El Gobierno no liquidó la recomposición salarial ordenada por la Justicia en el marco de la Ley de Financiamiento Universitario. Rectores, docentes, no docentes y estudiantes denunciaron el incumplimiento y anunciaron un nuevo plan de lucha que incluirá clases públicas, acciones judiciales y posibles medidas de fuerza.
La disputa entre el Gobierno de Javier Milei y las universidades nacionales volvió a escalar luego de que el Poder Ejecutivo no cumpliera con la recomposición salarial establecida por la Ley de Financiamiento Universitario, pese a que la medida cautelar que ordenó su aplicación fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia.
El incumplimiento provocó una rápida reacción del sistema universitario. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), los gremios docentes y no docentes, junto con las federaciones estudiantiles, convocaron reuniones de emergencia para definir un nuevo plan de lucha que incluirá clases públicas, protestas y nuevas presentaciones judiciales.
Denuncian que el Gobierno desobedeció el fallo
Los artículos de la Ley de Financiamiento Universitario que fueron ratificados por la Justicia establecen una recomposición salarial retroactiva para docentes y trabajadores no docentes, además de actualizaciones para becas y partidas universitarias.
Según denuncian las autoridades universitarias, ese incremento debía reflejarse en los haberes liquidados durante el fin de semana. Sin embargo, el Ministerio de Capital Humano no abonó las diferencias correspondientes.
Desde el Consejo Interuniversitario Nacional sostienen que el Ejecutivo sólo cumplió parcialmente los aumentos acordados durante la negociación paritaria posterior, pero dejó sin efecto la recomposición prevista por la ley.
«El Gobierno incumplió con lo que dice la ley en su totalidad. Sólo cumplió una parte del acuerdo paritario previo a la intervención de la Corte», señalaron desde el CIN.
La deuda salarial sigue creciendo
Las universidades afirman que el problema no se limita a los salarios futuros.
La Ley de Financiamiento Universitario establece una actualización con efecto retroactivo que alcanza remuneraciones pendientes desde 2023.
Según estimaciones de los gremios, todavía resta una recomposición superior al 30%, mientras que las autoridades universitarias calculan que la diferencia total ronda el 53% respecto de los valores que deberían haberse abonado conforme al fallo judicial.
«La ley impacta para atrás. El problema no son solamente los salarios actuales, sino toda la deuda acumulada», explicaron desde el sistema universitario.
Clases públicas y nuevo plan de lucha
Ante el incumplimiento, docentes, trabajadores no docentes y estudiantes comenzaron a coordinar nuevas medidas de protesta.
Este martes se reunirá el Frente Universitario Nacional y el miércoles lo hará el Comité Ejecutivo del Consejo Interuniversitario Nacional junto a representantes sindicales y autoridades académicas para definir las próximas acciones.
Entre las primeras medidas ya confirmadas figuran nuevas clases públicas, que esta vez se realizarán frente al Palacio Pizzurno, histórico edificio del ex Ministerio de Educación.
Los gremios sostienen que el objetivo es volver a instalar el conflicto en la agenda pública.
«La sociedad tiene que enterarse de lo que está pasando con las universidades», señalaron representantes docentes de la Universidad de Buenos Aires.
La vía judicial continúa abierta
Mientras avanzan las protestas, los rectores también preparan nuevas presentaciones ante la Justicia.
Con el reinicio de la actividad judicial tras la feria, esperan que los tribunales ordenen al Ejecutivo cumplir de manera efectiva la cautelar que ya fue confirmada por la Corte Suprema.
Desde el CIN señalaron que agotarán todas las instancias legales disponibles.
«Seguiremos los caminos que correspondan, incluido el judicial», afirmaron las autoridades universitarias.
Además, recordaron que el incumplimiento de una orden judicial podría derivar en sanciones y multas contra los funcionarios responsables de ejecutar la medida.
También amplían la denuncia penal
En paralelo al reclamo administrativo y judicial, continúa avanzando la denuncia penal presentada por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Según trascendió, la presentación será ampliada e incluirá al presidente Javier Milei, a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y al secretario de Educación, Diego Santilli, por la decisión de no ejecutar plenamente la Ley de Financiamiento Universitario pese a la resolución judicial vigente.
Un conflicto que vuelve a crecer
El conflicto universitario, que durante 2024 y 2025 movilizó a cientos de miles de personas en todo el país, vuelve así a ocupar el centro de la agenda educativa.
Con clases públicas, posibles paros, nuevas acciones judiciales y una creciente unidad entre rectores, docentes, trabajadores no docentes y estudiantes, el sistema universitario anticipa una nueva etapa de confrontación con el Gobierno nacional mientras insiste en que el fallo judicial debe cumplirse íntegramente y que el financiamiento aprobado por ley no puede quedar sujeto a decisiones administrativas del Poder Ejecutivo.
