La política educativa del gobierno podría denominarse “de tierra arrasada”. Con la confesada táctica de probar hasta donde le es posible avanzar, reduce la educación pública cuanto puede, a la vez que compadece a los que “caen” en ella. (Mauricio Macri, 20/3/17.) La decisión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de clausurar los 29 Institutos de Formación Docente de su jurisdicción es un experimento del anunciado cierre de todos los Institutos del país, que comenzó en Jujuy y Mendoza. Esta medida forma parte del programa de reducción de las plantas de docentes estatales impulsado por las políticas de mercantilización de la educación de la Organización Mundial del Comercio (OMC), especialmente en el apartado IV del Acuerdo General de Servicios de 1995, y en la inclusión de la educación superior en la lista de bienes transables por parte de la Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico (OCDE), en 1999.
Ambas organizaciones establecen de manera agresiva la liberalización del comercio de la educación por parte de los países miembros. El panorama internacional de la educación ha sufrido un salto cualitativo, con antecedentes en los años ’80, cuando el Banco Mundial y el BID eran la cara visible del proceso de globalización de la política educativa de concepción empresarial. El avance de las corporaciones fue contenido durante la década kirchnerista con políticas de fortalecimiento de la educación pública, pero las fundaciones, ONG, y cabezas de playa de grandes corporaciones ya habían hecho pie en el país y estuvieron en condiciones de avanzar hacia la ocupación del espacio público educativo, en cuanto el gobierno de Cambiemos encendió la señal verde.
El antagonismo entre educación pública y educación privada no es el mismo que atravesó la segunda mitad del Siglo XX. Ahora grandes corporaciones van por la totalidad del mercado educativo, cuya clientela se reproduce infinitamente. A la vez han establecido reguladores de ese mercado. Entre otros, deben destacarse la destrucción de los convenios colectivos de trabajo de los educadores, como parte de la profunda reforma laboral, y su sustitución por “facilitadores”, “tutores”, “líderes”, formados en breves cursos financiados por las grandes empresas, mediante sus programas de “acción social”.
Derogar las instituciones y los símbolos que constituyen el Estado nacional está tomando magnitudes que ningún gobierno anterior había alcanzado. La Revolución Libertadora intentó borrar todos los signos del peronismo, pero no de la República, y las Dictaduras cívico-militares se identificaron como restauradoras de esta última, aunque sus políticas han sido de asesinato, endeudamiento y entrega. Los tataranietos de la antigua oligarquía, ahora CEOS o accionistas de las corporaciones transnacionales, están dispuestos a borrar hasta los cimientos instalados por sus antepasados no solamente sustituyendo sus retratos en los billetes por imágenes faunísticas, sino una a una las instituciones creadas por conservadores, radicales, peronistas, socialistas, en cuyo ámbito vivió el país durante doscientos años.
Quienes nos están gobernando han elegido arrasar la tierra con transgénicos, vaciar las minas a cielo abierto, barrer los derechos sociales y liquidar la educación pública. No asombra que recorten la enseñanza de la historia, ni que quieran impedir la formación de los docentes en estudios latinoamericanos, cerrando esa orientación entre los postítulos que ofrece el Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD), o que algún día el noticiero de la mañana nos anuncie que el Cabildo será demolido para dar lugar a un desarrollo inmobiliario. La clausura de los institutos de formación docente de la Ciudad de Buenos Aires forma parte de la misma serie ideológica. No solamente produce un desgarro que llega hasta el fondo de nuestra historia, sino que abre profundas incertidumbres sobre el futuro. La medida es la más clara evidencia del carácter inverso de la política educativa macrista, respecto a la que fundara nuestro sistema de educación en la segunda mitad del Siglo XIX.
Es flagrante la ausencia de una concepción innovadora, así como la consideración de la experiencia más que centenaria del país en la formación de los docentes, así como de los cambios que la han mejorado durante los años recientes. Pero los gestos fundadores que acompañan la política educativa del gobierno son efímeros. Es que el terreno sobre el cual se sostienen no acepta nuevas consistencias: es el libre mercado. En él navegan las productoras de paquetes de contenidos digitalizados, de pruebas de evaluación, programas de gestión privada de universidades públicas (varias de las cuales son administradas por bancos internacionales), convocatorias para la formación de un nuevo tipo de educadores. Nada menos adecuado a la gestión de los intereses del mercado que la gestión estatal de la formación docente; ésta supone procesos de mediano y largo plazo, enseñanzas perdurables, vínculos humanos entre docentes y alumnos.
