Se ha normalizado que los indígenas sean pobres, no accedan a ciertos puestos de trabajo, no ocupen cargos de poder y no lleguen a la educación superior. Con diferentes formas de expresión, tanto las abiertamente visibles en las conductas personales, como en las de carácter más estructural, existen aún manifestaciones que atentan contra las posibilidades que las personas pertenecientes a pueblos originarios o afrodescendientes culminen la educación secundaria y accedan a educación superior, aunque sea gratuita.
La mayoría de los países latinoamericanos ha adoptado enfoques positivos e innovadores para asegurar los derechos educativos de estos pueblos, establecidos en varios instrumentos internacionales. En el caso de Argentina, la vigencia de estos derechos se expresa incluso en el artículo 75 de la Constitución Nacional. Hacia esa meta avanzamos -con un grupo de referentes de Educación Superior reunidos por la Cátedra UNESCO de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF)- con el proyecto de modificación parcial de la Ley de Educación Superior (LES), bajo el convencimiento de que es preciso dotar al Estado de un rol más activo en relación a la implementación de políticas de inclusión educativa para estos pueblos.
Eso implica activar mecanismos y programas de educación intercultural para toda la población; garantizar recursos materiales y económicos; impulsar programas de apoyo institucional y acceso a servicios de conectividad; promover la generación de conocimientos basados en modalidades de colaboración intercultural, y fomentar la participación de sus representantes en instancias consultivas y decisorias.
La Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) transita un camino de múltiples acciones para promover el ingreso y la permanencia de jóvenes de pueblos originarios, teniendo en cuenta que Río Negro tiene el 7,1 por ciento de la población que se reconoce indígena. Ese porcentaje es casi el triple de la media nacional de 2,4 por ciento. Cabe advertir que hay evidencias que indicarían un subregistro. Actualmente, tenemos 575 estudiantes cuyos apellidos pertenecen a pueblos originarios o se autoperciben como pertenecientes a los mismos, representando apenas el 5,7 por ciento del total de su matrícula. El “Programa Línea Sur”, que tuvo como objetivo el acceso a la educación universitaria de poblaciones de pueblos originarios rionegrinos; el Programa de Extensión “En Boca de Todos” que atiende la salud bucal de la población de los parajes de la meseta rionegrina; la financiación de proyectos de investigación, desarrollo e innovación y la implementación de cursos y proyectos de voluntariado; el programa de becas con una línea específica para estudiantes provenientes de esos pueblos y el cupo protegido para esos estudiantes en aquellas carreras con numerus clausus, tienen como finalidad aportar al desarrollo local y regional y a la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la región.
Más allá de los esfuerzos realizados, resulta evidente que es necesario actualizar la LES, promoviendo que la ley sea pertinente y relevante respecto de la diversidad cultural de nuestro país, tal como lo recomendó la CRES en 2008 y la CRES en 2018. La LES debe servir de base para el diseño de políticas y programas específicos, deliberadamente orientados a fortalecer las experiencias en la materia que han venido desarrollando algunas universidades.
Fuente: Juan Carlos Del Bello, Rector de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), para www.pagina12.com.ar