El conflicto presupuestario que atraviesan las casas de altos estudios del país ingresó en una etapa definitoria en los tribunales. La comunidad académica advierte que se agotaron los plazos legales y las posibilidades de dilación para que el Poder Ejecutivo Nacional acate la Ley de Financiamiento Universitario y cumpla de manera integral con la medida cautelar que exige la recomposición de haberes y becas estudiantiles.
La vía judicial y el reclamo de sanciones personales
Desde los claustros universitarios señalaron que la instancia judicial vigente ya no admite prórrogas. El foco está puesto en el juzgado de primera instancia a cargo de Martín Cormick, magistrado que debe resolver la aplicación de multas y punitorios personales a las máximas autoridades del área por el incumplimiento de la norma legal.
La medida cautelar dictada en el marco de la ley estipula que los salarios de la planta docente y nodocente, junto con las becas estudiantiles, deben retrotraerse a los valores reales de diciembre de 2023. Frente a este requerimiento legal, el reajuste otorgado por el Ejecutivo alcanzó apenas un 21 por ciento, cifra que dista ampliamente del 54 por ciento demandado para compensar el deterioro de los ingresos.
Un retraso salarial superior al 30 por ciento
El balance actual en las universidades públicas refleja una pérdida del poder adquisitivo superior al 30 por ciento para todo el personal universitario. En recientes audiencias judiciales, se desestimó el argumento oficial de que el porcentaje otorgado constituía un cumplimiento efectivo de la manda judicial, ratificándose que la legislación debe aplicarse en su totalidad.
Ante la falta de respuestas definitivas por parte de la administración central, la expectativa en el ámbito académico se concentra en la resolución judicial que fije los apercibimientos económicos directos contra los funcionarios responsables de garantizar las partidas presupuestarias del sistema universitario nacional.
Fuente: ahoraeducacion.com
