Tras la contundente demostración en las calles de todo el país, la disputa por el futuro de la educación pública pasó al terreno judicial. Este miércoles 13 de mayo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) dio ingreso formal al recurso extraordinario interpuesto por el Gobierno nacional con el objetivo de frenar la Ley de Financiamiento Universitario. Ante esto, la Universidad de Buenos Aires (UBA) emitió un duro reclamo exigiendo una resolución inmediata para aliviar la crisis, aunque desde el tribunal anticipan que los tiempos podrían dilatarse.
La presentación, impulsada por la Procuración del Tesoro de la Nación, busca suspender específicamente los artículos 5 y 6 de la norma, los cuales garantizan la actualización de los salarios docentes, no docentes y de las becas estudiantiles. Mientras el máximo tribunal evalúa el caso, la aplicación de la medida cautelar que favorecía a las universidades —y que ya contaba con el aval de primera y segunda instancia— queda paralizada.
Sin plazos y con la ventaja para el Ejecutivo
Fuentes allegadas a la CSJN confirmaron que los magistrados no tienen plazos legales para emitir su veredicto. Además, señalaron que no hay reuniones presenciales de acuerdo previstas para las próximas dos semanas. El escenario podría extenderse aún más si la Corte decide pedirle un dictamen a la Procuración General de la Nación, un paso que sumaría nuevas demoras.
Esta pausa judicial juega a favor de la Casa Rosada, que continúa sin transferir las partidas estipuladas por la ley. Frente a esta dilatación, el Consejo Superior de la UBA reclamó a la Justicia que se expida sobre la cuestión de fondo “a la mayor brevedad posible” para garantizar la vigencia de la norma y proteger al sistema educativo.
La urgencia del sector radica en números alarmantes: el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) advirtió que los salarios actuales son los peores desde la vuelta de la democracia, acumulando una pérdida de poder adquisitivo del 37,13% (el equivalente a casi 11 sueldos) desde diciembre de 2023. Paralelamente, los montos de las becas estudiantiles permanecen congelados: la Progresar se sostiene en 35.000 pesos y la Manuel Belgrano en 85.000 pesos.
La postura oficial y el camino recorrido
Desde el Gobierno, el secretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, minimizó el impacto de la reciente movilización y defendió el bloqueo de los fondos. “Vos podés juntar cien mil, un millón o cinco millones de personas, pero al otro día la restricción presupuestaria sigue estando ahí. La ley nació muerta porque viola el principio presupuestario”, argumentó el funcionario.
Por su parte, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez cuestionó los tiempos judiciales y recordó que, durante la pandemia de 2021, la Corte Suprema demoró apenas 18 días en fallar sobre la presencialidad escolar. “¿Cuánto tiempo se tomará ahora?”, se preguntó públicamente.
El derrotero de la ley ha sido extenso. Fue sancionada por el Senado en agosto de 2025 y vetada semanas después por el presidente Javier Milei bajo el argumento del “costo fiscal” (pese a que la Oficina de Presupuesto del Congreso calculó un impacto de apenas 0,23% del PBI). Tras el rechazo legislativo al veto, el Ejecutivo suspendió la norma por decreto. Esto motivó un amparo del CIN que derivó en un fallo favorable del juez Martín Cormick en diciembre, posteriormente ratificado por la Cámara de Apelaciones en marzo de 2026.
Ahora, la palabra final recae sobre la Corte Suprema, cuyo presidente, Horacio Rosatti, paradójicamente cuestionó hace pocas semanas la excesiva “judicialización de la política”.
Fuente: ahoraeducacion.com
