El rector de la Universidad Tecnológica Nacional le solicitó a Educación la “necesaria y urgente revisión de la resolución” que cambió alcances y actividades reservadas a carreras de interés público. Protesta estudiantil contra la norma.
La modificación de los alcances y las actividades reservadas de numerosas carreras consideradas de interés público, que resolvió hace diez días el Ministerio de Educación, sigue generando controversia y tensiones en el ámbito universitario. El rector de la Universidad Tecnológica Nacional, Héctor Eduardo Aiassa, le solicitó a Educación la “necesaria y urgente revisión de la resolución ministerial 1254/2018”, que afectó las incumbencias de 25 carreras de ingeniería. Organizaciones estudiantiles realizan una jornada de rechazo a la nueva norma, frente al Palacio Sarmiento.
En una carta dirigida al ministro Alejandro Finocchiaro, a quien le solicitó una audiencia, el rector de la UTN explicó que motivan su pedido “los numerosos planteos conceptuales, técnicos y metodológicos que nuestra institución viene efectuando desde hace largo tiempo en lo referente a la temática Actividades Profesionales Reservadas al Título”.
Según sostuvo Aiassa, las diferencias con la resolución consisten en que ésta no muestra “los estudios, documentos y aportes efectuados en todos los organismos en que se realizó el tratamiento de la temática, independientemente de nuestra mirada respecto de la metodología utilizada para la generación de los ámbitos de discusión, su profundización y el traslado de intereses que sin lugar a dudas estuvieron presentes”.
Aiassa finalizó el escrito asegurando que lo expresado “refleja no solamente mi postura conceptual en forma personal, sino fundamentalmente, la de toda la comunidad Tecnológica, y muy especialmente la de miles de jóvenes que verían frustrada su expectativa y proyección en cuanto al ejercicio de su profesión con el sustento de nivel y aspecto formativo en relación a las actividades profesionales reservadas y compartidas”.
Los títulos afectados por la Resolución 1254/2018 del Ministerio de Educación –publicada el 18 de mayo en el Boletín Oficial– son aquellos regulados por el artículo 43° de la Ley de Educación Superior (LES), correspondientes a profesiones reguladas por el Estado, “cuyo ejercicio pudiera comprometer el interés público poniendo en riesgo de modo directo la salud, la seguridad, los derechos, los bienes o la formación de los habitantes”. Tal categoría incluye, además de gran cantidad de ingenierías, a Medicina, Arquitectura, Psicología, Bioquímica, Farmacia, Veterinaria, Geología, Odontología, Computación, Química y Biología.
Como publicó PáginaI12, la resolución generó opiniones encontradas en el mundo universitario y profesional. Mientras que agrupaciones estudiantiles y colegios profesionales denuncian la medida como un recorte y una “devaluación” del alcance de los títulos, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que integran los rectores, asegura que, por el contrario, la resolución ordena las incumbencias de las carreras y no cercena atribuciones profesionales.
Para el CIN, la norma vino a corregir una “distorsión”, generada por una interpretación “excesivamente amplia” del artículo 43° de la LES, que llevó a considerar que la totalidad de los alcances de las titulaciones reguladas por el Estado debían ser actividades reservadas a los títulos implicados. De acuerdo con los rectores, la resolución “no recorta los alcances de ningún título ni cercena la habilitación profesional. Lo que hace es limitar las actividades reservadas a aquellas intervenciones profesionales que comportan riesgo para el bien público”.
Las aclaraciones del CIN, que trabajó en el desarrollo de la resolución, no apaciguaron las inquietudes y cuestionamientos de los asociaciones profesionales y organizaciones estudiantiles, que continúan debatiendo planes de lucha para exigir la derogación de la resolución. En este marco, la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) realizará mañana una jornada de clases públicas frente al Ministerio de Educación en rechazo a la medida. Por su parte, los profesionales agrupados en el Colegio de Psicólogos de Córdoba marcharán hoy desde la Facultad de Psicología –que ya se manifestó contra la resolución– hacia el Patio Olmos, en Córdoba capital, para pedir la derogación de la norma.
Fuente: Inés Fornassero para www.pagina12.com.ar
