4 - universidadEn el documento expresan su apoyo al proyecto de ley para declarar de interés público la reestructuración de la deuda 2005-2010 y el pago soberano local.

Las Universidades Públicas entendemos que el Pueblo de la República Argentina nos demanda, tal vez hoy más que nunca, aportes que contribuyan significativamente al logro del desarrollo soberano, sustentable y con justicia social. Desde esa perspectiva y ante la realidad que vive la Nación, la diversidad universitaria converge en el desafío de involucrarnos activamente en todos los temas que hacen a la construcción del país que los argentinos nos merecemos. Es por ello que este conjunto de Rectores y Vicerrectores nos pronunciamos en defensa de los intereses soberanos de la Patria que hoy se encuentran amenazados. En este sentido, manifestamos nuestro apoyo al proyecto de Ley remitido al Congreso de la Nación por la Señora Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, para declarar de interés público la Reestructuración de la Deuda 2005-2010 y el pago soberano local, que comprenda al cien por ciento de los Tenedores de Títulos Públicos de la República Argentina, en condiciones justas, equitativas, legales y sustentables.

Los argumentos vertidos por la señora Presidenta en el mensaje de elevación del proyecto son contundentes para convalidar este posicionamiento. Sin perjuicio de ello, consideramos necesario resaltar los hechos que llevan a la presentación del proyecto de Ley y ponerlos en el contexto histórico correspondiente.

No puede dejar de recordarse que en 1976 el monto total de la deuda externa era del orden de 8.000 millones de dólares, sin embargo, desde el golpe de Estado de ese año la deuda fue creciendo exponencialmente y se transformó en una restricción a las posibilidades de desarrollo del país, comprometiendo el bienestar de las futuras generaciones. Siempre es bueno tener memoria, no podemos dejar de recordar cómo se llegó al default de principios de la década pasada. Porque no sólo tuvo que ver con ello el feroz endeudamiento producido durante la dictadura, sino también la aplicación del modelo económico neoliberal durante los ’90; cuando bajo la aparente prosperidad de la convertibilidad la deuda creció hasta hacer eclosionar la economía. Con el “blindaje financiero” y el “megacanje”, lejos de aliviarse, la deuda creció desde 88 mil millones a 105 mil millones de dólares. Se llegó así al año 2001, con la Argentina en default y con una terrible situación socioeconómica que culminó con la ruptura institucional. El gobierno constitucional de ese entonces no terminó su mandato y se sucedieron cinco presidentes en una semana.

No obstante, el proceso de gestión de la deuda externa argentina tiene un punto de inflexión en el año 2005, cuando se logró una primera reestructuración del 76% de la deuda. Con posterioridad, en el año 2010, se produjo otro cambio significativo en la pendiente, alcanzándose una reestructuración que comprendió al 92,4% de la misma. Pero en estos años no solamente se logró la reestructuración, sino también se pudo adquirir autonomía para el diseño de políticas económicas, lo que fue posible mediante el pago al Fondo Monetario Internacional y el acuerdo con el Club de París sobre una deuda que provenía de 1956.

Queda claro entonces que estos años han sido de desendeudamiento, lo que en sí mismo es muy importante; pero más importante aún es que no se realizó sobre la base de restricciones en la inversión pública que afecten negativamente a la población. Muy por el contrario, se llevó a cabo en un marco caracterizado por la recuperación y ampliación de derechos sustentadas en una creciente aplicación de recursos en educación, desarrollo social, atención de la salud, generación de puestos de trabajo, industrialización, ciencia y tecnología, Asignación Universal por Hijo, PROGRESAR, PROCREAR, nacionalización del sistema jubilatorio, recuperación de Aerolíneas Argentinas e YPF, repatriación de científicos y la realización de importantes obras de infraestructura, por mencionar sólo algunas de las políticas de desarrollo con inclusión social concretadas en este período.

Los universitarios damos fe de ello, no sólo como testigos de los hechos, sino también como beneficiarios directos de las políticas de gobierno, que nos han situado en un lugar que nunca antes se nos ha asignado. Mucho podría decirse al respecto, pero todo ello puede sintetizarse en la duplicación de la fracción del PBI que se destina a las universidades. No puede soslayarse aquí el hecho de que, mientras en otro momento -entre otras lamentables medidas que afectaron fuertemente a la población- se recortó el presupuesto universitario para atender requerimientos de la banca internacional. Como contrapartida, este gobierno decidió pasar de menos de un 0,5% del PBI dedicado a las universidades en el año 2003, a más del 1% en este año 2014. No son simplemente números, no se trata solamente del presupuesto para las universidades. Es mucho más que eso, es la decisión política de ampliar el derecho a estudiar en la universidad. Tenemos claro que no se trata solamente de una política para las universidades, sino fundamental y especialmente para las familias argentinas cuyos hijos todavía no han podido llegar a la universidad. Porque esos recursos se emplean para becas, comedores universitarios, para crear nuevas universidades donde antes no había, para expandir las existentes de modo que puedan impartir carreras en localidades donde antes era impensable que ello pudiera realizarse. Todo esto nos compromete aún más, porque estamos conscientes de las responsabilidades que conlleva.

