El debate presupuestario para las universidades nacionales vuelve a ingresar en una fase crítica tras la presentación formal de las partidas oficiales en la Cámara de Diputados. El proyecto de Presupuesto 2027 estipula en su artículo 12 una partida global de $7,34 billones destinada al funcionamiento, inversión y programas del sistema universitario. La cifra expone una disparidad directa con la propuesta formulada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que estima indispensables cerca de $11 billones para asegurar la operatividad académica e institucional durante el ciclo entrante, lo que representa una diferencia cercana al 51%.
La brecha de casi $4 billones sitúa a las transferencias a las casas de altos estudios como uno de los núcleos más complejos en las negociaciones legislativas. Desde la Casa Rosada advierten que no se realizarán modificaciones que pongan en riesgo la pauta de equilibrio fiscal sin una contrapartida explícita de recorte en otras dependencias del Estado.
La propuesta del Consejo Interuniversitario y el condicionamiento de transferencias
Frente a este escenario, las autoridades del CIN —bajo la conducción de su titular, Franco Bartolacci, y del vicepresidente, Anselmo Torres— preparan su exposición ante las comisiones del Parlamento para sustentar técnicamente los requerimientos financieros de cada región.
Paralelamente, el texto normativo incorpora cláusulas de control que facultan al Ministerio de Capital Humano, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, a retener remesas en caso de demoras en la rendición de cuentas. Las instituciones deberán suministrar información periódica y estandarizada sobre la asignación y ejecución del gasto como requisito previo a la acreditación de recursos. En este plano, la fiscalización externa continúa regida por la Auditoría General de la Nación (AGN), organismo que mantiene procesos en curso en dependencias de la Universidad de Buenos Aires y en más de una docena de universidades públicas del interior del país autorizadas por la Comisión Mixta Revisora de Cuentas.
El deterioro salarial y la conflictividad gremial
En el plano laboral, las asociaciones gremiales que integran el Frente Sindical de las Universidades Nacionales intensifican sus acciones en reclamo del pleno cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Mediciones conjuntas de FEDUN y el CIICTI revelan que el poder adquisitivo del sector docente y no docente acumula un retroceso real del 25% desde fines de 2023, requiriendo un ajuste correctivo del 33,4% para recomponer los niveles de compra, sumado a una contracción real del 21,9% en el financiamiento operativo global del sistema.
Las federaciones reclaman la apertura urgente de paritarias y advierten que las partidas vigentes presentan un desfasaje que demanda una ampliación inmediata de $1,6 billones para el presente ejercicio, monto que debería incrementarse sustancialmente de cara a 2027 para compensar las proyecciones inflacionarias. El plan de lucha incluye jornadas de visibilización y concentraciones frente al Palacio Sarmiento para exigir respuestas formales de las autoridades.
Fuente: ahoraeducacion.com



