Una jornada de extrema tensión se vivió en la sede de la Secretaría de Educación de la Nación cuando agrupaciones estudiantiles ingresaron al Palacio Sarmiento (conocido históricamente como Palacio Pizzurno) para realizar una sentada pacífica en reclamo de la inmediata aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La protesta concluyó pocas horas después con el desalojo del edificio a cargo de la Policía Federal y el anuncio oficial de acciones penales contra los manifestantes.
La medida de fuerza fue impulsada por delegaciones estudiantiles pertenecientes a la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Además del cumplimiento efectivo de la normativa presupuestaria, los manifestantes exigieron un incremento sustancial en las becas Progresar y solicitaron una reunión formal con el titular del área educativa, Carlos Torrendell.
Desalojo y acusación por “toma violenta”
Frente a la permanencia de los jóvenes en el hall central, el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, coordinó un operativo de desalojo junto a las fuerzas de seguridad dependientes de Alejandra Monteoliva. Según fuentes gubernamentales, las instalaciones fueron desalojadas sin que se registraran personas detenidas.
Poco después, la cartera emitió un pronunciamiento en el que calificó el episodio como una “toma violenta”, advirtió sobre presuntos daños materiales al patrimonio público y ratificó que presentará una denuncia formal ante la Justicia para individualizar a los responsables. En el documento, las autoridades afirmaron que las manifestaciones deben encuadrarse dentro de los carriles democráticos y rechazaron la ocupación de dependencias del Estado como modalidad de reclamo.
El trasfondo del conflicto legal y legislativo
La protesta estudiantil se produjo horas después del fallo dictado por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, encabezado por el magistrado Martín Cormick, que declaró inconstitucional la cláusula del decreto 759/2025. Mediante esa disposición, el Poder Ejecutivo había condicionado la ejecución de la norma a la asignación de partidas por parte del Congreso. La Justicia interpretó dicho mecanismo como un veto encubierto e intimó a la reglamentación urgente de la ley 27.795, cuya vigencia había sido ratificada previamente por el Parlamento tras rechazar el veto presidencial.
Desde el movimiento universitario señalaron que el agotamiento de las instancias de diálogo y la falta de acatamiento de las sentencias judiciales motivaron la medida en el edificio central de Pizzurno 935.
Hacia la quinta Marcha Federal Universitaria
El episodio funciona como antesala de un plan de lucha que continuará intensificándose en todo el país. Para el próximo 15 de octubre está prevista la realización de la 5° Marcha Federal Universitaria, con una concentración masiva hacia el Congreso de la Nación que unificará demandas docentes, no docentes y estudiantiles junto a otros sectores sociales. Paralelamente, gremios como ADUBA y APUBA ratificaron un esquema de huelgas escalonadas por 23 días con clases públicas e intervenciones en las distintas unidades académicas.
Fuente: ahoraeducacion.com
