Por Adriana Puiggrós
El gobierno terminó el año aplicando la teoría Bullrich, consistente en avanzar en varios frentes al mismo tiempo para entretener a los adversarios, mientras se afirma en el que puede. En esta oportunidad, en materia de educación, han sido más retrocesos que avances los del gobierno nacional y el de la CABA, lo cual no quiere decir (¡cuidado!) que estén dispuestos a escuchar las voces que se multiplican advirtiendo que el sistema educativo no es un juguete, y rever críticamente su política. No obstante, han debido suspender el tratamiento del proyecto de creación de la Universidad docente de la CABA con la cual pretenden sustituir a los Institutos de Formación Docente, y avanzan a medias con la “Secundaria del Futuro”. Ambas fueron presentadas como innovaciones que podrían fin a instituciones “caducas”, a las cuales clasifican como parte de la “herencia recibida”.
Al mismo tiempo entregan la educación inicial a la Fundación Conin de Abel Albino, un médico que culpa a la promiscuidad de la malnutrición, defiende la virginidad, ataca la anticoncepción y está obsesionado por las uniones “contra natura”: rara manera de “innovar” en la educación de los más pequeños y contradictoria decisión con la actitud fundadora de Cambiemos. Con una mano desechan los centenarios Institutos y con la otra retroceden al medioevo. Detengámonos en el drama de los Institutos. Sepamos ante todo que aquella medida ya avanzó en varias provincias, obviamente encabezadas por Jujuy. En la CABA son 29 Institutos públicos. El gobierno de la ciudad se propone cerrar todos de golpe y ya suspendió la inscripción de la cohorte 2018.
Los sustituiría una Universidad docente de la jurisdicción. No expone fundamento pedagógico ni programa alguno para esa universidad, excepto que usará un subsidio de 35 millones del BID para la construcción de su edificio, abriendo por ahora una carrera en la sede de la escuela Juan B. Justo y diciendo con toda frescura que los docentes titulares de los Institutos no perderán su antigüedad pero que podrán ser designados como preceptores; de los suplentes e interinos nada se sabe, y por ahora los títulos que entregará la UNICaba serán jurisdiccionales y todavía no nacionales… La comunidad educativa no ha sido consultada, ni escuchada, porque las medidas están orientadas por la convicción de que hay que terminar con el pasado, léase la historia, nuestras raíces, la experiencia educativa acumulada, para implantar algún modelo de educación sin docentes, visto casualmente por algún funcionario en una excursión “internacional”. Cierto es que la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas fue fundada hace mucho, en 1873; el Instituto Superior del Profesorado Joaquín V. González, en 1904, el Instituto Nacional de Educación Física Enrique Romero Brest, en 1906; la Escuela Normal Superior Nº 6 Vicente López y Planes tiene 103 años, y sigue la lista con antecedentes semejantes. Dicho de esta manera, resulta algo caduco el proyecto de formación docente en el que tanto esfuerzo puso Joaquín V. González. Hasta podríamos echarle algunas culpas y, si vamos a fondo, habría que condenar al primer culpable, el pionero, el fundador de la Escuela Normal de Paraná en 1869, Domingo Faustino Sarmiento.
Allí comenzó la fabricación de maestros, que hoy se cuentan de a cientos de miles y no solamente pesan en el presupuesto sino que pretenden imponer negociaciones colectivas y opinar sobre planes, programas, contenidos y políticas. Laicos, la mayoría. Pero el ataque a los Institutos ha sido rechazado también por el Consejo Superior de Educación Católica (Consudec) y por el cardenal Poli, jerarquía que responde plenamente al papa Francisco, quien pidió al gobierno que retire el proyecto y abra un diálogo con la comunidad educativa. Este hecho demuestra que el proyecto educativo que intenta imponer el gobierno responde al proceso de mercantilización de toda la educación, que encabezan las grandes corporaciones informáticas, editoriales, financieras, y que ha pasado desapercibido en nuestro país durante los años del kirchnerismo. La venta de campus inteligentes, de paquetes de contenidos y la evaluación correspondiente, la formación rápida de “facilitadores” que sustituyan a los docentes, los préstamos para el pago de aranceles, la administración de instituciones educativas públicas por parte de entidades financieras privadas, son algunos de los artículos que se ofrecen en las estanterías del supermercado internacional de la educación.
La formación de docentes en carreras de cuatro años o más de duración representa un mal negocio, tanto desde el punto de vista de la inversión como desde una política desarraigada de la vida de la sociedad, de su pasado y de su futuro. Pero hay surrealismo en la política educativa del gobierno de Cambiemos: pretender cambiar la prestigiosa formación de docentes del nivel inicial en el Instituto Superior de Formación Docente Sara Eccleston por las propuestas de la Fundación Conin, en nombre de la superación de la “herencia recibida”, es desafortunado. ¿No sería mucho más sencillo, respetuoso, abrir la discusión con los docentes, los directivos, los organismos sindicales, los estudiantes, los pedagogos y especialistas de las universidades y tratar con seriedad el tema de la formación docente? Está, empero, la brecha. La que separa a quienes conciben la educación como una condición para la vida de la sociedad y quienes sólo ven en ella posibles negocios.
* Doctora en Pedagogía. Ex diputada FpV.
