A escala global y nacional asistimos crecientemente a la existencia de personas que asumen, dejan de creer o refieren que poseen una certificación profesional universitaria que sin embargo carecen total o parcialmente. Estas personas son definidas como polizontes universitarios en el sentido que propenden a obtener beneficios de reputabilidad, trabajo o acceso a mercados restringidos a los cuales no se puede acceder sin las certificaciones correspondientes, y además haber realizado los esfuerzos, tiempos y costos personales asociados. La situación de ser un polizonte, es más amplia y refiere a personas que ante la existencia de reglas muy claras del comportamiento individual para el acceso a determinados servicios o bienes, buscan beneficiarse de ello sin los costos derivados. Ello no sólo impacta en sus beneficios personales, sino que implica una situación de desigualdad social y económica, respecto a quienes sí cumplen las exigencias establecidas para alcanzar esas situaciones y sus beneficios.
Este marco de análisis es muy amplio y puede ir incluso desde acciones específicas como colarse en una fila para entrar al cine o un trámite, copiar en un examen o incluso beneficiarse de un amigo o político por ejemplo, hasta acceder a algo.
Sin embargo, nos queremos concentrar en el polizonte universitario que refiere a actos al interior del sistema de educación superior y que tiene su mayor expresión en hacer creer la existencia de una certificación universitaria, un nivel de formación, una
experiencia laboral o incluso de realizar determinados recorridos académicos sin las certificaciones apropiadas para ello y especialmente al uso de mecanismos que las demás personas en igualdad de condiciones no pueden y sin el amparo de normas
específicas. El caso más claro refiere al aprovechamiento de tener certificaciones que sin embargo se carecen o incluso a la tergiversación o falseamiento de los currículos agregando certificaciones o trabajos que no se tiene, con miras a demostrar que se
tienen competencias que sin embargo se carecen. La situación del polizonte en el ámbito universitario reviste una particularidad diferenciada y más compleja de otros casos de polizontes en otros mercados, por la existencia de limitaciones al ejercicio laboral en los mercados laborales profesionales a la existencia de certificaciones, por ser el conocimiento un intangible de difícil medición y tener un alto impacto en el comportamiento colectivo, así como por la importancia social que tienen las profesiones universitarias y sus altas externalidades y por ende en los riesgos sociales.
Finalmente también por la existencia de primas salariales muy superiores de los profesionales respecto a las personas que carecen de esas certificaciones y competencias profesionales, y por ende en impactar en dichos mercados para todos. Desde el lado de la teoría económica este problema ha sido analizado desde el enfoque del “free rider” que, por ejemplo, refiere a quien viaja en un transporte sin pagar, mientras que las demás personas realizan los pagos requeridos para llegar a sus destinos. El polizonte, en este caso del transporte, se beneficia de llegar a determinado lugar sin realizar los mismos sacrificios que tienen los otros. De hecho, su pago es financiado por los otros viajeros que sí pagan.
Ello ha sido analizado no sólo como como un comportamiento no ético dentro de una sociedad de pares o democrática, sino
también desde el lado de los impactos negativos en la eficiencia del funcionamiento de los mercados. Ello ha derivado en muchos países en el establecimiento como una figura penal. Si todos fueran polizontes, y nadie pagase por ejemplo en el transporte, éste
dejaría de existir ya que los costos no pudieran ser cubiertos. En este sentido, el castigo al uso de los servicios en condiciones desiguales respecto a las demás personas, es un delito o falta, según la gravedad de su incidencia. Los demás viajeros o incluso los que no viajan, apelan a la existencia de una acción sancionatoria por parte de la sociedad, estableciendo normas de moral y conducta pública. Es un hecho que sin limitar el acceso a los polizontes, en condiciones normales, muchas personas pudieran tender a dejar de pagar para estar en igualdad de condiciones que los polizontes en relación a los costos y beneficios del transporte. Ello finalmente derivaría en la desaparición de ese servicio, que sólo pudiera ser cubierto por impuestos a los que no viajan. En tal sentido la política pública propende a limitar a los polizontes. Si no hubiera castigo a los ladrones, por ejemplo, no sólo se produciría una redistribución compulsiva de los bienes de quienes han hecho los esfuerzos para adquirirlos, sino que además no se generaría una barrera “moral-penal” o sea sancionatoria que limite que otras personas dejen de trabajar para obtener sus ingresos, sino que obtendrían sus recursos a través del robo.
El castigo a los polizontes por ende, busca colocar costos suficientes para desestimular su realización en todos los mercados. Sin duda, siempre existirán personas que aún con existencia de altos niveles de castigos, realizan acciones de polizontes para beneficiarse del acceso a determinados servicios, sin los costos, los tiempos y los esfuerzos para alcanzarlos, pero ello es parte de los niveles de aversión al riesgo de las personas y de los costos y castigos establecidos por la justicia respecto a este tipo de acto.
Este principio, que es el eje del control de la lógica del “free rider” (polizonte) tiene una situación particular en los casos de educación superior. Un primer nivel de problema para mirar en lo mínimo refiere al caso de un estudiante que copia sin dificultad y que obtiene la mejor nota, lo cual crea un enorme riesgo moral de que todos en el curso realicen ese mismo camino para obtener sus notas. Una situación derivada de esta es la no terminación de los estudios y la falsa ostentación de la existencia de un título. En
tanto la educación tiene costos y sacrificios, y que los mercados laborales son variables, las personas en todo momento tienen ante sí la disyuntiva de seguir estudiando o ingresar plenamente a los mercados laborales con esas pocas o medianas competencias.
Los polizontes universitarios todos han sido estudiantes previamente. La alta deserción universitaria en Uruguay, una de las más altas de la región, facilita que muchas personas que han recorrido algunos trayectos universitarios, abandonen pero refieren como
si hubieran terminado sus estudios. La ausencia de la colegialización obligatoria, la falta de un registro nacional de las certificaciones, la baja diferencia entre salarios de egresados o el escaso control de las certificaciones ha determinado que esta situación se haya generalizado creando un problema de ética y también de externalidades a todos los profesionales. Son mercados que nadie controla, pero especialmente los del sector público como la Universidad de la República a nivel de educación superior, las remuneraciones (incluyendo a la reputación como salario) se tienden a asociar a las certificaciones y no siempre a las competencias
y el capital humano de las personas. Ello hace que muchas veces, se falsifique, implícita o explícitamente, la existencia y tenencia de un certificado. Ello no sólo deriva en una externalidad negativa o sea el ejercicio de una profesión sin las competencias correspondientes, sino además poder beneficiarse el no egresado en forma desigual respecto a las personas que hacen los esfuerzos. Ello crea un impacto moral en la sociedad y en el comportamiento de los demás profesionales. Al haber en los mercados
de ejercicio profesional, personas que aun teniendo los títulos, o diciendo tenerlos, carecen de las competencias, ello impacta en los niveles de riesgo de la propia contratación de los otros profesionales con impacto en sus salarios de contratación al menos. No sabemos cuántos supuestos profesionales circulan en el país sin que tengan títulos. Me pregunto por que el sistema político no ha establecido marcos normativos que establezcan penas para quien se hace pasar por profesional careciendo de esa condición.
