El Gobierno nacional y las universidades públicas se encuentran a un paso de sellar un acuerdo salarial y presupuestario. Para destrabar las negociaciones, la administración central decidió retirar la polémica condición que exigía a las casas de altos estudios dar de baja su reclamo ante la Corte Suprema de Justicia por la Ley de Financiamiento. La inminente firma del pacto, sin embargo, despertó sospechas en el ámbito académico sobre un posible entendimiento paralelo entre el Ejecutivo y el máximo tribunal para dilatar el fallo definitivo.
Los detalles de la oferta económica
La propuesta oficial, que hasta el momento se mantiene de palabra, contempla una recomposición salarial del 24% para el personal docente y no docente. Este incremento se aplicaría en dos tramos: un 21,3% en el mes de junio —lo que impactaría directamente en el cobro del aguinaldo— y un 3% adicional en septiembre. Además, el compromiso incluye la apertura de paritarias trimestrales con la inflación funcionando como piso de los aumentos.
En materia de funcionamiento, el esquema ofrece una actualización del 20% para los gastos de mantenimiento operativo. Dentro de este ítem, se inyectarían 50 mil millones de pesos extra destinados a los Hospitales Universitarios, entidades que actualmente enfrentan una deuda acumulada de 80 mil millones en lo que va del año. Asimismo, se prevé un aumento del 50% para las Becas Belgrano, el incentivo económico para estudiantes de carreras estratégicas que permanecía congelado en $81.685 desde hace más de dos años.
Cautela ante el escenario político y judicial
El cambio de postura del Gobierno se evidenció la semana pasada cuando la Subsecretaría de Políticas Universitarias dejó de exigir el retiro de la demanda judicial como moneda de cambio para habilitar los fondos. Según fuentes cercanas a la negociación, esta sorpresiva flexibilización sugiere que el Gobierno podría haber acordado los tiempos procesales con la Corte Suprema para evitar un revés judicial inmediato.
Desde el sector universitario mantienen una postura cautelosa debido a la imprevisibilidad que, aseguran, caracteriza al Ejecutivo. Si bien los gremios sostienen que aún resta un 25% de incremento para compensar el atraso salarial histórico, admiten que una suba del 21,3% con impacto en el aguinaldo representa un avance significativo frente a las paritarias del 1,5% que se venían registrando.
Impacto fiscal y presupuesto ajustado
La crisis presupuestaria del sector es profunda. Desde noviembre de 2023, el poder adquisitivo de los fondos universitarios sufrió una devaluación del 35%, cifra que podría escalar al 45% a fin de este año si no se aplican correcciones, de acuerdo con las estimaciones del Banco Central. Mientras el presupuesto vigente es de 4,8 billones de pesos, las instituciones afirman necesitar 7,3 billones para operar con normalidad.
El conflicto de fondo sigue siendo el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, norma sancionada y ratificada por el Congreso tras el veto presidencial. La aplicación plena de esta ley representaría un costo fiscal de 1.400 millones de dólares (0,2% del PBI para 2026). Mientras se demora su implementación, el Estado logra un ahorro mensual superior a los 100 millones de dólares, un margen clave para que el Gobierno intente sostener su superávit en un contexto de caída en la recaudación.
Fuente: Vardan Bleyan para www.pagina12.com.ar
