Frente a la falta de avances en la mesa paritaria salarial y al recorte proyectado en el proyecto de Presupuesto 2027, la comunidad universitaria nacional profundizó su plan de lucha. Los gremios y las autoridades académicas confirmaron la realización de la quinta Marcha Federal Universitaria para el próximo 15 de octubre en todo el país. En paralelo, en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires (UBA) se implementará un esquema de retención de tareas escalonado que se extenderá durante 23 jornadas consecutivas entre dependencias y unidades académicas.
Paritarias estancadas y desfase salarial La decisión de endurecer las medidas de fuerza se precipitó tras una nueva reunión con la Subsecretaría de Políticas Universitarias que concluyó sin acuerdos. Desde el sector gremial señalaron que el Ejecutivo insistió con la pauta del 3 % de aumento ya ofrecida a principios de mes, una cifra muy distante del más del 30 % que reclaman docentes y no docentes para equiparar la pérdida de poder adquisitivo acumulada.
Los representantes sindicales denunciaron que la administración nacional dilata los compromisos asumidos previamente y desoye la plena aplicación de los artículos centrales de la Ley de Financiamiento Universitario, ratificada por el Congreso de la Nación e instruida por medidas cautelares en el ámbito judicial.
Cronograma de protestas en la UBA A partir de este escenario, las representaciones sindicales docentes y nodocentes de la UBA consensuaron un cronograma de huelgas rotativas que comenzará el lunes 21 de septiembre con la paralización de actividades en el Rectorado. La dinámica continuará de manera progresiva por cada facultad e instituto, culminando el jueves 22 de octubre con una jornada de cese de actividades en el Hospital de Clínicas. Desde los gremios remarcaron que el conflicto trasciende la demanda salarial para instalar un debate sobre el sostenimiento estructural del sistema educativo superior y su función social.
Alerta presupuestaria para 2027 En simultáneo, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) expresó su profunda preocupación ante el proyecto de Presupuesto 2027 girado al Congreso. La iniciativa oficial contempla una asignación global de 7,3 billones de pesos para las casas de altos estudios, cifra que contrasta con los 11 billones estimados por los rectores para asegurar el normal funcionamiento operativo, el sostenimiento de programas y la cobertura salarial.
Para revertir esta brecha en el debate legislativo, el cuerpo que nuclea a las autoridades universitarias anunció una ronda de encuentros con legisladores nacionales de cada provincia y convocará a mandatarios provinciales antes de concentrar sus esfuerzos en la gran movilización federal de mediados de octubre.
Fuente: ahoraeducacion.com
