Los trabajadores de Vialidad realizaron una jornada de protesta en rechazo al vaciamiento y la privatización del organismo, tras la decisión oficial de cerrar la actividad en las escuelas de formación, lo que deja sin trabajo a unos 300 docentes. Los trabajadores de Vialidad Nacional se declararon en estado de “alerta y movilización” por el cierre de cinco escuelas técnicas, que deja en la calle a 300 docentes y 1200 alumnos, en lo que consideran como el comienzo del “vaciamiento y desguace” del organismo nacional, el paso previo a su “privatización”. El proceso comenzó con la decisión del gobierno nacional, adoptada mediante un decreto presidencial de 2017, de crear la empresa Corredores Viales SA, que habilita la tercerización de las obras viales a empresas privadas con contratos y licitaciones sin control estatal; continuó con otro decreto para vender la sede del primer distrito de Vialidad y avanzó con el cierre de las escuelas industriales y una lista de 200 despidos que circula en el organismo, una espada de Damocles sobre la cabeza de los trabajadores. La resistencia de los trabajadores de Vialidad Nacional a la privatización del organismo volvió a hacerse sentir con una asamblea en la amenazada sede del primer distrito de la institución –sobre la Avenida General Paz– contra el cierre de las escuelas técnicas de Buenos Aires, Chubut, Tucumán, Santa Fe, Santa Cruz y la virtual que dicta clases a distancia. ALLÍ PARTICIPARON TODOS LOS GREMIOS DEL SECTOR: FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE VIALIDAD NACIONAL (FEPEVINA), LA ASOCIACIÓN TRABAJADORES DEL ESTADO (ATE), EL SINDICATO DE TRABAJADORES VIALES Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (STVYARA) Y LA ASOCIACIÓN GREMIAL DE PROFESIONALES Y PERSONAL SUPERIOR DE VALIDAD NACIONAL, JUNTO A PADRES, ALUMNOS Y PROFESORES DE LAS ESCUELAS CERRADAS. LA ÚNICA EXCEPCIÓN FUE UPCN, A LA QUE EL RESTO DE LOS GREMIOS RESPONSABILIZAN DE SER “FUNCIONAL” A LOS PLANES PRIVATIZADORES DE VIALIDAD. “Exigimos la inmediata reapertura de las escuelas técnicas en conjunto con la reincorporación y pago a los 300 docentes”, expresó César González, secretario general del Stvyara, a través de un comunicado, donde anunciaron el estado de “alerta y movilización” de los trabajadores de Vialidad. Los trabajadores del sector ya habían llevado sus reclamos al Congreso, donde solo fueron recibidos por las bancadas del arco opositor. Allí, desde los diferentes bloques elevaron pedidos de informes a Vialidad y hasta un proyecto para declarar de “interés nacional” las escuelas técnicas del organismo nacional para buscar evitar sus cierres definitivos. Aunque las escuelas están cerradas y sus docentes ya no cobran haberes. “Lo que (Javier) Iguacel –director de Vialidad– hoy ve como un gasto constituye en realidad una inversión, ya que los que se forman luego, su mayoría, ingresan al organismo como profesionales. La realidad es que quieren que todo funcione desde el sector privado, y reducir al máximo nuestro trascendental rol vial que cumplimos para el país”, sumó la secretaria adjunta del gremio, Graciela Aleñá. “Mientras tanto, Vialidad aporta los recursos económicos para mejorar la concesionada Autopista Richieri”, agregó la sindicalista en diálogo con PáginaI12. Para Aleña, la situación de los trabajadores de Vialidad se complica con cada decisión del Gobierno en avanzar con el desguace. “Todo se ve agravado ante los inminentes despidos de 200 trabajadores que componen la DNV, en el marco de la privatización del organismo”, denunció. “Venimos realizando protestas y asambleas denunciando la tercerización de funciones y el cierre de nuestras escuelas de formación”, insistió Aleña, ante la carencia de interlocutores. “Hace un año que no tenemos diálogo con Vialidad ni con Iguacel. Hasta diciembre llevamos nuestras problemáticas al Ministerio de Trabajo, pero nunca tuvimos respuestas y ahora tampoco interlocutores”, agregó Aleña ante este diario. “Nunca tuvimos respuestas”, dicen los trabajadores de Vialidad. Los trabajadores del sindicato de peajes también salieron ayer al cruce del plan de “corredores viales”, anunciados por Vialidad Nacional. “Que las obras que todo esperamos no signifiquen más desocupación, endeudamiento y rutas inseguras”, reza el volante que trabajadores de los peajes repartían ayer en los accesos a la Capital. Allí detallan “algunas verdades” que “Iguacel quiere tapar con asfalto”. Entre ellas, que las llamadas “rutas seguras” que promete Vialidad “no contarán con seguridad vial, asistencia al usuario, balanzas de pesados ni postes de SOS”. Y que la asistencia que hoy brindan los concesionarios privados pasarán a manos de los municipios del interior que deberán hacerse cargo, poniendo a disposición “policías, bomberos y ambulancias” de los pueblos. “Queremos que Iguacel diga en qué puestos va a reubicar a estos trabajadores (que pertenecen a los actuales concesionarios privados) y qué tareas van a desempeñar”, sostienen desde el gremio del peaje sobre los puestos de trabajo que se perderían. Algo que ya sucedió en los nuevos corredores viales de Ameghino, Santa Fe y Cipolletti, donde los puestos de trabajo de los concesionarios no fueron contemplados. Fuente: Miguel Jorquera para www.pagina12.com.ar
