El Banco Nacional de Datos Genéticos es la institución que hizo factible la restitución de la identidad a los bebés robados durante la dictadura cívico militar. Con una mudanza en ciernes, su peso simbólico abre camino a dudas legítimas y chicanas políticas. Los reconocidos especialistas Víctor Penchaszadeh y Héctor Targovnik –coordinadores científicos de la mudanza– hablan de la coyuntura, las perspectivas y desmienten algunas fábulas. Los pisos séptimo y octavo del edificio de Córdoba 831 -del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación- albergan laboratorios con características del “primer mundo”. Son trescientos metros cuadrados con las condiciones de seguridad exigidas por cualquier organismo internacional de acreditación. El asombro por lo que uno ve crece con cada paso. Pero cada pisada reverbera en un solitario silencio. Porque no hay nadie. No obstante, se tiene la sensación de que, hasta hace unos pocos minutos, el sitio estaba en plena actividad. La pulcritud de las mesadas de trabajo, la disposición ordenada de las sillas, los teléfonos ubicados sobre cada uno de los numerosos escritorios y los elementos de seguridad instalados son una muestra inequívoca de que todo está listo para trabajar. Solo falta mudar el instrumental, los expedientes y las muestras para que el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) comience a funcionar en su nueva sede. Pero, según parece, aunque el nuevo destino ya está preparado, el cambio de domicilio no será inmediato. Varios cuestionamientos han llevado a que el juez Ernesto Marinelli suspenda transitoriamente el traslado. Entre ellos, la sospecha de que la mudanza conlleve una manipulación irregular de las muestras. “¿Vos me preguntás si se puede hacer alguna matufia?”, dice, serio, el médico genetista Víctor Penchaszadeh. Y repite, con otra variante: “¿Vos decís si es posible cambiar cosas, alterar un resultado?”. Efectivamente, la pregunta refiere a cuán factible es adulterar deliberadamente los resultados de un análisis de filiación en el BNDG. Y no es mera curiosidad fuera de contexto. Es el posible reflejo de alguna parte de la sociedad ante factores comunes como la falta de información, el cinismo o la desconfianza, por nombrar algunos. Aunque también es cierto que la pregunta se puede llevar bien con la curiosidad a secas, desmarcada de cualquier encuadre coyuntural. Víctor Penchaszadeh es especialista en genética humana y fue una figura central en la creación del BNDG, a mediados de los 80. Todo un referente para las agrupaciones de Derechos Humanos –incluso más allá del lugar que ocupen en el arco político– Penchaszadeh tiene a su cargo por estos días la coordinación científica de la mudanza del BNDG desde el Hospital Durand hasta el nuevo espacio que lo espera en la Avenida Córdoba. Esa tarea la comparte con otro reconocido especialista del área de la genética, el médico, investigador del CONICET y profesor de la UBA Héctor Targovnik. Fruto del horror El BNDG es una institución nacida de una necesidad espantosamente particular: recobrar la identidad de cientos de recién nacidos robados a sus padres durante la última dictadura militar. La mayoría fueron bebés que vieron la luz en campos de detención, tortura y exterminio distribuidos por todo el país. En el Banco están depositadas las muestras que pueden permitir el entrecruzamiento de datos genéticos para conocer la verdad. Todas las personas que sospecharon que sus hijos fueron víctimas del robo de bebés dejaron en el Banco el rastro inequívoco de su individualidad, su ADN, que podrá ser comparado con el de sus presuntos nietos. El resultado del trabajo del Banco se cuenta en la cantidad de nietos recuperados. Hasta el momento, suman 109. El Banco fue creado por la ley 23.511 en 1987, incluyéndolo en el Servicio de Inmunología del Hospital Durand de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que por ese entonces no era autónoma, sino parte del Estado Nacional. En sus inicios, dependió del Ministerio de Salud de la Nación. “La razón por la cual se asoció al Servicio de Inmunología del Durand fue porque en los 80 las técnicas de identificación humana se basaban en información inmunológica, inmunogenética”, aclara Penchaszadeh y dispara: “En la realidad científica vigente desde hace mas de 20 años, las pruebas de identificación humana se basan en el análisis de ADN y no tienen nada que ver con la inmunología, por lo que no está justificado que el BNDG esté en un servicio de Inmunología”. Por su parte, consultado por las razones de la mudanza, el especialista Héctor Targovnik agrega otro argumento a favor: “Las medidas de seguridad del BNDG en su sede actual son deficitarias. No podría ser acreditado por ningún organismo internacional porque las condiciones de seguridad no son las de un laboratorio de biología molecular moderno, la estructura edilicia no es la adecuada”. En 2009, la ley 26.548 traspasa el BNDG, como organismo autárquico y autónomo, a la órbita del Ministerio de Ciencia. Esto no modificó su dependencia: desde su creación, siempre perteneció al ámbito nacional. Su nombre lo indica claramente. Hasta la promulgación de la ley 26.548, el Ministerio de Salud de la Nación proveía el equipamiento y los insumos, mientras que la ciudad de Buenos Aires –que por entonces no era autónoma, sino parte del Ejecutivo nacional– proveía el espacio físico y el personal en el Durand. La ley de 2009 pasó la responsabilidad de todo el mantenimiento del Banco al Ministerio de Ciencia. Además, se elevó el estatus del Banco al hacerlo un organismo autárquico y autónomo, separándolo de los avatares de la política. Por todo esto, Targovnik considera que “son falaces los argumentos que se oponen al traslado aduciendo que el poder ejecutivo tendrá el control político de su funcionamiento”, y pasa al plano operativo: “El personal actual del Banco tiene el derecho de optar por trabajar en su nueva sede cambiando de empleador o puede quedarse como empleado de la Ciudad en las funciones que ésta le asigne. El Ministerio les está ofreciendo trasladarse a la nueva dependencia con las mismas condiciones laborales”. En cuanto a las autoridades, la nueva ley establece que el nombramiento