Un estudio del Banco Mundial sobre Educación Superior en América Latina señala la falta de “mecanismos regulatorios” que, sin limitar el acceso a la universidad, eviten “las distorsiones” y la “regresión económica” que se generan cuando los recién graduados no encuentran empleos acordes con sus estudios, e indica que la gratuidad “técnicamente no existe”.

El informe, que figuró en la agenda de la Conferencia Regional de Educación Superior (CRES/18) que sesionó la semana pasada en Córdoba, asegura que hubo un “crecimiento explosivo de la matrícula universitaria en América Latina” en los últimos años, y, en forma paralela, una “flexibilización” de las regulaciones de los países para que las instituciones “entren a la oferta de programas académicos”.
Francisco Marmolejo, coordinador del Banco Mundial del programa de Educación Superior para América Latina, dijo a Télam que la “universalización de la educación básica y media se tradujo en una mayor presión demográfica para acceder a la educación superior, con lo que crecieron también las instituciones que brindan estudios universitarios”.
“Esto en América Latina se resolvió mediante una flexibilización de las regulaciones para permitir que menos instituciones públicas, pero sobre todo privadas, entren a la oferta de programas académicos, un poco con la idea de que el mercado iba a regular tarde o temprano este desequilibrio”, sostuvo el funcionario.
“Pero la capacidad del mercado de regular no es tan rápida, ya que las instituciones lo que hacen es poner apta a una persona para el mercado laboral en cuatro o cinco años y en la medida en que no haya mecanismos regulatorios intermedios, la gente se forma, estudia pero no tiene trabajo”, agregó.
El dirigente apuntó, además, que “el concepto de gratuidad absoluta técnicamente no existe”, ya que “es gratuidad para unos siendo pagada por otros. En algunos países “este concepto de que el alumno no deba pagar nada causa distorsiones e inclusive un efecto regresivo desde el punto de vista económico”.
“Cuando el estudiante universitario no paga nada -indicó Marmolejo- para quien tuvo mejores oportunidades de educación en los niveles previos, que casi siempre son los sectores más favorecidos, esa gratuidad se convierte en un subsidio” y los que menos chances tienen “están condenados a inscribirse en un sistema que no es del todo gratuito y no siempre pueden progresar y terminar sus carreras”,añadió.
“Los gobiernos -dijo- deben garantizar el total acceso a la educación superior, en especial a los sectores más desfavorecidos, lo que probablemente implique generar sistemas diferenciales para ellos, mientras que los mas favorecidos que se graduaron, deberían contribuir parcialmente al costo de la educación para beneficiar a los que no tienen esa oportunidad”.
El informe agrega que desde el año 2000 en América Latina -la tercera región del mundo con más cantidad de estudiantes universitarios-, la tasa promedio de retorno económico por cada año de estudio ha ido descendiendo hasta llegar al 10% y hay una mayor proporción de egresados en los llamados “conocimientos suaves” (carreras humanísticas).
Por eso, según el experto del BM, existe “una mayor dificultad de los estudiantes universitarios para ingresar al mercado laboral, en comparación con otras regiones del mundo”.
“Hay que seguir apostando a un crecimiento de la educación superior en Latinoamérica pero corrigiendo estos desequilibrios”, apuntó Marmolejo y destacó que el problema sobre quien debe financiar la educación superior “es mundial” y “genera tensiones”, porque “no hay soluciones mágicas”.
No obstante, “la alta deserción y el estancamiento son los desafíos más graves, por encima de procurar el acceso con equidad, de cara a los próximos años para la región”, detalla el informe y sostiene que “el promedio de edad de los graduados es entre 25 y 29 años. En la Argentina el 40% de los estudiantes se recibe, el 15% abandona y el 35 restante no accede a estudios superiores”.
La CRES/18 trató, entre otros temas, la financiación y la internacionalización de la educación superior; el desarrollo sustentable para saber cómo desde las universidades se puede contribuir a alcanzar los Objetivos de Naciones Unidas para el año 2030 junto a la interculturalidad y la muticulturalidad, para incorporar y privilegiar esa riqueza que hay en la región.
Marmolejo consideró que la reunión en Córdoba debería servir también para repensar el concepto de autonomía universitaria, ya que “las circunstancias que vive el mundo actualmente son más complejas que las presiones coyunturales que derivaron en la Reforma” de 1918, “que dio paso a esta primera idea de autonomía”.
“Tenemos que asegurar -expresó finalmente- que las instituciones se adapten mejor a este concepto que está en continuo cambio. Para ello necesitamos que tengan la capacidad de hacerlo y privilegiar una autonomía más modernizada. No ser tan reactivas sino más anticipadoras, tienen que estar dos pasos adelante de lo que todo el mundo está tratando de ver”.

Fuente: www.telam.com.ar

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