El conflicto por el financiamiento de la educación pública universitaria sumó un nuevo capítulo de tensión. Los estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires (CNBA) y de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, ambas instituciones dependientes de la Universidad de Buenos Aires (UBA), resolvieron la toma de los establecimientos. La decisión fue adoptada mediante votaciones en asambleas realizadas a contraturno y se enmarca en las protestas por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del gobierno nacional.
La medida estudiantil se acopla a los paros semanales y a las clases públicas que docentes universitarios vienen desarrollando frente al Palacio de Tribunales, semanas después de la multitudinaria movilización del pasado 12 de mayo. Según detallaron los centros de estudiantes de ambas instituciones, las tomas tienen carácter indefinido, por lo que su continuidad será revaluada y sometida a votación diaria en nuevas asambleas. Durante la medida, los alumnos permanecerán dentro de los edificios organizando jornadas de debate sobre el estado crítico del sistema educativo.
Deterioro salarial, renuncias e infraestructura Los referentes estudiantiles argumentan que el objetivo central de la protesta es visibilizar tanto el deterioro salarial de los trabajadores docentes y nodocentes como el estado crítico de la infraestructura. Tomás Aparisi, representante estudiantil del Carlos Pellegrini, advirtió que las condiciones edilicias y laborales son insostenibles. “En lo que va del año ya renunciaron 27 docentes porque no llegan a fin de mes”, precisó, señalando además el estado de deterioro de las aulas, que presentan goteras y roturas estructurales graves.
Por su parte, desde el centro de estudiantes del CNBA aclararon que, pese a la interrupción del dictado normal de materias dentro de las aulas, buscarán garantizar la continuidad pedagógica convocando a los docentes a dictar clases públicas durante las jornadas de protesta. Francisco Pitrola, presidente de dicha agrupación, enmarcó el reclamo en una irregularidad institucional: “La Ley de Financiamiento Universitario está aprobada, el Presidente eligió vetarla y el Congreso la ratificó. Que el Gobierno no la cumpla es poco democrático”.
El eje de la disputa legal El marco normativo que origina el conflicto contemplaba no solo una actualización de las partidas para asegurar la operatividad de las universidades públicas, sino también mecanismos indexados a la inflación, recomposición de salarios y asignación de fondos para investigación y becas. Tras la sanción legislativa, el Poder Ejecutivo vetó la norma, pero el Congreso reunió los votos necesarios para rechazar dicho veto y ratificar la ley. Actualmente, el conflicto se encuentra judicializado ante la negativa del Ejecutivo a ejecutar los fondos estipulados por el Poder Legislativo.
