… a la Universidad va el 2% de los pobres y el 50% de los ricos
En Uruguay, las desigualdades más marcadas en educación superior “están dadas por el bajo acceso y peor egreso de los sectores con menos ingresos, de habitantes del interior, de personas con discapacidad, e inclusive de los hombres respecto a las mujeres”, concluye una reciente investigación del economista y doctor en Ciencias de la Educación Claudio Rama, publicada bajo el título La reforma de la educación superior uruguaya (Grupo Magro, 2017), que muestra, con base en cifras oficiales, el carácter “regresivo” del sistema educativo terciario.

Rama, que fue director del Instituto Internacional de la Unesco para la Educación en América Latina y el Caribe (Iesalc), dijo a Búsqueda que Uruguay “navega a la deriva” en materia de reforma universitaria por “luchas políticas, viejos paradigmas y sistemas corporativizados”. “En educación superior no hay una política pública coherente y consistente, ni hay un plan estratégico” que la oriente, afirmó.

“Los últimos gobiernos no han propuesto un solo proyecto de reforma de la educación superior y, en general, en el lento proceso de cambio, desde 1985, se da un tira y afloja entre el monopolio univeristario, centrado en el modelo napoléonico de la Universidad de la República, y el de diferenciación insitucional”, plantea Rama en su investigación.

Para el economista, la educación terciaria en Uruguay “no crea igualdad de oportunidades ni iguales niveles de formación de capital humano, sino que consituye un mecanismo de reproducción y de aumento de desigualdades sociales preexistentes”.

La educación “es el factor que explica entre un cuarto y un tercio de la desigualdad social”, sostiene.

Hijo del intelectual Ángel Rama y de la poetisa Ida Vitale, este “univerisitólogo” de 63 años es miembro nivel II del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) de la Agencia Nacional para Ia Investigación y la Innovación. Durante las presidencias de Julio María Sanguinetti fue director del Instituto Nacional del Libro y vicepresidente del Sodre. Dirigió el Sistema Nacional de Televisión en el 2000, y asumió como decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de la Empresa (UDE) en 2010.

“La selva de la fábrica educativa”

Entre 2006 y 2010, Uruguay vivió un ciclo de gran expansión económica. Sin embargo, en ese período aumentó el abandono escolar, según el Ministerio de Educación y Cultura (MEC). En ese lapso los estudiantes fueron progresivamente expulsados del sistema educativo: de forma lenta hasta los 13 años de edad y más intensa a los 15, entre los más pobres, y a partir de los 18 años, entre los más ricos.

La diferencia socio-universitaria es enorme y muestra un carácter regresivo, observa Rama. “Los datos oficiales muestran que los más pobres no acceden a la educación superior y que desde 2006 tal situación se tornó más injusta”.

Ejemplifica: en 2006, entre la población de 25 a 29 años del 20% más pobre, apenas 2% accedía a la educación superior. En 2010, ese guarismo descendía a 1,4%, un 30% menos.

En cambio, entre el 20% de los más ricos de la sociedad, 55% cursaba estudios terciarios en 2006, mientras 50,3% lo hacía en 2010.

Actualmente esas cifras se mantienen, dice Rama. “Hoy está por debajo del 2% de los pobres y en torno al 50% de los más ricos. Eso no esconde que la fuerza de la graduación universitaria está en la clase media. Pero sobre todo muestra el carácter regresivo para los sectores de bajos ingresos que tiene el gasto público”.

“Uno de los desequilibrios y desigualdades educativas problemáticos de Uruguay es que el sistema educativo no retiene y por ende las personas no adquieren las competencias y habilidades para salir del círculo vicioso de la pobreza”, plantea el estudio.

El resultado es que los pobres, en su inmensa mayoría, no entran a la universidad y la movilidad es escasa. “Sobreviven pocos en la selva de la fábrica educativa ya que muchos son expulsados por la atención masificada”, afirma Rama.

Gasto “altísimamente regresivo”

Por otro lado, Rama advierte que la gratuidad y los aumentos presupuestales beneficiaron en forma más intensiva a los que tienen más recursos.

Según el autor, el gasto universitario y terciario (un 1,7% del PBI) es “altísimamente regresivo”, porque “ha crecido mucho más que el incremento de la población de bajos ingresos” y “ha aumentado el beneficio de las transferencias a los sectores de mayores ingresos”.

La reforma tributaria que desde el año 2007 grava los salarios, implicó además un “desincentivo” para la formación universitaria. Rama sostiene que hoy “los profesionales son uno de los sectores que más aportan al Estado”.

“Si la educación superior no es un gasto sino una inversión, deberían exonerarse todos los gastos directos o indirectos que las familias tienen en educación superior”, opina el experto.

En el libro plantea que la baja tasa de egreso de la Universidad “encarece enormemente la educación superior” y exige mayor gasto público.

Rama también cuestiona el Fondo de Solidaridad, por el cual los egresados de la educación terciaria pública brindan becas a estudiantes de menores ingresos. El Fondo tampoco es equitativo, sostiene, porque debería estar diferenciado por costos sujetos a las carreras o por rentas sujetas a las ganancias.

