Tapa: martes 16/6/26 con la foto Categoría: Información general Título: Universidades: las claves de un acuerdo que divide aguas y no frena los paros Autor: ahoraeducacion
El reciente entendimiento alcanzado entre los rectores, las representaciones gremiales y el Gobierno nacional ha generado una profunda fractura en el seno de la comunidad universitaria. La recomposición de fondos y salarios despertó posturas antagónicas: mientras algunos sectores valoran el alivio económico ante una situación crítica, otros denuncian que se cedió a una extorsión oficial que dilata la resolución de fondo.
El eje de la disputa sigue siendo la Ley de Financiamiento Universitario. Dicha normativa, aprobada por el Congreso pero incumplida por el Poder Ejecutivo, se encuentra actualmente en manos de la Corte Suprema. Quienes rechazan el acuerdo argumentan que esta inyección parcial de fondos le quita el carácter de “urgencia” al reclamo judicial, permitiendo que el máximo tribunal postergue su fallo por tiempo indeterminado. En la vereda opuesta, aseguran que la masiva movilización ciudadana en defensa de la educación pública fue la llave que obligó al Gobierno a destrabar los recursos, y que este pacto es solo un paso intermedio, no el final de la lucha.
Cómo siguen las medidas de fuerza Pese a la firma del acta, el conflicto está lejos de cerrarse y el escenario varía según el gremio. La Conadu decidió levantar las huelgas inmediatas, pero la Conadu Histórica y la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD) confirmaron un paro total para esta semana. En paralelo, la comunidad de los colegios preuniversitarios de distintas provincias del país (Buenos Aires, Salta, Rosario, Córdoba y La Plata), junto a referentes sindicales, impulsan un petitorio para exigirle a la Corte Suprema un pronunciamiento urgente a favor de la ley.
Los números del pacto paritario En el plano salarial, la paritaria rubricada establece una suba del 21,33% retroactiva a junio, un 3% adicional en octubre y el compromiso de reabrir la mesa de negociación en septiembre. Traducido a cifras brutas, desde junio un cargo de dedicación exclusiva alcanza el millón y medio de pesos; una dedicación semiexclusiva llega a los 750 mil pesos, y una simple a 375 mil pesos.
A esto se le suma un incremento del 20% en los gastos de funcionamiento de las casas de altos estudios y una suba del 50% en las becas “Manuel Belgrano”, destinadas a estudiantes de bajos recursos, cuyo monto congelado saltará de 81.685 a 122.527 pesos. Además, se pautó la liberación de una partida de 50 mil millones de pesos para sostener los hospitales universitarios, cuya situación era crítica. Semanas atrás, los directores de los hospitales de la UBA habían advertido que solo tenían insumos para operar durante un mes y medio más. Estos nuevos fondos se distribuirán entre los centros de salud de la UBA y los de las universidades de Córdoba, La Rioja y Cuyo.
El impacto real y el problema de la “doble dependencia” A pesar de los anuncios, el porcentaje acordado representa apenas la mitad de lo que estipula la Ley de Financiamiento, la cual exige contemplar la inflación acumulada desde el inicio de la actual gestión nacional. Los cálculos gremiales indican que la recomposición real debería rondar el 53% para equiparar los valores de diciembre de 2023.
A esto se le suma una problemática particular que afecta fuertemente a científicos e investigadores con más de diez años de formación académica: la doble dependencia funcional. Muchos profesores de dedicación exclusiva cobran un sueldo por la universidad y otro por el Conicet, pero este último organismo solo abona la diferencia hasta alcanzar un tope. En la práctica, si el salario docente aumenta, el Conicet reduce su aporte proporcionalmente, por lo que el incremento final en el bolsillo de estos profesionales es nulo o imperceptible. Esta situación ya ha generado la paralización casi total de las cursadas en carreras como Ciencias de Datos y Ciencias de la Computación de la UBA.
Posturas encontradas y la mirada en la Justicia Las voces de los protagonistas reflejan la complejidad del escenario. Franco Bartolacci, titular del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), definió el pacto como un “paso importante pero no suficiente” y aclaró que la vía judicial por la ley sigue en pie. Desde el rectorado de la UBA, Emiliano Yacobitti rescató la voluntad de diálogo, pero insistió en que el objetivo innegociable es el cumplimiento total de la normativa.
Desde los sindicatos más opositores, Laura Carboni (AGD UBA) acusó a los rectores de ceder a una extorsión, afirmando que el acuerdo “le regala un triunfo al Gobierno y le da tregua”. En contraste, Clara Chevalier (Conadu) defendió la firma argumentando la necesidad imperiosa de llevar un alivio a los bolsillos docentes sin abandonar el plan de lucha. Por su parte, Marcelo Creta (paritario Ctera) destacó otro logro clave de la mesa: el compromiso oficial de discutir en comisión la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), un componente salarial vital que fue eliminado por el Ejecutivo a principios de año y que afecta severamente a los docentes de colegios preuniversitarios.
Fuente: ahoraeducacion.com