Ahí está el problema, precisamente. El vínculo pedagógico tiene la particularidad de producir un plus, un excedente, que no es otra cosa que cultura, que humanidad. Incluso cuando los profesores entran y salen corriendo de los Institutos y de los colegios para ir juntado su salario en una sumatoria de instituciones, cuando se los denigra adjudicándoles el origen de todas las insuficiencias de la educación, cuando se suspende la capacitación a la que obliga la Ley de Educación Nacional, No.26206/06, docentes y alumnos vinculados son irreductibles a objetos en condiciones de ser ofrecidos en las estanterías de los supermercados internacionales de la educación. No solamente es caro sostener ese vínculo sino peligroso hasta el punto que los chicos toman los colegios y los docentes no solo hacen paros para defender lo que consideran sus derechos, sino que opinan acerca de las políticas que afectan su labor profesional.
Al respecto son ejemplares los documentos elaborados por los distintos departamentos del instituto nacional de formación Joaquín V. González (fundado durante el segundo gobierno de Julio A. Roca por el homónimo ministro en 1904) rechazando la reforma del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, denominada “Secundaria del futuro”. El Departamento de Biología, por ejemplo, pone en evidencia que el enfoque de la enseñanza de las ciencias “atenta contra la diversidad de modos de conocer y de aproximación a los contenidos, visualizándose una mirada reduccionista en lugar de holística”, rescata el rol del docente como educador y no como mero “facilitador” entre el alumno y la tecnología. En tanto, el Ministerio de Educación de la CABA informó a los rectores que los docentes titulares podrán perder su rol y ser designados como preceptores, y nada dicen sobre el destino de los interinos y suplentes.
La degradación llega a carreras de prestigio, como el traductorado que se dicta en la Escuela Normal de Maestras en Lenguas Vivas (o “Lengüitas”), cuyo destino no se ha decidido, y a los títulos que serán jurisdiccionales hasta que se normalice la Universidad Docente de la Ciudad (UNICABA), uno de los más insólitos inventos de este gobierno fundador. La UNICABA se creó para reemplazar a todos los insitutos de formación de la ciudad, pese a que Macri ha opinado públicamente que hay un exceso de universidades públicas en el país, y que la Universidad Pedagógica Nacional (UNIPE) tiene su sede central en esta ciudad. La UNIPE fue fundada durante nuestra gestión, en el gobierno de Felipe Solá, en el año 2007, con el objetivo de ofrecer la posibilidad de continuar estudios a los graduados en los IFD, no de eliminarlos ni de superponerse a ellos, así como de jerarquizar el status de la formación docente. La UNIPE fue instituida como Universidad Nacional por unanimidad del Congreso de la Nación en 2014. Es una institución que está normalizada, en pleno funcionamiento y ya cuenta con prestigiosos reconocimientos nacionales e internacionales.
La intención de desintegrar el sistema de formación docente por parte del gobierno es muy clara, así como un alto grado de improvisación que redunda en la manipulación del sistema de educación en su conjunto. La pérdida de su trabajo en los institutos impulsará seguramente a los docentes a buscar su reemplazo en la oferta que a todas vistas está creciendo por parte de institutos privados, donde se los incorporará como monotributistas y con salarios inferiores. Esa situación laboral es materia de denuncia por parte del sindicato de docentes privados, SADOP. Entre los institutos privados son fuertes los católicos, pero en el horizonte avanza un sujeto distinto: las nuevas iglesias evangélicas. (No me refiero a las iglesias históricas.) Sus discursos están cargados de pedagogía, con innegables parentescos con el tono de fundaciones como Cimientos. (Ver “Encuentro de jóvenes” en cimientos.org.) La prédica desligada de los problemas reales, de la historia, de la ciencia, reducida a generalizaciones espirituales, se propone formar “facilitadores”, “líderes” de nuevo tipo, ha encontrado lugar en el mercado y es modelo de discursos con alto poder pedagógico por parte de funcionarios macristas.
Frente al discurso oficial que apunta a la descalificación de los docentes en camino a la desarticulación del sistema de educación, se requiere valorizar la tarea de los Institutos de Formación Docente, de su gobierno colegiado, de sus avances pedagógicos en una época de tremendos cambios culturales y tecnológicos. No abandonemos el futuro a las inciertas políticas de comercialización de la educación de las nuevas generaciones. Tenemos opciones en nuestra propia experiencia.
Fuente: Adriana Puiggrós para www.elcohetealaluna.com
