El negocio internacional que alimenta los supuestos programas de promoción de liderazgo educativo y los premios globales a los docentes. Qué es el grupo del multimillonario indio Varkey y cómo funciona la conexión con Macri y Esteban Bullrich. Las contrataciones directas en dólares para eludir los mecanismos normales de licitación.
Martín Salvetti enseña en la Escuela de Educación Técnica número 5 de Temperley. En los últimos días se hizo famoso porque fue seleccionado entre los 10 finalistas para recibir el Premio al Docente Global 2019 (Global Teacher Prize) que es presentado por sus organizadores como el “Nobel” de la educación. El Premio al Docente Global, que otorga un millón de dólares a un “docente excepcional, que haya hecho una contribución sobresaliente a su profesión”, fue creado por el empresario hindú Sunny Varkey y es entregado por la Fundación Varkey con sede en Londres. El ganador de esta quinta edición se anunciará en el Global Education & Skills Forum en Dubai el domingo 24 de marzo. Sus pares aseguran que Salvetti tiene grandes méritos, sin dudas. Pero como él mismo lo señala, es uno más entre tantos docentes (aproximadamente un millón) que trabajan cotidianamente en nuestro país. El tema no es Salvetti sino Varkey. Y Mauricio Macri.
La relación entre ambos data de comienzos de este gobierno. En enero de 2016, a poco de su asunción el 10 de diciembre de 2015, Macri se reunió en el Foro de Davos con Varkey. De acuerdo con la información brindada entonces por la Casa Rosada, en el encuentro Macri y Varkey dialogaron sobre el interés de GEMS Education de llevar a la Argentina una propuesta para realizar un entrenamiento a maestros y profesores, que se está aplicando en otras partes del mundo. También hicieron hincapié en un proyecto de escuelas privadas con nuevas tecnologías y señalaron que la propuesta permitirá mejorar y potenciar el nivel educativo en la Argentina.
Sunny Varkey es hijo de profesores y, según Forbes, su fortuna asciende a 2500 millones de dólares. La cifra lo ubica en el número 62 del listado de billonarios (los que tienen más de mil millones de dólares) de la India. A nivel mundial está en el puesto 1020.
En 1959 Varkey creó GEMS Education, la empresa de “servicios educativos” más grande del mundo. Gestiona escuelas en 176 países, llega a unos 120 mil estudiantes y tiene un valor de mercado de alrededor de cuatro mil millones de dólares. En 2017 facturó 962 millones de dólares, y en los primeros 6 meses de 2018, 602 millones, un 9,5 por ciento más que en el mismo período del año anterior. En 2018 iba a realizar una emisión de acciones en Londres para financiar su expansión de Dubai, pero archivaron la operación porque en junio pasado el gobierno de Dubai decidió congelar los aranceles para la educación.
Uno de los principales inversores en GEMS Education es Blackstone, uno de los fondos de inversión (acá lo llamaríamos “fondos buitre”) más grandes del mundo, que maneja activos por 380 mil millones de dólares. En España se convirtió en la principal empresa inmobiliaria del país. En los últimos años hizo varias inversiones en la Argentina, en sectores como telecomunicaciones, energía y juegos de azar.
En el 50 aniversario de GEMS, Varkey decidió establecer una organización sin fines de lucro, la Fundación Varkey, destinada según sus propias palabras a “aprovechar lo que él y su familia aprendieron durante tantos años para beneficiar a la humanidad”.
La Fundación fue creada “para mejorar los estándares educativos de los niños menos favorecidos de todo el mundo. Nuestra misión es que todos los niños tengan acceso a un gran docente”.
“GEMS enfatiza su trabajo en el aprendizaje tanto a través como más allá de los métodos tradicionales, buscando implementar nuevas tecnologías. Apuesta al desarrollo de estudiantes con habilidades para el siglo XXI, preparados para un mundo globalizado”, según reza el comunicado oficial emitido después de la reunión de 2016 entre Macri y Varkey.
Ese mismo año, la Fundación Varkey desembarcó en Argentina. Este hecho fue objeto de análisis junto a otras experiencias, en la investigación desarrollada por CTERA “La privatización educativa en Argentina” publicada en 2018.
