El conflicto entre el Poder Ejecutivo y el sistema universitario sumó un nuevo capítulo decisivo en los tribunales. La Justicia federal desestimó de forma categórica un pedido del Gobierno nacional para dar de baja la medida cautelar que le exige transferir las partidas presupuestarias estipuladas por la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria (LFEU). La resolución no solo mantiene la vigencia de la manda judicial, sino que además le impone al Ministerio de Capital Humano un plazo perentorio de tres días para que rinda cuentas detalladas sobre qué medidas adoptó para acatar el fallo original.
Un rechazo judicial contundente
La decisión adoptada por el magistrado federal a cargo de la causa ratifica el camino trazado previamente por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y refrendado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Desde la óptica judicial, los envíos parciales de fondos que ensayó la cartera educativa durante los últimos meses no subsanan de ninguna manera el grave daño patrimonial ni la licuación de los haberes docentes y no docentes. En el dictamen se remarcó que el Estado no logró acreditar un impacto positivo real frente al persistente deterioro de los salarios, las becas y los gastos de funcionamiento, lo que torna inviable levantar la cautelar mientras se debate la validez de las resoluciones del Ejecutivo que suspendieron la aplicación efectiva de la norma.
De manera paralela, una postura análoga fue consolidada en el planteo que lleva adelante la Universidad de Buenos Aires (UBA), sumando mayor presión jurídica sobre el Estado nacional para que suspenda cualquier maniobra dilatoria y regularice las cuentas antes de que se defina la cuestión de fondo.
Tensión paritaria y nuevo plan de lucha
La resolución en tribunales coincidió cronológicamente con una huelga nacional de 24 horas implementada por la comunidad académica y con una reunión paritaria que concluyó en un fracaso absoluto. En dicha mesa salarial, los enviados oficiales acercaron una oferta de aumento del 3 por ciento para los sueldos de septiembre, una cifra distante de las exigencias del sector docente, que reclama recomponer el atraso salarial acumulado frente a la inflación de los últimos meses.
Frente a este complejo panorama, las máximas autoridades de las casas de altos estudios nucleadas en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los sindicatos del sector mantendrán un plenario federal en la Universidad Nacional de Río Negro. Durante las deliberaciones se definirán los pasos a seguir dentro de un plan de lucha que busca reactivar el reclamo presupuestario de cara al debate legislativo sobre las partidas de 2027.
Fuente: Luciana Bertoia para www.pagina12.com.ar
