En las últimas semanas, el clima en las aulas porteñas se puso espeso. Lo que antes podía parecer un comentario de pasillo, hoy se traduce en pintadas, mensajes virales y amenazas que obligaron al Gobierno de la Ciudad a activar un comité de emergencia. El jefe de Gobierno, Jorge Macri, fue tajante: “No vamos a naturalizar que el miedo altere la vida escolar”. Pero, más allá de los discursos, la pregunta que se hacen directivos y familias es: ¿cómo se actúa cuando el peligro entra al aula?
El protocolo: manos arriba y nada de requisas
La primera regla del nuevo protocolo de seguridad es casi contraintuitiva para algunos, pero fundamental para evitar tragedias: los docentes no son policías. Ante la sospecha o detección de un arma (sea de fuego o blanca), el personal escolar tiene prohibido revisar mochilas o intentar quitar el objeto por la fuerza.
La instrucción es clara: hay que aislar al estudiante en un ambiente seguro, acompañarlo con un adulto de confianza y llamar a los responsables. ¿Quién abre la mochila? Únicamente el padre, madre o tutor frente a las autoridades del colegio. Si hay un arma de fuego, no hay debate que valga: se llama al 911 al toque. En cambio, si es un arma “impropia” (como un compás o una tijera usada para amenazar), el abordaje puede ser institucional, siempre y cuando no haya riesgo inminente.
El “efecto pantalla” y la responsabilidad compartida
Desde la Ciudad apuntan a las redes sociales como el gran combustible de este fenómeno. Las amenazas se vuelven tendencia y el pánico se viraliza más rápido que cualquier contenido educativo. Por eso, el Ministerio reforzó la política de “aulas libres de celulares” y ya hay casi 50 mil familias que firmaron el compromiso para aguantar la entrega del primer smartphone hasta la secundaria.
Pero no todo es prohibir. Macri hizo un llamado que toca una fibra sensible en la crianza actual: “No pensemos que un mensaje de WhatsApp alcanza para saber qué les pasa a nuestros hijos”. La idea es que la seguridad no se garantiza solo con policías en la puerta, sino con presencia y silencio en casa para que los pibes se animen a hablar de lo que les angustia.
La justicia ya no mira para otro lado
El Fiscal General, Martín López Zabaleta, confirmó que ya hay 25 causas abiertas en el Ministerio Público Fiscal. Esto ya no es una “joda pesada” que termina en un acta escolar; ahora hay investigaciones judiciales que rastrean responsabilidades incluso de los padres.
En definitiva, el mensaje de la Ciudad es que la escuela debe seguir siendo un lugar sagrado. El protocolo está para poner orden, pero la solución de fondo parece estar en recuperar la conexión entre la escuela y la mesa de casa, lejos de la validación inmediata y violenta de los likes.
Fuente: Ahoraeducación
