La tensión entre el Gobierno nacional y el sistema universitario público alcanzó un nuevo pico de confrontación tras el fracaso de las negociaciones paritarias. Frente a una oferta de incremento del 3% que no compensa la deuda salarial acumulada de más del 32%, las organizaciones gremiales y las autoridades académicas definieron un plan de lucha nacional que incluirá huelgas escalonadas y la convocatoria a la quinta Marcha Federal Universitaria, pautada para el próximo jueves 15 de octubre.
El reciente encuentro entre los funcionarios del área de Políticas Universitarias y los representantes del sector docente y no docente finalizó sin avances. El Ejecutivo reiteró la misma propuesta ya rechazada a inicios de mes, profundizando el malestar en las casas de altos estudios. En rechazo a esta postura oficial, se implementó un cese total de actividades por 24 horas y se ratificó una nueva jornada de huelga para el martes en todas las instituciones del país.
Plan de lucha y medidas de fuerza escalonadas
La Universidad de Buenos Aires (UBA) aprobó un esquema de protestas rotativas que se extenderá a lo largo de 23 jornadas, involucrando al rectorado y a las distintas unidades académicas de manera secuencial hasta el 22 de octubre. Paralelamente, el frente sindical y los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) coordinan los detalles logísticos de la movilización del 15 de octubre, evaluando puntos neurálgicos de concentración como el Congreso de la Nación, Plaza de Mayo o los Tribunales federales.
En el ámbito judicial, la comunidad académica aguarda con optimismo una resolución inminente. Tras el avance de las medidas cautelares sobre los artículos que regulan sueldos y becas, los tribunales podrían expedirse en los próximos días sobre la validez y el cumplimiento efectivo e integral de la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Poder Legislativo.
El impacto en el proyecto de Presupuesto 2027
El malestar se agrava ante el proyecto presupuestario presentado para el ejercicio 2027. Mientras las universidades estimaron un requerimiento operativo de 11 billones de pesos, la partida proyectada por el Ejecutivo se sitúa en 7,5 billones, lo que representa un recorte del 32% respecto de las necesidades mínimas planteadas. Esta reducción presupuestaria ubica la inversión educativa en torno al 0,53% del PBI —muy distante de marcas históricas superiores al 0,80%— y compromete el inicio regular de las clases durante el primer cuatrimestre del próximo año por falta de fondos para mantenimiento operativo, energía, seguridad y programas de becas.
Fuerte contracción en ciencia y tecnología
El ajuste presupuestario proyectado también impacta de lleno en el sistema científico. Los recursos previstos para investigación se situarían en el 0,17% del PBI para 2027, lejos de la meta obligatoria del 0,59% fijada por la normativa vigente. Organismos estratégicos como el Conicet, la Comisión Nacional de Energía Atómica, el INTI y el INTA registran reducciones acumuladas que superan el 40%, afectando de manera crítica el desarrollo de sectores clave como la biotecnología, la industria satelital y el desarrollo tecnológico nacional.
Fuente: ahoraeducacion.com
