“Los recursos de los trabajadores deben servir a los trabajadores y a los que todavía no han conseguido trabajo. Si hubiéramos dejado esos recursos en las manos de las administradoras de pensión (ex AFJP), seguramente hubieran sido para pagar comisiones, sueldos de ejecutivos y tal vez algunas otras cosas más. Los trabajadores son los que deben ayudar a sostener a los que todavía no han conseguido trabajo, porque también es la mejor defensa para el propio trabajador.” Con estas palabras, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner dejó instituido por decreto la Asignación Universal por Hijo (AUH). Fue un 29 de octubre de 2009. A diferencia de los planes sociales focalizados, la AUH es el derecho de los menores de 18 años, cuyos padres estén desocupados, en la informalidad o sean monotributistas sociales, de recibir asignaciones familiares. Este mismo derecho fue ampliado a las mujeres embarazadas. A cuatro años de su implementación, los 3,3 millones de niños, niñas y adolescentes que la reciben mejoraron sus condiciones de acceso a la salud y la educación.
Las familias que actualmente reciben la AUH ascienden a 1,8 millón. Para este año, el Estado nacional invertirá a través de la Anses 18.750 millones de pesos. “La Asignación Universal por Hijo para la Protección Social consistirá en una prestación monetaria no retributiva de carácter mensual (…) El otorgamiento del beneficio se somete a requisitos que deberán acreditarse para garantizar la universalidad y a la vez preservar la transparencia, condicionándolo al cumplimiento de los controles sanitarios y a la concurrencia al sistema público de enseñanza”, estableció el decreto 1602/09.
Semanas antes del anuncio presidencial que instituyó la AUH, los diputados del Frente para la Victoria habían avanzado en distintas opciones para implementar la asignación por ley, teniendo en cuenta que existían varias iniciativas en el Parlamento, muchas de la oposición. El ex diputado Mariano West (actual intendente de Moreno), Héctor Recalde, Juliana Di Tullio y Agustín Rossi habían avanzado en un proyecto con distintas alternativas de financiamiento, con el aval de los ministros de Desarrollo Social y de Trabajo, Alicia Kirchner y Carlos Tomada, respectivamente. Pero como restaba poco tiempo para el recambio parlamentario tras la derrota electoral de junio de 2009, el oficialismo optó por otro mecanismo legal.
Al poco tiempo de su implementación, durante la vigencia del famoso Grupo A, el radical Ernesto Sanz llegó a decir que los recursos de la AUH se iban por la canaleta de la droga y el juego. “En el conurbano bonaerense la Asignación Universal por Hijo se está yendo por la canaleta del juego y la droga. Usted advierte del dos al diez de cada mes cómo aumenta la recaudación de los bingos y de los casinos y cómo se nutre el circuito ilegal de la droga”, había dicho Sanz.
Sin embargo, ocurrió todo lo contrario a los dichos de quien fuera precandidato presidencial por la UCR. Durante 2011, un equipo multidisciplinario integrado por sociólogos, antropólogos y economistas, con el financiamiento del Ministerio de Salud, determinó que los grupos vulnerables que reciben el apoyo económico aumentaron el consumo de carne, lácteos, útiles escolares y remedios, agregaron una comida adicional en su dieta diaria, y mejoraron la calidad de los alimentos a través de la incorporación de marcas más “prestigiosas” (suplemento Cash, 29 de enero de 2012). Además, lograron incorporar productos de higiene y limpieza.
El trabajo en cuestión concluyó que uno de los máximos logros de la AUH, además de reducir los índices de pobreza e indigencia, fue la recuperación de la idea de “planificación” para mejorar el acceso a la salud y la educación.
“En el entendimiento de que ir bien vestidos a la escuela, tener un calzado nuevo, poder compartir una golosina o tener dinero para comprar algo en el recreo, lejos de ser un gasto superfluo, constituye para estos sectores un rasgo de inclusión, de pertenencia y, si se quiere, de dignidad reconquistada”, sostuvo el informe del Ministerio de Salud.
A partir de la implementación del decreto 1602/09, muchas escuelas tuvieron que ampliar su infraestructura para recibir más alumnos. Por ejemplo, de los 95 proyectos financiados a través del Promedu, un programa del Ministerio de Educación para mejorar la infraestructura educativa, la provincia de Buenos Aires realizó el año pasado 20 obras de ampliación de escuelas como respuesta al impacto de la Asignación (Página/12, 14 de agosto de 2012).
La AUH también fue tomada como un piso para medir el tipo de remuneración que recibían muchas familias. Es decir, se transformó en una exigencia hacia los empleadores para que paguen salarios dignos.
Fuente: Sebastián Premici para www.pagina12.com.ar y spremici@pagina12.com.ar
