El uso desmedido de la fuerza por parte de la policía y los pedidos del ex-presidente Alvaro Uribe para militarizar el país y el apoyo a policía y militares para disparar contra quienes se manifiestan en las marchas, se explica por la histórica violencia de las clases dominantes de Colombia.
La criminalización de la protesta social ha sido permanente en la política de seguridad democrática de Uribe.
Un informe de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, de febrero de 2021, determinó que «las fuerzas militares de Colombia abatieron al menos a 6.402 civiles entre 2002 y 2008 (período en el que gobernó Álvaro Uribe) y los presentaron como “bajas en combate”»: estos crímenes sistemáticos, en los que presuntamente participaron unos 1.500 militares, es lo que se conoce como «falsos positivos» y fue calificado por la JEP como un «fenómeno macrocriminal».
Al «fenómeno macrocriminal» de 6.402 falsos positivos, habría que sumar dos políticas de exterminio selectivo. En el pasado reciente, el asesinato sistemático de los militantes de la Unión Patriótica, UP.
Entre 1984 y 2002, la UP sufrió el asesinato o la desaparición de al menos 4.153 militantes.
En apenas 4 años, sus dos candidatos presidenciales fueron asesinados [Jaime Pardo Leal, en 1987, y Bernardo Jaramillo, en 1990], 6 de sus 16 congresistas, 17 diputados departamentales y 163 concejales.
A esto habría que añadir, que después del asesinato de Jaramillo, la UP sufrió el asesinato de su dirigente Manuel Cepeda Vargas, en 1994.
En el presente, el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, integrado por la JEP, la Comisión de la Verdad, y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, informó que, luego de la firma del Acuerdo Final de Paz, desde el 1 de diciembre de 2016 hasta el 28 de febrero de 2021, han sido asesinados 904 líderes sociales; asimismo, se registra 276 homicidios de ex combatientes de las FARC-EP.
