Los profesores privados exigen las mismas condiciones laborales y jubilatorias que sus pares de las universidades públicas.
Los profesores de universidades privadas cuando se jubilan lo hacen como si fueran empleados de comercio. Son el único sector de la docencia que no entra dentro de los regímenes especiales que benefician a los educadores. No se les aplica la ley 24.016, ni tampoco la ley 26.508, sancionada en 2009, que significó la incorporación de la mayoría de los docentes universitarios a la jubilación especial. En 2005, ya se habían restablecido los regímenes jubilatorios de docentes universitarios nacionales e investigadores. Los requisitos para acceder al régimen especial son: tener 25 años de servicios universitarios y que por lo menos diez de ellos hayan sido al frente de alumnos; las mujeres puedan jubilarse a partir de los 60, mientras que los varones cuando cumplen 65. Existe la posibilidad de permanecer en actividad hasta los 70 años. El monto de la jubilación alcanza el 82 por ciento de las remuneraciones al cese del cargo, o sumatoria de cargos y dedicaciones ejercidos en forma continua o discontinua por un período de 60 meses, con un límite de 50 horas semanales.
Pero a los profesores de universidades privadas “se les exige en muchos casos que se paguen su propio aporte jubilatorio, porque les otorgan tareas a cambio de la retribución de honorarios contra entrega de la correspondiente factura. Los consideran lisa y llanamente servicios ofrecidos por monotributistas, pese a la permanencia, continuidad y habitualidad de las tareas, constituyendo esta práctica patronal un fraude a la ley laboral”, detalló Almirón. Un empleado de comercio debe realizar como mínimo 30 años de aporte para jubilarse.
En diálogo con Página/12, el dirigente del Sadop aseguró no conocer ningún sistema educativo en el mundo donde suceda algo así. Los docentes, explicó, reciben ese trato diferencial porque las condiciones de trabajo son especiales. “Se produce un desgaste mayor que el realizado por el resto de los trabajadores –remarcó Almirón–, es una tarea que afecta la salud. El docente está expuesto mucho tiempo al contacto y a la atención permanente de muchas personas. Hoy se le llama riesgo psicosocial del trabajo, antes se llamaba estrés.”
Otro hecho que destacó el dirigente sindical es que los docentes de universidades privadas son los únicos del sector que no poseen negociación ni convenio colectivo aplicable. La inestabilidad laboral es otro de los ejes que los preocupan, junto con la negativa de la mayoría de las universidades privadas a reconocer la antigüedad de los docentes, un aspecto “muy valorado y buscado, que además sirve para mejorar el salario”.
Almirón reconoció que es muy difícil para algunos profesores animarse a sindicalizarse, ya que por la vulnerabilidad en la que se encuentran corren el riesgo de ser echados en cualquier momento. “Cuando algún compañero es electo delegado, automáticamente buscan despedirlo, es una práctica muy habitual”, contó.
“Si la creación de las universidades privadas y la ‘oferta’ de carreras responde más a las leyes del mercado que a un plan educativo pensado para el desarrollo del país, se constata también que se le aplican esas leyes de mercado a la mayoría de los docentes dependientes de esas casas de altos estudios. No hay otra lógica posible para la mayoría de las patronales privadas de la educación superior”, reflexionó Almirón. Para cerrar, dijo que estas universidades terminan formando los “cuadros técnicos” que después manejan las grandes empresas, “para que todo siga como está y profundizar la desigualdad”. “Este Gobierno –apuntó– grafica eso, todos vienen de empresas, ninguno salió de un gremio.”
Fuente: Gastón Godoy para www.pagina12.com.ar
