El pasado 30 de enero el presidente Mauricio Macri y el ministro de Educación Alejandro Finocchiaro anunciaron el relanzamiento del Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (Progresar) como una «nueva política educativa». No obstante, el decreto 90/2018 anuncia una reestructuración en los criterios de asignación y en la cobertura, que, al presentarse como un rediseño, genera la ficción de dar continuidad a lo que, para ser precisos, hace desaparecer.
Al menos tres cuestiones vale la pena someter a discusión para entender qué efectos tiene el nuevo decreto.
-La ampliación y el fortalecimiento no es más que el sinceramiento del ajuste
Entre las estrategias que se ha dado el Gobierno de Cambiemos para deshacerse silenciosamente de las políticas contrarias a la ideología que sustenta se encuentra el «dejar morir». Desfinanciar los programas o dejar sin tarea a los equipos de trabajo ha sido una modalidad recurrente en las políticas desde el inicio de su gestión. Solo entendiendo esos procedimientos es que es posible desocultar las falacias detrás del discurso de relanzamiento.
Primera falacia: aunque los anuncios auguran incrementar de 900 a 1600 pesos el monto base para todas las categorías de becas, el «nuevo» Progresar no significa un verdadero incremento por varios motivos. El primero es que estaba literalmente congelado desde el último aumento que concedió Cristina Fernández, en febrero de 2015, quien llevó el pago de 600 a 900 pesos mensuales. Desde entonces el ingreso mensual para los estudiantes se vio licuado por el proceso inflacionario. Los datos oficiales reconocen un 40% de inflación en 2016, un 25% en 2017 y proyectan una ya cuestionada inflación del 15% para el presente año. Si la erogación se incrementa un 77%, el aumento no es más que un sinceramiento del ajuste.
Segunda falacia: dicen ampliar lo que en realidad fueron reduciendo. A finales del año 2015, Progresar contaba con cerca de un millón de perceptores. Durante 2016 y 2017, los denominados «errores» técnicos en la carga y la validación de información repercutieron en la expulsión del programa de al menos el 50% del total de inscritos. Las bajas arbitrarias continúan siendo hoy un problema que ninguna instancia gubernamental ha asumido y reparado. Además, el nuevo Progresar fusiona en un solo programa una serie de becas preexistentes a nivel nacional. En el nivel superior, por ejemplo, las becas incluían población de cualquier edad o de hasta 35 años. El nuevo decreto, más que ampliar lo existente, impone nuevas restricciones al acotar el universo de potenciales postulantes al restringir las edades, hasta 24, y valorar el promedio académico.
-El fortalecimiento del carácter educativo del programa se reduce al traslado a la cartera educativa
El diseño del antiguo Progresar se fundó en el reconocimiento de la multidimensionalidad de los procesos de exclusión educativa. Por ello, la política articuló dispositivos como la prestación de servicios de cuidado infantil a solicitud de los titulares del derecho que fueran padres o acompañamiento tutorial para apoyar las trayectorias educativas.
Para un abordaje integral de las problemáticas juveniles en los sectores más vulnerados, contempló la participación de diez ministerios en la toma de decisiones referidas al programa. En la versión actual, se afecta deliberadamente tal característica del derecho a la educación, que forma parte también de todos los estándares internacionales a los que se ha obligado el Estado argentino.
La vieja perspectiva economicista respecto de las trayectorias estudiantiles, que solo una perspectiva individualizante respecto de lo social puede sostener, se actualiza en la política que propone volver educativo el beneficio solo por dos procedimientos: que la asignación monetaria la maneje la cartera de Educación y que los montos dependan de los resultados escolares.
-La meritocracia que instaura el nuevo decreto convierte un derecho en un premio
Si los derechos sociales son alcanzados por el principio de progresividad y no regresión, es decir, que toda medida estatal tendiente a garantizar un derecho no puede empeorar las condiciones vigentes de los titulares de dicho derecho, el relanzamiento no solo implica un desmantelamiento, sino también una vulneración de derechos. El nuevo programa establece cupos, ya que la asignación se realizará por estricto orden de mérito y somete una vez más a competencia a los grupos más vulnerables, en lugar de continuar garantizando la protección a todos quienes cumplan con los requisitos, bajo el principio de universalidad del derecho a garantizar. Y redoblan la apuesta premiando los mejores rendimientos como si fuera una cuestión de los individuos.
La vieja argucia meritocrática por la cual el rendimiento es efecto de los dones y los esfuerzos personales invisibiliza las desigualdades sociales que no se limitan a los ingresos, sino que atraviesan la segregación geográfica, la falta de acceso a la vivienda, a un trabajo formal y las prestaciones sociales que ello contiene, a la alimentación, al transporte, a tiempo liberado de necesidades para destinarlo al estudio, entre otras cuestiones que el Gobierno de Cambiemos no ha hecho más que empeorar con el aumento de la pobreza, el desempleo, la eliminación de impuestos progresivos acompañados de tarifazos en servicios básicos.
Avanzar en la justicia social no es, como cree el Presidente, un tema de filantropía que se soluciona en los términos que expresó: «Cada chico que lo necesite va a tener su beca y lo vamos a apoyar». Implica reconocer que la sociedad y no sus individuos deben comprometerse a superar las desigualdades e injusticias que son sociales y cuyas causas no residen en los talentos personales. Si se renuncia a estos principios, lo que se relanza es la restauración de paradigmas que creíamos superados, a la par que se desmantelan conquistas ciudadanas.
Fuente: Nora Gluz (investigadora Filosofía y Letras y Ciencias Sociales de la UBA) y Marcelo Ochoa (magíster en Derechos Humanos y Democratización para América Latina y el Caribe, Unsam) para www.infobae.com
