Para un extranjero que, por ejemplo, siempre ha tenido educación gratuita, entender el sistema educacional chileno es complejo. En este país se debe pagar para adquirir conocimientos de calidad en los niveles primarios y secundarios, de lo contrario la oferta se reduce a los colegios públicos cada vez más arrinconados por los establecimientos particulares subvencionados o privados (sin subvención estatal) que –se supone– entregan una mejor enseñanza dependiendo de la billetera del apoderado. Esto, además de generar segregación, merma las posibilidades de los alumnos de menores ingresos de entrar a la educación superior que exige rendir una Prueba de Selección Universitaria.

Con todo, de lograr llegar a una universidad o instituto profesional, el joven que no tiene dinero debe endeudarse por muchos años para costear la facultad. Además, en muchas instituciones educativas existe lucro, lo que está prohibido por ley, pero que hasta no hace mucho no se sancionaba efectivamente. Todo ese escenario llevó a que en 2011 los estudiantes salieran a las calles de manera masiva para reclamar por una educación gratuita y de calidad, situación que no pudo ser resuelta por el gobierno anterior de Sebastián Piñera, que vio cómo tres ministros del ramo caían de su puesto y que la actual presidenta Michelle Bachelet prometió resolver paulatinamente cuando todavía era candidata a la reelección.

Así las cosas y dentro de la promesa autoimpuesta por Bachelet de enviar 50 medidas claves en los primeros cien días de su nuevo mandato, ayer presentó su gran proyecto de reforma educacional escolar, que busca poner fin al lucro, establecer la gratuidad, eliminando el copago (subvención estatal compartida con los padres), y terminar con la selección en los colegios. El anuncio lo hizo poco antes de las 10 en el palacio presidencial de La Moneda, ocasión en la que resaltó también la creación de una nueva institucionalidad en educación parvularia, que incluye una nueva subsecretaría especializada en jardines y salas cuna. “Estamos dando el primer paso de la reforma educacional más significativa que Chile ha tenido en los últimos cincuenta años, estamos cumpliendo con lo que nos comprometimos, iniciar un proceso que permita asegurar calidad, gratuidad y acceso a la educación”, sostuvo la doctora socialista.

“Tenemos razones éticas para llevar adelante esta reforma, la certeza de que la oportunidad de una persona no debe depender de su origen social ni del monto que deba pagar. La conciencia de que tenemos un sistema que reproduce y ahonda las desigualdades segrega a las personas, y trata a la educación como un bien de consumo, en lugar de un derecho básico”, agregó Bachelet, que vestía un sobrio traje negro. Junto a ello, la mandataria expresó que “sin una reforma profunda a su educación, Chile no logrará el desarrollo. Con un sistema educativo de calidad que potencia a toda su gente, que hace del conocimiento y las capacidades de las personas el centro del progreso, tendremos una economía moderna que crece e innova”.

El mensaje también apuntó a los estudiantes: “Nos estamos haciendo cargo de las insuficiencias del sistema actual. Estamos diciendo aquello que tanto repitieron nuestros estudiantes, y con ellos toda una sociedad: la educación es un derecho y no un privilegio… el lucro, la selección y el copago son incentivos equivocados que combinadamente afectan la calidad y comienzan la discriminación, la segregación y la inequidad”.

La presidenta fue más allá. “Todos los padres y madres sabemos que la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos es una buena educación. Por eso estamos pasando de un modelo que depende del dinero de cada familia a uno que depende solidariamente de todos los chilenos, donde cada contribuyente aporta proporcionalmente sus ingresos. Es decir, será el Estado a través de los recursos obtenidos por la reforma tributaria (otra reforma clave de Bachelet y que busca recaudar 8200 millones de dólares) el que financiará gradualmente los aportes que hoy están pagando las familias. Especialmente la clase media de su propio bolsillo”, acotó.

Otra medida que llamó la atención fue que los establecimientos llamados “emblemáticos”, “no podrán seguir seleccionando alumnos mediante pruebas o test académicos que representen la mayoría de las veces una selección social… Hoy son los colegios los que eligen a los estudiantes, y queremos asegurar a las familias la igualdad en la postulación y que sean ellos los que elijan donde quieren que sus hijos se eduquen… Yo quiero pedir que hagamos un debate con altura de miras y poniendo sobre cualquier consideración el amplio acuerdo que tenemos como sociedad de que la educación en Chile requiere de cambios profundos”, concluyó enviando un recado a los líderes estudiantiles, la oposición y a las posibles voces disidentes en sus propias filas.

Según información aparecida en la prensa, este plan tendría un costo de cerca de dos mil millones de dólares; sin embargo, se estima que el Estado recibiría ingresos anuales estimados en 1600 millones de la divisa norteamericana al eliminar el lucro en la educación, por lo que el costo neto para el fisco sería de 400 millones de dólares.

Con todo, el proyecto de ley, que ingresará por la Cámara de Diputados con urgencia simple y tendrá un plazo de 30 días para ser despachado, no tendrá un periplo sencillo. La noche del domingo, el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, presentó a los jefes de partido los alcances de la iniciativa, quien pidió preocuparse del “lenguaje” a la hora de hablar públicamente de la reforma. Según el diario La Tercera, los parlamentarios apoyarán el proyecto, pero también expresaron muchas dudas, las que saldrán a la luz a la hora de votarlo en el Congreso.

De hecho, la ex dirigente estudiantil y hoy diputada comunista Camila Vallejo expresó que “la reforma educacional, en general, va a ser más compleja. Tiene muchas aristas que se necesitan debatir para cambiar las bases de nuestro sistema educacional”.

Por su parte, la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Melissa Sepúlveda, dijo que “tenemos una reforma que se generó de espaldas a la gran mayoría de Chile, un proceso que no ha vinculado de ninguna manera a las organizaciones sociales. Frente a eso la única respuesta que podemos tener es la movilización, frente a una reforma que no satisface lo principal, que es la eliminación del lucro en la educación y la eliminación del mercado educativo”.

En esta línea, los estudiantes ya anunciaron una marcha para mañana, día en que Bachelet dará la tradicional cuenta pública de su gestión al Congreso pleno y a la ciudadanía. En lo medular, los estudiantes señalan que la respuesta del gobierno no ha sido suficiente, lo que abre espacio para que las demandas estudiantiles concentren un respaldo mayoritario y obliguen al Ejecutivo a concretar un cambio integral en el modelo educativo, antes que proyectos que, según ellos, sólo buscan regular el actual sistema. Las críticas de los estudiantes apuntan a la falta de diálogo con las organizaciones sociales y a que los proyectos fueron creados “entre cuatro paredes”, sin la participación de los actores de la educación.

Finalmente, desde la oposición, el senador de Renovación Nacional y ex candidato presidencial Andrés Allamand criticó duramente el proyecto de reforma educacional: “Tiene una matriz ideológica que apunta a un mucho mayor control estatal del sistema educacional. Esta es una reforma que no apunta a la calidad, que no apunta a aumentar las opciones de proyectos educacionales y que tiene una orientación que es un mayor control estatal de la educación”. En ese sentido, Allamand acusó que se está privando la libertad de los padres de poder elegir la calidad de educación que quieren para sus hijos, explicando que no cree necesario acabar con la educación particular subvencionada.

Fuente: Christian Palma para www.pagina12.com.ar