Profesionales de la salud y la educación lograron frenar una investigación que, desde 2018, se desarrollaba con niñas y niños de jardines públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cuyos resultados se aplicarían a nivel a nacional. Estiman que se buscaba detectar «trastornos neurocognitivos», con el fin de ser tratados y controlados con medicamentos, además de ofrecer capacitación a los docentes para abordarlos. Lo que se dice todo un negocio.
La doctora en psicología Gabriela Dueñas participó de esta denuncia y asegura que el estudio violaba «todos los principios de bioética y derechos de las infancias, y se trata de otro negocio que avanza de la mano de las Fundaciones Ineco y Favaloro, con el aval del Ministerio de Educación».
«No a la investigación titulada «Validación/Evaluación en la Argentina de la Prueba Pre-académica» en CABA». Así comienza el comunicado difundido desde fines de febrero pasado por profesionales de la salud y la educación reunidos en el Frente Ciudadano por la Salud, la Organización Mundial para la Educación Preescolar (Omep/vicepresidencia para América latina) y la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE).
El documento repudiaba y alertaba sobre la investigación «presentada por la licenciada Laura Beatriz Steinberg al Ministerio de Educación de la CABA», que tenía como destinatarios a niñas y niños de veinte establecimientos educativos públicos del nivel inicial. El estudio fue aprobado por el ministerio porteño, a pesar de que sus propios organismos de consulta y control señalaban la necesidad de ser prudentes «porque se corrían serios riesgos de infringir normas internacionales y nacionales de derechos humanos y educativos».
Sobre todo —continúa el comunicado— porque se valieron para comenzar con la prueba de «un simple consentimiento de las familias de estos niños y niñas, que realmente desconocen para qué se utilizarán estos estudios, qué tratamiento se dará a la información recabada y la naturaleza de la misma investigación».
Recordaron que fue «la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) quien llamó la atención sobre el convenio que se estaba firmando», además de señalar que se vulneraban derechos de las familias al pedirles que firmen un acuerdo para que sus hijos sean parte del experimento sin demasiadas explicaciones. Y por si fuera poco que desconoce el lugar del docente en este proceso.
El documento de alerta remarcaba que en los fundamentos de este estudio, que denunciaron y consiguieron que no avance, el equipo de investigación asevera de antemano que «los trastornos de aprendizaje se multiplican en forma exponencial». Una afirmación que se ofrece «sin ninguna documentación que la respalde» y por eso calificaron de «temeraria, además de falsa». Según consideran los profesionales que repudiaron este experimento, lo que queda expuesto es la tendencia a la «patologización y medicalización de la infancia».
Otro dato sobre el que llamaron la atención es que la investigación no hacía mención a que se estuviesen realizando estudios similares «sobre niños y niñas de otros sectores sociales más altos, con lo que podríamos estar, además, ante un caso de estigmatización educativa de la pobreza, cosa que ya hemos notado lamentablemente en otras afirmaciones que provienen de sectores cercanos a las neurociencias».
También estimaron preocupante que el título de la investigación hiciera referencia a la situación «en Argentina», cuando se propone realizar un trabajo en 20 escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, «pretendiendo una extensividad que la investigación no posee».
«Es necesario advertir que no estamos en contra de los estudios o investigaciones que se consideren pertinentes para mejorar la educación de nuestros niños y niñas», aclararon en la manifestación pública y señalaron que estas indagaciones deben realizarse «en las condiciones y modalidades que no afecten derechos ni condiciones educativas» de las infancias.
A pesar de las quejas expuestas por diferentes referentes de la salud y la educación, el proceso se inició a fines de 2018 y estaba previsto que se extendiese en este nuevo ciclo escolar. En el documento se adelantaba que un grupo de familias preparaba «una medida cautelar para detener su implementación». «Desde nuestras organizaciones acompañamos esta intención, ya que no podemos permitir que se vulneren derechos de los niños y niñas y de sus familias de ninguna manera. En particular, se están afectando los derechos a estar debidamente informados, a participar y ser consultados, y al acceso a la información pública, que resguardan los convenios y pactos internacionales de derechos humanos y numerosas leyes y normativas nacionales», expresaban en aquel comunicado.
Gabriela Dueñas, también psicopedagoga y licenciada en educación, y conocida especialista que trabaja contra la medicalización y patologización de las infancias, pide a las familias y docentes estar alertas ante este tipo de investigaciones. Dice que si bien lograron que el Ministerio de Educación porteño disponga frenar el estudio, «no descartan que se vuelva a intentar su aplicación en cualquier otro lugar del país y en la misma ciudad (de Buenos Aires)». «Por eso estamos siempre en estado de alerta contra estas iniciativas del mercado de la salud», expresa.
Dueñas recuerda que el experimento de CABA estaba impulsado «por las Fundaciones Ineco, cuyo referente más conocido es Facundo Manes, y Favaloro. Un estudio cuya aplicación violaba todos los principios de bioética, derechos del niño y ley de educación».
También destaca que la primera señal de alarma haya llegado de parte de una maestra de nivel inicial, luego de leer el papel que se les enviaba a las familias solicitando asentimiento para que sus hijos participen de esta investigación. «La nota hablaba de la realización de un estudio para prevenir problemas de aprendizaje, sin dar muchas explicaciones», repasa Dueñas. Enseguida el sindicato docente (UTE) tomó conocimiento de esta advertencia.
La sospecha que tiene este grupo de profesionales —siguiendo los argumentos de Dueñas— es que con estas investigaciones se buscan detectar trastornos de aprendizajes de todo tipo, entre otros males. «Lo que viene después es el tratamiento con drogas psicoactivas», además de tratamientos conductuales, y desde ya capacitaciones sobre la problemática para las docentes.
Fuente: Marcela Isaías para https://www.lacapital.com.ar/