El desarrollo fue veloz. En octubre de 2016, comenzó a implementar el Programa de Liderazgo e Innovación Educativa (PLIE) (Leadership & Innovation. El Programa está dirigido a directivos de escuelas públicas de todos los niveles y modalidades junto a un acompañante que elijan de su escuela. Consiste en una capacitación intensiva de seis semanas. Comprende seis módulos que se trabajan en un período de cinco días cada uno en un centro de capacitación especializado, con un equipo de expertos locales entrenados por el equipo internacional del Programa. Cada uno de los módulos se centra en el papel del líder en las escuelas del siglo XXI y busca desarrollar las “habilidades esenciales para que los directivos se transformen en gestores de cambio dentro de sus propias instituciones”. Para la implementación de este programa se abrieron nuevos organismos: los Centros de Liderazgo e Innovación Educativa (CLIE).
En la investigación de CTERA analizó los convenios firmados entre la Fundación Varkey, el Ministerio de Educación y Deportes (MEyD) de la Nación y las provincias de Jujuy, Mendoza, Salta y Corrientes.
Todos los convenios son prácticamente idénticos: se presenta como convenio de cooperación entre tres partes (La Fundación, El Ministerio y la Provincia) aunque en realidad se trata de una contratación. La Fundación es definida como “el proveedor” que implementará el PLIE, del cual es la propietaria. Por la cláusula de exclusividad, durante los tres años de vigencia del convenio, ninguno de los dos ministerios podrá contratar a otra persona para desarrollar actividades similares. No sólo el ministerio de la provincia para el territorio provincial, sino también el MEyD para todo el territorio nacional, lo cual implica que el organismo queda atado a una relación de exclusividad con la fundación para cualquier actividad similar que quisiera desarrollar en cualquier lugar del país.
Los honorarios que percibe el proveedor serán pagados en dólares estadounidenses, a pesar de que se trata de una fundación inscripta en la Argentina. El monto total es de 5,4 millones de dólares, pagaderos en cuotas mensuales de 150 mil dólares entre enero de 2017 y diciembre de 2019. Hay una pequeña variación en las fechas de pago de los convenios pero en todos los casos el monto a pagar a la Fundación Varkey Argentina es el mismo.
Una de las cláusulas establece que el proveedor debe facturar en dólares y que los ministerios deben pagar en esa moneda, renunciando a cualquier derecho de pagar en otra moneda, como lo establece el artículo 765 del Código Civil y Comercial. Los honorarios serán pagados por el ministerio provincial con fondos que le girará el ministerio nacional, pero también establece que la jurisdicción provincial será solidariamente responsable si el ministerio nacional no girara los fondos en tiempo y forma para cumplir con los pagos.
Entre las obligaciones del proveedor se encuentra la de preparar, mantener actualizado e implementar un “Plan de Garantía de Calidad”, cuyo contenido no se explicita.
En octubre de 2017, la Fundación firmó un convenio con la Provincia de Buenos Aires que presenta algunas diferencias respecto de los anteriores: si bien sigue siendo una contratación encubierta bajo el formato de un convenio de cooperación, ya no se define a la Fundación como proveedor, como en los otros convenios mencionados, sino simplemente como “La Fundación” y la Nación asume en forma exclusiva el pago de los honorarios. Además, es el único convenio en el cual se define una meta cuantitativa en forma de un máximo de docentes a capacitar, que se estipula en 1600.
Finalmente, el monto del contrato es significativamente inferior al del resto de los convenios. En efecto, en este caso el total es de 2,016 millones de dólares, que se pagarán en 24 cuotas mensuales de 84 mil dólares cada una, entre noviembre de 2017 y octubre de 2019. La diferencia en el monto con el resto de los convenios no se debe solamente a la duración de las actividades, que es de dos años aunque la duración del convenio, al igual que en el resto de los casos, es de tres años, sino también a una reducción de la carga horaria. Mientras que en el resto de los convenios los cursos tienen una carga de 180 horas, en el caso de la Provincia de Buenos Aires tienen 120 horas (aquí se advierten diferencias entre la versión en inglés y la versión en castellana del convenio). Sin embargo, los contenidos de los cursos que se mencionan son exactamente los mismos que en el resto de los convenios, y no se explica cómo se impartirán en sólo dos terceras partes de la carga horaria.