En función de lo expuesto, los universitarios no podemos ni queremos eludir los deberes que nos caben. Por eso venimos a defender el proyecto de Ley remitido al Congreso de la Nación por la Señora Presidenta. No queremos que se hipoteque el bienestar de las próximas generaciones y sus posibilidades de crecimiento y desarrollo.

La falta de legislación internacional sobre quiebras y situaciones de cesación de pagos de deudas soberanas implica riesgos muy severos en ese sentido, por cuanto expone el tema al arbitrio de sistemas judiciales foráneos. Así, la decisión del juez Griesa, avalada por el sistema judicial estadounidense, puede significar la destrucción de toda posibilidad de avanzar en la gestión sustentable de la deuda externa. La aceptación estricta de una sentencia que se asienta en una interpretación forzada de la cláusula de tratamiento igualitario (pari passu), llevaría al país a una situación de grave fragilidad financiera, retrotrayendo la situación a la condición previa a las reestructuraciones de 2005 y 2010 por efecto de la aplicación de la denominada “cláusula RUFO”.

La decisión del juez neoyorquino, que pretende obligar al país a abonar el 100% de la deuda original a los “fondos buitre” tiene dos efectos. Por un lado, concede ganancias fuera de toda razonabilidad a quienes nunca prestaron ni un solo dólar a la República Argentina, puesto que adquirieron los bonos con el único objetivo de litigar y, por otro, habilita a los bonistas que habían accedido a la reestructuración a reclamar el pago del 100% de la deuda original.

No hay lugar a dudas, esto propicia un escenario financiero mundial que, además de alentar la especulación financiera, pone a los especuladores en posición de fortaleza para accionar contra cualquier Estado. Es un verdadero atentado contra la Soberanía, pero también contra los inversionistas que efectivamente han concedido créditos al Estado y accedido a la reestructuración de la deuda. Es visible que se pretende plantear una situación extorsiva. Impedir el cobro de los bonistas reestructurados es el arma de extorsión. Quebrar la voluntad de los argentinos es el gatillo de la maliciosa campaña que pretende disparar para destruir el desendeudamiento logrado, volver a la espiral financiera de tomar más deuda para pagar deuda, generar comisiones arbitrarias, ganancias exorbitantes y, no dudamos, en el futuro intentar cobrar con patrimonio y recursos naturales argentinos. Ya nos pasó, así se privatizaron YPF, Aerolíneas Argentinas, los fondos de pensión y jubilación, etc. Es la historia que ya vivimos y que no queremos que se repita.

El proyecto de Ley marca claramente la voluntad del Estado argentino de cumplir con los compromisos asumidos con los acreedores reestructurados, proponiendo mecanismos alternativos a los acordados oportunamente y bloqueados por la justicia norteamericana, así como de buscar vías posibles para el pago del 7,6% de los acreedores que no ingresaron en los canjes previos. De esta manera, Argentina propone cumplir con sus obligaciones de modo que se pueda pagar a la totalidad de los acreedores, sin poner en riesgo el bienestar de la población ni cercenar las posibilidades de desarrollo y crecimiento con inclusión. Frente a esta iniciativa, solicitamos a los legisladores otorgar tratamiento positivo al proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo nacional.

Suscriben:

Alberto Ayape, DNI 10.097.059, Rector, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.
Alejandro Villar, DNI 13.925.003, Vicerrector, Universidad Nacional de Quilmes.
Alicia Bardón, DNI 12.209.514, Rectora, Universidad Nacional de Tucumán.
Ana María Jaramillo, DNI 6.032.421 Rectora, Universidad Nacional de Lanús.
Aníbal J. Sattler, DNI 22.342.579, Rector, Universidad Autónoma de Entre Ríos.
Anselmo Torres, DNI 17.240.147, Vicerrector de Sede Atlántica, Universidad Nacional de Río Negro.
Arnaldo Medina, DNI 16.234.597Vicerrector, Universidad Nacional Arturo Jauretche.
Carlos Raúl López, DNI 8.504.418, Vicerrector, Universidad Nacional de Santiago del Estero.
Carlos Ruta, DNI 12.000.772, Rector, Universidad Nacional de General San Martín.
Cecilia Conci, DNI 12.672.326, Vicerrectora a cargo, Universidad Nacional de Villa María.
Daniel Di Gregorio, DNI 10.125.082, Vicerrector, Universidad Nacional de General San Martín.
Daniel Martínez, DNI 10.633.043, Rector, Universidad Nacional de La Matanza.
Ernesto Villanueva. DNI 4.521.085, Rector. Universidad Nacional Arturo Jauretche.
Eugenia Márquez, DNI 13.549.354, Rectora, Universidad Nacional de la Patagonia Austral.
Fabián Ariel Bicciré, DNI 17.668.025, Vicerrector, Universidad Nacional de Rosario.
Fabián Calderón, DNI 22.135.127, Rector, Universidad Nacional de la Rioja.
Félix Daniel Quintas, DNI 17.911.322, Rector, Universidad Nacional de San Luis.
Fernando Kramer, DNI 10.549.830, Vicerrector, Universidad Nacional de Misiones.
Francisco Tamarit, DNI 14.131.101, Rector, Universidad Nacional de Córdoba.
Gabriela Diker, DNI 17.796.411, Rectora, Universidad Nacional de General Sarmiento.
Gladys Ciuffo, DNI 11.070.614, Rectora, Universidad Nacional de Villa Mercedes.
Héctor Carlos Brotto, DNI 4.121.261, Rector, Universidad Tecnológica Nacional.
Hugo Andrade, DNI 14.635.975, Rector, Universidad Nacional de Moreno.
Hugo Trinchero, DNI 10.188.757, Rector, Universidad Nacional de José Clemente Paz.
Javier Gortari, DNI 11.642.764, Rector, Universidad Nacional de Misiones.
Jorge Calzoni, DNI 16.506.399, Rector, Universidad Nacional de Avellaneda.
Jorge Gerard, Rector, DNI 10.873.415 Universidad Nacional de Entre Ríos.
Jorge Griot, DNI 8.514.861, Vicerrector, Universidad Nacional de Jujuy.
José Gaspanello, DNI 12.851.463, Vicerrector, Universidad Nacional de la Rioja.
Juan Carlos Del Bello. DNI 8.431.234, Rector, Universidad Nacional de Rio Negro.
Julio César García Cánepa, DNI 4.570.177, Vicerrector, Instituto Universitario Nacional del Arte.
Manuel Gómez, DNI 7.699.113 Vicerrector, Universidad Nacional de Moreno.
Marcelo Ruiz, DNI 20.325.544, Rector, Universidad Nacional de Rio Cuarto.
María Cristina Serafini, DNI 5.423.712, Vicerrectora, Universidad Nacional de Luján.
Mario Lozano, DNI 10. 502.084, Rector, Universidad Nacional de Quilmes.
Martín René Romano, DNI 8.187.723, Rector, Universidad Nacional de Formosa.
Nancy Ganz, Vicerrectora, DNI 17.333.537, Universidad Nacional de Avellaneda.
Natividad Nassif, DNI 10.019.291, Rectora, Universidad Nacional de Santiago del Estero.
Nerio Neirotti, DNI 10.655.122, Vicerrector, Universidad Nacional de Lanús.
Norberto Caminoa, DNI 7.888.219, Rector, Universidad Nacional de Chilecito.
Oscar Nasisi, DNI 14.594.353, Rector, Universidad Nacional de San Juan.
Osvaldo Pedro Arizio, DNI 8.208.985, Rector, Universidad Nacional de Luján.
Pablo Andrés Rosso, DNI 23.206.999, Vicerrector, Universidad Tecnológica Nacional.
Pablo Bohoslavsky, DNI 8.569.449, Vicerrector Sede Alto Valle, Universidad Nacional de Río Negro.
Pablo Bonaldi, DNI 18.149.596, Vicerrector, Universidad Nacional de General Sarmiento.
Raúl Perdomo, DNI 10.286.281, Rector, Universidad Nacional de La Plata.
René Nicoletti, DNI 359.832, Vicerrector, Universidad Nacional de La Matanza.
Roberto N. Domecq, DNI 4.241.151, Rector de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego.
Roberto Kozulj, DNI 8.495.809 Vicerrector Sede Andina, Universidad Nacional de Rio Negro.
Roberto Mario Tassara, DNI 5.394.959, Rector, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Bs. As.
Rodolfo Tecchi, DNI 11.574.202, Rector, Universidad Nacional de Jujuy.
Sandra Daniela Torlucci , DNI 17.972.438, Rectora, Instituto Universitario Nacional del Arte.
Víctor Claros, DNI 8.387.506, Rector, Universidad Nacional de Salta.
Walter López, DNI 14.133.396, Rector, Universidad Nacional de Chaco Austral.

Fuente: www.cin.edu.ar

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