso de la Universidad Nacional de Quilmes que, hace unos días, comunicó a sus estudiantes: “El Gobierno Nacional decidió prorrogar el presupuesto de 2023 y no enviar al Congreso un presupuesto para 2024. Esa falta de actualización significa una fuerte reducción de los recursos necesarios para el normal funcionamiento de las universidades. Como consecuencia del congelamiento presupuestario, una parte de la oferta académica de grado y pregrado se adecuará a las posibilidades presupuestarias actuales. Ya no será posible costear cursos adicionales y contratos de docentes extra”.
Como resultado, en los próximos períodos de inscripción a materias se establecen nuevos topes: en la modalidad presencial, por caso, los alumnos podrán anotarse en dos materias y se habilitará la inscripción a una tercera en una fecha prevista de manera específica. Desde la UNQ, advierten: “Lamentamos tener que adoptar estas medidas, y exhortamos, una vez más, a las autoridades nacionales a revertir estas decisiones en el menor tiempo posible”.
Mientras que el gobierno a nivel nacional niega el rol fundamental que cumplen las universidades nacionales como base para el modelo de desarrollo productivo e inclusivo de la sociedad, a nivel provincial sucede todo lo contrario.
De manera reciente, el gobernador bonaerense Axel Kicillof comunicó una noticia que apunta a jerarquizar el área de la ciencia y la tecnología, y su vínculo con las universidades. Mientras que Roberto Salvarezza –ex ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación– fue designado al frente de la Comisión de Investigaciones Científicas de Buenos Aires (CIC) –un organismo similar al Conicet, pero a nivel provincial–, Alejandro Villar, exrector de la UNQ, fue nombrado nuevo director ejecutivo del Consejo Provincial de Coordinación con el Sistema Universitario y Científico.
El objetivo de este espacio institucional, precisamente, es desarrollar acciones de transferencia tecnológica para la solución de problemáticas provinciales y asesorar sobre procesos de integración regional. El conocimiento, en este caso y a contramano de lo que ocurre a nivel país, es definido como un medio para transformar realidades y resolver necesidades.
Del CIN
Los rectores y las rectoras, reunidos en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), advertimos sobre la difícil situación por la que atraviesa el sistema universitario público nacional.
Conscientes de la delicada situación que atraviesa la Argentina, las autoridades del sistema universitario público hemos compartido nuestras preocupaciones responsablemente, hemos gestionado ante las autoridades competentes las acciones que entendemos necesarias y, producto del esfuerzo colectivo de nuestras comunidades, hemos garantizado, en condiciones muy difíciles, la continuidad de las actividades en cumplimiento de nuestra misión, pero es tiempo de advertir, con la gravedad que la situación impone, que, de no mediar acciones que rectifiquen el rumbo, se verá seriamente afectado el pleno funcionamiento de las instituciones universitarias públicas.
Frente a esta realidad, este Consejo sostiene la necesidad de: a) incrementar razonablemente los gastos de funcionamiento mensuales, actualizándolos conforme el proceso inflacionario que atravesamos, de manera de garantizar la continuidad de nuestras actividades y el cumplimiento de nuestra misión; b) actualizar los salarios de docentes y no docentes; c) dar continuidad a los programas universitarios vigentes destinados a inversión en obras de infraestructura, equipamiento y sostenimiento de los programas de becas; y d) garantizar el presupuesto necesario para sostener las actividades de ciencia, tecnología y extensión.
En estos 40 años de democracia las universidades públicas han sido un claro ejemplo de institucionalidad, destacada formación profesional de excelencia, producción de conocimiento comprometido con los grandes problemas nacionales, construcción democrática y respeto por los derechos humanos. En Argentina, todos los sectores vinculados con el desarrollo productivo incluyen investigación y conocimiento generado en las universidades y el sistema científico. En las escuelas, los hospitales, las fábricas, los comercios, el campo, los escenarios, el mar, el espacio y en cada casa, las y los profesionales, el conocimiento, el arte y la tecnología que salen de las universidades están en todos lados y son parte de la vida cotidiana de los 47.000.000 de argentinas y argentinos.
Sostener el valor estratégico que la educación universitaria pública tiene, sobre todo para un país que atraviesa tantos problemas estructurales, es responsabilidad de todas y de todos. Todo lo que nos pasa se soluciona con más y mejor educación y universidad pública, con más y mejor inversión en formación universitaria y ciencia nacional.
Fuente: Pablo Esteban para www.pagina12.com.ar y www.cin.edu.ar