Estos convenios suscriptos con la Fundación Varkey muestran que se trata de un mecanismo sui generis para contratar un servicio de capacitación eludiendo los procedimientos previstos en la legislación que regula las compras del Estado. La normativa vigente permite a la administración pública la contratación de servicios, pero estipula una serie de condiciones que se deben cumplir para poder realizarlas. Es evidente que la firma de estos convenios responde a la decisión previa de contratar a la Fundación, dado que el mecanismo de licitación previsto en la normativa la hubiera obligado a competir con otros proveedores que seguramente están en condiciones de brindar el mismo servicio a un costo significativamente más bajo.
Por otra parte hay un diagnóstico, por cierto cuestionable y poco fundamentado, de que el problema de nuestras escuelas se resuelve con formación en liderazgo, modelo basado en los principios de la Nueva Gestión Pública que traslada la lógica empresarial al funcionamiento de las escuelas, enfatizando la rendición de cuentas y las mediciones estandarizadas de resultados. La enseñanza como liderazgo es el modelo pedagógico que impulsa “Enseña por Argentina” otra de las fundaciones que ha establecido convenios con el Ministerio de Educación Nacional y con algunos ministerios provinciales.
La presencia de las fundaciones y ONG´s no es un fenómeno novedoso en la Argentina. Sin embargo, a partir de la asunción del actual gobierno, las fundaciones y ONG’s sostenidas por empresarios, y en algunos casos el propio sector empresarial en forma directa, se están transformando, como en el caso de otros países de la región, en los interlocutores privilegiados del gobierno. Están financiadas por grandes empresas nacionales y extranjeras, y en general se integran en redes políticas que promueven valores y desarrollan acciones similares en distintos países. Y por supuesto, buscan desarrollar sus negocios en un sector cada vez más lucrativo como el de la educación, en especial todo lo vinculado a las nuevas tecnologías y la educación a distancia.
Basta recordar las palabras del entonces ministro de Educación y Deportes de la Nación y actual senador Nacional, Esteban Bullrich, ante los empresarios reunidos en la en la 22° Conferencia Industrial Argentina: “No les hablo como Ministro de Educación sino como gerente de recursos humanos (…) si tenemos la mejor educación tendremos las mejores empresas del mundo. Para eso debemos preparar recursos humanos de excelencia. Debemos recorrer juntos el camino”.
Esta relación tan estrecha también tuvo su manifestación en las actividades que promueve la Fundación Varkey a nivel global. Por un lado, Esteban Bullrich se integró al selecto grupo de miembros del Atlantis Group, conformado por ex ministros de educación de distintos países, que brindan su experiencia a los países que buscan implementar reformas educativas inspiradas en los principios que promueve la Fundación.
Por otro, la Argentina participa desde 2017 como el primer país de América Latina que se asocia al Global Education & Skills Forum, el evento anual en el que se reúnen jefes de estado, ministros de educación, representantes de casi todos los países del mundo, docentes, y medios de comunicación. Allí se entrega anualmente el Premio al Docente Global, y sus organizadores lo llaman “el Davos de la Educación”.
Salvetti, el premiado, se define como un docente comprometido con la educación pública, se reconoce como un buen docente pero sabe que el suyo es un trabajo colectivo y que hay muchos docentes iguales que él en la Argentina. Suele insistir en que hay graves problemas de infraestructura y limitaciones que impone la organización escolar. En el caso de la educación media, el problema de los profesores “taxi”.
Un Estudio del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) señala que si se compara el salario de diciembre de 2018 en relación al poder adquisitivo de 2017 para el conjunto de las provincias, el último año los salarios docentes tuvieron una caída de 21 por ciento en promedio y el 80 por ciento de los docentes con diez años de antigüedad está por debajo de la línea de pobreza regional del Indec.
Pareciera que el gran problema de la educación argentina no es la supuesta falta de liderazgo.
