En momentos en que se debate en el Congreso Nacional el presupuesto de las universidades nacionales es oportuno reflexionar sobre los criterios con los que se determina y aprueba, ya que el mismo no solo condiciona el desempeño del sistema en su conjunto, sino porque a su vez afecta sus posibilidades de incidir en el proceso de desarrollo nacional, dado los fines trascendentes de la universidad pública argentina.
En términos generales, y como en todo organismo público, el presupuesto se determina en base al anterior, lo que garantiza la reproducción de la estructura existente y, en este caso, reflejaría de modo aproximado la matrícula de cada institución. Esta “asignación de base histórica” suele ser criticada dado que incentivaría mantener el statu quo en cada institución, ya que no impulsaría mejorar la calidad o los resultados.
En los últimos años, se procuró que los recursos adicionales sean el resultado de esquemas basados en fórmulas o “modelos” que tiendan a recompensar logros estimados como deseables. Para ello, y en cumplimiento de la Ley de Educación Superior vigente, se ha conformado un Modelo de Asignación Presupuestaria, producto de diferentes acuerdos del Consejo Interuniversitario Nacional desde hace ya casi dos décadas, con el fin de determinar un presupuesto normativo deseable para cada institución y contribuir así a una asignación cada vez más equitativa de los recursos que atienda objetivos de calidad y escala, conforme la estructura desarrollada. Naturalmente, este modelo excluye a las universidades que no tengan más de diez años de funcionamiento, las cuales se encuentran en pleno proceso de desarrollo institucional y organizacional y, por tanto, no cuentan aún con parámetros suficientes para un cálculo como el que propone este Modelo, situación en la que se encuentra actualmente casi el 30 por ciento de las instituciones del sistema público universitario.
Por esta razón, el presupuesto de las universidades nacionales de reciente creación no puede reducirse al mero reconocimiento de la estructura alcanzada a cierto momento, ni a una cuestión de eficiencia económica estática, tal como suele hacerse de manera reduccionista desde ciertos medios, ya que su existencia misma y progreso inicial responde a razones de naturaleza esencialmente política, como la necesidad de redistribuir el acceso al conocimiento, en un marco de desarrollo del sistema en su conjunto. En efecto, en la última década el presupuesto universitario global paso del orden del 0,5 al 1,02 por ciento del PIB, lo que implicó una inversión educativa creciente no sólo en cantidad de nuevas instituciones incorporadas, sino también en cuanto a más presupuesto real por institución, lo que se ha reflejado en una mayor matricula de estudiantes universitarios, la implementación de nuevas carreras y de diferentes programas de desarrollo y mejoramiento de la calidad educativa en base a indicadores objetivos y proyectos elegibles, los que a su vez redundaron en el desarrollo de las estructuras de funcionamiento de las universidades, su labor y resultados y, con ello, la base de sus presupuestos históricos.
Bajo este esquema, se han venido aprobando fondos específicos para cada universidad y fondos globales para programas de desarrollo, junto con asignaciones adicionales extraordinarias, también globales, para financiar inversiones, programas especiales, acciones estratégicas prioritarias en función de políticas de Estado e incluso para atender situaciones de necesidad y urgencia tales como incrementos inesperados de la matrícula. Su virtud estriba precisamente en tender a evitar los incrementos individuales negociados de manera discrecional, sin sustento en políticas genuinas de desarrollo y/o necesidades comunes evaluadas con rigor sistémico.
Es sabido que, más lejos en el pasado, en otros contextos de ajuste fiscal, el presupuesto universitario era crecientemente insuficiente y los fondos específicos de cada institución eran el resultado de una base histórica siempre menguante en términos reales, salvo por los incrementos resultantes del “presupuesto negociado” con las autoridades de turno o en el marco del tratamiento parlamentario. Dicha realidad constituía un terreno fértil para que germinara la tentación de negociar caso por caso las asignaciones extra que complementaban el núcleo presupuestario de cada una de las instituciones.
Por el contrario, el modelo de pautas que fuera construido en base a la participación activa de las universidades permitió organizar un sistema tendiente a una distribución cada vez más racional de los recursos y que tuviera presente a su vez la realidad singular en la que cada una de ellas desenvuelve su labor. Se trata de un resultado laboriosamente construido y consensuado teniendo en cuenta la historia y la realidad fiscal argentina por décadas.
El presupuesto universitario 2017, actualmente en tratamiento parlamentario, nos enfrenta al desafío de sostener dicho modelo en un nuevo contexto. Al presente, se estima que 13 universidades de las 56 existentes (no todas ellas en funcionamiento) atraviesan dificultades financieras y necesitan asistencia urgente, a la vez que los fondos adicionales globales previstos en el presupuesto vigente han sido objeto de debate en torno a la forma e intensidad con que han sido aplicados.
Se trata de un presupuesto que implica una proporción cercana al 0,99 por ciento del PIB y que, en consecuencia, expresa un congelamiento de la realidad presupuestaria actual sin mayor contemplación de las necesidades pendientes ni de fondos adicionales para el desarrollo del sistema o para su mejoramiento, o del direccionamiento de la inversión pública en educación universitaria hacia objetivos de interés nacional, como así tampoco de recursos extraordinarios para arbitrar soluciones a los problemas financieros urgentes que ya se observan.
En este contexto, y al tiempo que el presupuesto es tratado en el Congreso, se produce el retorno a la negociación de asignaciones extraordinarias ya distribuidas para un puñado de instituciones que, en algunos casos, llega a representar el 15 por ciento del presupuesto previsto por el Ejecutivo; situación que sin duda cierra las puertas a la solución de los problemas que enfrentamos y, lo que es aún más importante, a la construcción de un sistema universitario cada vez más equilibrado y en el cual los recursos se distribuyan de acuerdo a criterios capaces de articular objetivos de calidad científico-académica y equidad socioeducativa.
Es indispensable proseguir con el esfuerzo colectivo por las buenas prácticas en materia presupuestaria para poder arbitrar las soluciones a los problemas reales, establecer refuerzos transparentes para todas las universidades en base a este modelo de pautas y, sobre todo, asegurar fondos para el desarrollo del sistema universitario para no retornar al histórico modelo con que funcionó el sistema por décadas, no solo por un mero afán institucionalista por sostener reglas que, aún cuando precarias, nos garantizan equilibrio y una mínima racionalidad en la asignación de fondos, sino en genuina defensa de la universidad pública.
* Rector de la Universidad Nacional de Moreno
Fuente: www.pagina12.com.ar
