Las asociaciones cooperadoras escolares de la Ciudad de Buenos Aires manifestaron su firme desacuerdo frente a la reciente disposición del Ministerio de Educación porteño, la cual encomienda a directivos, docentes, alumnos y familias la responsabilidad directa sobre el orden, cuidado e infraestructura de los edificios educativos. Desde los colectivos vecinales y de familias denunciaron que esta medida constituye una tercerización encubierta de las obligaciones inherentes a la administración estatal.
Un nuevo marco de responsabilidades y tareas comunitarias
La iniciativa fue notificada a los equipos directivos a través de un esquema denominado institucionalmente como “cultura del cuidado”. El plan contempla la conformación obligatoria de comités ambientales encargados del manejo de residuos ordinarios y restos de poda o refacciones menores, un esquema rotativo de inspección y limpieza de sectores escolares, y la coordinación de jornadas colectivas para la reparación de equipamiento deteriorado.
La controversia se agudizó en torno al tratamiento de las roturas que las autoridades consideren deliberadas. Según trascendió de los lineamientos oficiales, la comunidad escolar deberá organizar encuentros de trabajo para subsanar los daños materiales, lo que despertó alertas inmediatas sobre quién financiará la adquisición de insumos, herramientas y repuestos necesarios.
Deterioro edilicio y reclamo presupuestario
Frente a esta resolución, las agrupaciones que nuclean a las cooperadoras remarcaron la disparidad entre los objetivos pedagógicos declarados por las autoridades y el estado real de la infraestructura en los barrios. Representantes del sector subrayaron que numerosos establecimientos presentan desde hace años serias deficiencias edilicias, filtraciones crónicas y falta de mantenimiento integral por recortes en las partidas públicas.
Los referentes escolares señalaron que las familias ya aportan tiempo y recursos propios para amortiguar la falta de respuestas oficiales, advirtiendo que las cooperadoras no cuentan con fondos asignados para solventar obras ni tareas de mantenimiento general. En ese sentido, remarcaron que el cuidado de las escuelas no puede sostenerse como una carga comunitaria voluntaria, sino que debe asegurarse mediante una inversión formal, partidas presupuestarias adecuadas y contratos de infraestructura efectivos que garanticen condiciones seguras en cada aula.
Fuente: ahoraeducacion.com
