Tras más de dos años y medio de reclamos y la realización de cuatro movilizaciones federales, el Gobierno nacional y las universidades públicas alcanzaron un consenso paritario. El entendimiento incluye una recomposición salarial del 24,3% para el personal docente y no docente, además de una inyección de fondos destinada a los gastos de funcionamiento, las becas estudiantiles y los hospitales vinculados a las casas de altos estudios. Sin embargo, el Ejecutivo no logró incluir la cláusula que exigía el retiro de la demanda por la Ley de Financiamiento, la cual seguirá su curso en la Corte Suprema de Justicia.
Las claves de la recomposición salarial
Este pacto representa la primera paritaria concretada con el sector universitario bajo la actual administración nacional. Según lo estipulado, el aumento del 24,33% se aplicará de manera escalonada: el primer tramo impactará en junio, con un alza del 21,33% calculada sobre los sueldos básicos de mayo, mientras que el 3% restante se hará efectivo en octubre, tomando como referencia los valores de septiembre.
A su vez, se estableció un cronograma de futuras negociaciones para blindar los ingresos contra la inflación. Las partes volverán a reunirse el próximo 15 de septiembre y, a partir de entonces, las actualizaciones salariales se realizarán como máximo cada tres meses, guiadas por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC. Esta medida busca detener la pérdida del poder adquisitivo y continuar achicando la brecha salarial generada a lo largo de 2024.
Inyección presupuestaria para el funcionamiento y los estudiantes
El alivio financiero también abarcará las áreas operativas del sistema universitario. Se acordó un incremento del 20% para los gastos de funcionamiento, un rubro crítico que acumulaba una pronunciada caída real en el último trienio.
Por su parte, los hospitales universitarios recibirán una partida adicional de 50 millones de pesos, una respuesta directa a la emergencia declarada por estos centros de salud semanas atrás frente a la falta de fondos. En cuanto a las políticas de bienestar estudiantil, las becas Manuel Belgrano, que se encontraban inmovilizadas en 82.000 pesos desde fines del año pasado, experimentarán una actualización del 50%.
El frente judicial y la mirada de los gremios
A pesar del acercamiento económico, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se mantuvo firme en el plano legal. Los rectores rechazaron la pretensión de las autoridades nacionales de frenar la vía judicial y ratificaron que continuarán exigiendo la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario ante el máximo tribunal del país, argumentando que el acuerdo actual es un paso significativo, pero no definitivo.
En el ámbito sindical, la mayoría de las federaciones docentes aceptó la propuesta al considerarla una victoria fruto de la movilización de la comunidad educativa, destacando la importancia de contar, de ahora en más, con aumentos indexados a la inflación. No obstante, aclararon que la lucha por la recuperación total del salario y de los fondos para investigación científica continúa. En contraste, algunos sectores gremiales manifestaron su rechazo, advirtiendo que, frente a la magnitud de la pérdida acumulada y la conflictividad previa, la oferta resulta insuficiente.
Fuente: ahoraeducacion.com