A su juicio, parte de estas desigualdades deberían ser compensadas por la vía del impuesto a la renta.

Morir en la capital

El sistema universitario se ha caracterizado por constituirse en un mecanismo de movilidad social y a la vez de reproducción de desigualdades, debido a su cobertura de los quintiles superiores y a su concentración geográfica, explica Rama. “La característica histórica, marcada por el carácter docente, de grado, capitalino y sesgado socialmente, se ha construido y consolidado históricamente más allá de su acceso abierto y gratuito”.

Así es que, además de la desigualdad según ingresos económicos, “el sistema discrimina según parámetros geográficos”, ya que si bien 58% de la población uruguaya vive en el interior del país, casi el 70% de quienes van a la Universidad de la República (Udelar) residen en Montevideo.

La situación subsiste, pese a que departamentos como Rivera, Paysandú, Salto, Maldonado y Colonia, además de ciudades como Las Piedras y Ciudad de la Costa, cuentan con varias instituciones universitarias en áreas profesionales.

De acuerdo al informe, los desertores del sistema educativo “son dominantemente hombres, de menores ingresos económicos, del interior, de los liceos públicos y de menores stocks de capital cultural en sus hogares”.

“Durante años se supuso que la gratuidad y el acceso libre sin selección iban a producir automáticamente la equidad. (…) La realidad, sin embargo, muestra que a medida que aumentan los recorridos estudiantiles desde el preescolar hasta el posgrado, los estudiantes proceden en forma creciente de los sectores de mayores ingresos y de Montevideo, e, inversamente, desertan aquellos provenientes de los menores quintiles de ingresos y del interior”, dice la investigación.

Alta feminización y autarquía de estándares

Uruguay presenta además una dinámica elevada de feminización de la matrícula de las instituciones de educación superior y un aumento de las carreras más cortas y profesionales. En el sector terciario “hay una fuerte inequidad de género dada por el bajo peso de los hombres en la educación pública, la elevada deserción masculina”.

Según el estudio, a escala nacional las estudiantes mujeres son el 61% y los hombres un 39% de la educación superior. A nivel de grado, solo en los estudios terciarios, la feminización alcanza al 63%, y está entre las más altas del continente. En el sector universitario alcanza el 61% del total de estudiantes.

La presencia femenina en el egreso de la Udelar es dominante en todas las carreras, con la excepción de Agronomía e Ingeniería, indica el estudio.

Otra debilidad del sistema educativo superior, según Rama, es “la falta de estándares comunes de calidad, de regulación y de información” que faciliten la movilidad. “Hoy tienen sus propios estándares mínimos la Udelar, la ANEP para los centros regionales de formación docente y para los institutos terciarios habilitados, y, en el caso de las universidades privadas, diferenciados para cada carrera o programa impuesto por el MEC”. Desde el 2013 la Universidad Tecnológica (Utec) también fija sus propios estándares.

“Esa autarquía de estándares es la característica de un sistema de educación superior que solo tiene una regulación externa sobre las universidades privadas y carece de un enfoque sistémico”, plantea en su libro.

Para el investigador, existe también una “enorme debilidad” en el manejo de la información: “En Uruguay no sabemos cuántos estudiantes universitarios realmente tenemos, el salario de los egresados, o su real inserción laboral. Tampoco se sabe de los emigrantes o inmigrantes profesionales”.

Corporación sindical y “tribus” académicas

Al abordar la “enorme encrucijada” que enfrenta Uruguay en el mediano y largo plazo, el autor enumera: “Escaso mercado interno, estructura demográfica envejecida, alta corporativización de su vida social, fuerte peso del gasto público, alto burocratismo e ineficiencia estatal, baja productividad laboral, reducida tasa de crecimiento poblacional, alta concentración poblacional del territorio con enormes dinámicas centralistas en casi todos los ámbitos” y “alta regulación laboral”.

La educación —y, en particular, la universitaria— es clave para afrontar “las dificultades de construir un país minúsculo en un entorno global altamente complejo, competitivo y basado en el conocimiento”, dice Rama. Pero “la educación se tornó el campo de la política, y la política distribuyó poder y autonomía en lugar de calidad, descentralización y recursos”.

Rama advierte que el peso de los sindicatos y gremios docentes es “muy elevado” en el sistema, “muy eficaz para luchar por presupuestos, pero mucho menos en lograr eficiencia académica y mejores resultados”.

“Todo esto nos da un escenario de baja calidad y donde todo es político. La Udelar permanentemente tiene llamados a concurso que son discutidos, lo cual forma parte de una estructura más ideológica y política que académica y técnica”, apunta.

El Estado tiene en cuanto a la reforma de la educación superior un “rol fundamental” mediante el impulso de un sistema educativo y de investigación “no ideológico y no monopólico”, asegura Rama. Y concluye: “Existe una sensación de caminar en la oscuridad en materia universitaria con dominación de las corporaciones sindicales y las tribus académicas y ausencia de políticas sistémicas y de consensos nacionales”.

Juan Pablo Moste

Fuente: http://www.busqueda.com.uy/

 

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