El regreso de la carpa blanca
Los gremios de estatales, judiciales, maestros y trabajadores de la salud rechazaron el techo que Cambiemos pretende imponer en las paritarias y exigieron el fin de los despidos. Ratificaron una huelga conjunta el próximo jueves 5/4/18. “Es una situación inédita. Es la primera vez que a esta altura del año, casi finalizando el primer trimestre, la provincia de Buenos Aires no abre las paritarias con los trabajadores del Estado, ni con los judiciales, ni con los de la salud. Y ofrece a los maestros menos que la previsión inflacionaria”, denunciaron en La Plata, frente a la casa de gobierno, los gremios que agrupan a trabajadores estatales y docentes. En la céntrica plaza San Martín, entre las 9 de la mañana y las dos de la tarde, los principales gremios del sector montaron por unas horas una reedición de la carpa blanca. El objetivo fue hacer oír sus reclamos y ratificar el paro conjunto que el próximo 5 de abril afectará el funcionamiento de la administración pública, los hospitales, juzgados y escuelas bonaerenses. Las actividades de protesta incluyeron una conferencia de prensa de apertura y tres paneles sobre los alcances del ajuste que realiza en la provincia la gobernación de María Eugenia Vidal. “Esto sucede mientras la provincia está recibiendo, en el marco pacto fiscal, más de 40 mil millones de pesos. Teníamos la expectativa de que estos mayores fondos se tradujeran en más obras que crearan trabajo, más políticas públicas para garantizar derechos y mejores salarios, pero eso no está pasando. El Ministerio de Economía dice que ya están integrados al presupuesto provincial, y toman esto como una justificación para imponer el techo salarial del 15 por ciento. Lo que hay, en realidad, es un condicionamiento político: el endeudamiento constante de la provincia de Buenos Aires, por el que cada nueva deuda que se contrae es para pagar la deuda anterior, no para generar empleo y garantizar derechos”. Otro de los paneles tuvo como tema el Ioma, la obra social de los estatales, y el Instituto de Previsión Social (IPS), del que dependen sus jubilaciones, ambos en la mira del macrismo. “Con un operativo mediático intentan instalar la idea de que la caja jubilatoria es deficitaria, cuando tiene superávit y es un ejemplo en Latinoamérica”, planteó Oscar De Isasi, el titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) bonaerense. “También hubo especialistas que explicaron por qué hoy la obra social no está brindando todas las prestaciones que debería y cuáles son las propuestas alternativas.” La jornada de protesta fue cerrada con un acto en el que los dirigentes del Suteba, la FEB, AMET, Udocba (docentes y auxiliares), la Cicop (Salud), ATE (estatales) y AJB (judiciales) ratificaron el paro conjunto del jueves 5 de abril, contra el techo del 15 por ciento en las paritarias. Otros puntos de reclamo de la convocatoria a la huelga son el cese de los despidos y el pase a planta permanente de 15 mil trabajadores que la provincia mantiene con contratos, en condición de precarizados. “Esta carpa expresa el rechazo a las políticas de ajuste y el próximo 5 de abril vamos a hacer un fuerte paro y una movilización masiva”, anticipó la secretaria adjunta de Suteba, María Laura Torre. El titular de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud Bonaerense (Cicop), Guillermo Pacagnini, explicó que hay una acción coordinada pero no un pliego común “porque los reclamos son distintos”. “Sintéticamente, lo que reclamamos es que la paritaria no tenga techo y el rechazo a la pauta general del 15 por ciento. Luego cada gremio tiene su planteo: judiciales, estatales, administración pública y salud tenemos las paritarias cerradas, y a esta altura del año tendrían que estar abiertas. Es algo inédito. Es la primera vez que para esta fecha no estamos sentados discutiendo salarios y condiciones laborales.” “En cada una de las áreas del Estado las consecuencias se están haciendo más graves. En educación vemos cómo la falta de nombramientos docentes hace que a un mes de comenzadas las clases miles de chicos no puedan cursar todas las materias, aumentaron la deficiencias edilicias por carencias de mantenimiento, se intenta cerrar los bachilleratos para adultos, están desfinanciando los centros de formación profesional, jubilan de oficio a 3 mil docentes recortándoles derechos, con los comedores escolares vivimos haciendo reclamos por las raciones ajustadas… y esto mismo está sucediendo en el área de Salud y en todo lo que hace a la seguridad social”, señaló desde el Suteba Silvia Almazán. El homenaje de los maestros Fuente: www.pagina12.com.ar