Fuente: Myriam Feldfeber para www.pagina12.com.ar
Entrega de soberanía
Es vital notar que los antagonismos crónicos entre la educación pública y la privada han quedado sin resolver. Pero hoy no vivimos simplemente un crecimiento de la educación privada tradicional sino una invasión de intereses espurios. Un fenómeno mundial, como lo denunciaron la Internacional de la Educación (representante de 400 organizaciones de docentes de 177 países) y la propia Unesco. Las convocatorias de los gobiernos nacional y de las provincias al capital internacional para dirigir y gestionar la educación, avalada por las resoluciones de la OCDE, son actos de entrega de la soberanía inéditos en nuestra historia.
Finalizado el lapso de políticas educativas inclusivas y de fortalecimiento del sistema de educación pública de los gobiernos kirchneristas, la asunción de Cambiemos produjo un cambio cualitativo en la relación entre el Estado y los intereses educativos privados. La Argentina quedó colocada en la agenda de las corporaciones dedicadas a la mercantilización y comercialización de la educación pública y privada. La operación de volver el país “al mundo” incluye subordinar su educación a la creciente concentración internacional de empresas que trabajan en el rubro. El interés es vender y ganar, no enseñar, para lo cual necesitan bajar los costos en infraestructura, reducir la cantidad de docentes y flexibilizar su contratación. Reformular radicalmente el perfil, el rol y la imagen social del educador es una de las estrategias principales de los nuevos inversores en educación (propietarios de cadenas de escuelas, productores de contenidos y todo tipo de materiales instruccionales, corporaciones informáticas, editoriales y tecnológicas).
El programa “Leadership&Innovation” de la Fundación Varkey (como lo explica Myriam Feldfeber en esta edición) está a la cabeza de la formación de líderes entre directivos de escuelas públicas para configurar una vanguardia de la mercantilización educativa. El gobierno nacional de Cambiemos, y varios gobiernos provinciales, ya han entregado aspectos estratégicos de la educación a la fundación Varkey y a otras semejantes.
Hasta la década de 1990, sólo excepcionalmente penetraron acciones privadas en las escuelas públicas. Durante el gobierno de Carlos Menem, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo intervinieron en la política educativa argentina al punto de instalarse físicamente dentro del Ministerio de Educación. Otorgaron préstamos que engrosaron la deuda externa para programas de fortalecimiento de la educación pública pero que no surtieron efectos positivos y cuyos fondos tuvieron un destino incierto. Como parte de los acuerdos con los bancos, se hicieron cambios legislativos que abrieron brechas en el sistema de educación pública para la intervención privada mediante el cobro de aranceles, matrículas y otros aportes en los distintos niveles educativos y se inauguró una nueva modalidad llamada “tercerización”. Un ejemplo de esta última fue la Red Nacional de Formación Docente, programa del Ministerio de Educación de la Nación que derivó la tarea a universidades públicas y privadas, grupos privados de educadores, o particulares, produciendo un “shopping” de cursillos por los cuales otorgaba puntaje de incidencia en el salario de los docentes. Otro ejemplo fue la habilitación de locales comerciales en los establecimientos públicos: las “escuelas shopping”.
En tanto, fundaciones privadas de interés social o comercial en la educación se instalaban o fortalecían en el país. La reforma educativa fue asesorada por fundaciones neoliberales como FIEL, que fuera asesora de la dictadura militar y es hoy consultora del Ministerio de Hacienda. Las entidades financieras privadas avanzaron sobre las “cuentas sueldo” de universidades públicas, como luego lo harían sobre los campus informáticos, los contenidos de la enseñanza y la investigación. Tomaron el timón de varias privadas e impulsaron el crecimiento del circuito de educación superior empresarial, donde se formó la élite dirigente que está actualmente en el poder y despliega este nivel inédito de integración con las corporaciones internacionales.
* Pedagoga. Junto con Myriam Feldfeber, Susan Robertson y Miguel Duhalde es coautora de la investigación “La privatización educativa en Argentina”, trabajo impulsado por Ctera y la Internacional de la Educación.
Por Adriana PuiggrósFuente: www.pagina12.com.ar