Abogado por la Universidad Nacional del Litoral y profesor titular e investigador en la Universidad Nacional de Rosario, Adolfo Luis Stubrin fue factor fundamental del Congreso Pedagógico Nacional que los radicales hicieron en la recuperación democrática de mediados de los ochenta en el siglo pasado, como Secretario de Educación de la Nación. Fue diputado nacional y Presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Nación. Fue miembro y vicepresidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria.   

El 23 de agosto el reconocido experto Axel Rivas, aun admitiendo que la educación tiene en Argentina problemas enormes y deudas abiertas, declaró exultante lo siguiente: “Del 2000 hasta hoy es muy difícil encontrar un solo indicador educativo que empeore. La inmensa mayoría mejora, especialmente acceso y trayectoria de alumnos”.
El interés de este artículo se centrará en establecer hasta qué punto esta visión optimista está justificada, teniendo en cuenta que Rivas es desde el 22 de julio el Presidente del Consejo Nacional de Calidad de la Educación, posición desde la cual le caben responsabilidades ineludibles sobre la transparencia y recta interpretación de la situación educacional como área crítica de la realidad nacional.
Es probable que Rivas quiera diferenciarse de habituales diagnósticos apocalípticos y, en ese sentido, alguna razón tiene. La noción de que no tenemos salida o que la educación marcha siempre hacia atrás es deprimente y hace que muchos bajen los brazos.
Sin embargo, más allá del temperamento de cada uno, la tarea a la cual se deben los intelectuales públicos es decir la verdad sobre el presente para sentar bases firmes sobre las cuales construir un mejor futuro. Por lo tanto, es más que pertinente averiguar si es cierto que en nuestras escuelas y colegios todo ha sido progreso desde la gran crisis hasta el presente.
En un artículo en La Nación del 29 de agosto la periodista Luciana Vázquez nos advierte sobre las versiones edulcoradas que el kirchnerismo viene sembrando desde los comienzos de su era hegemónica.
Para la analista el kirchnerismo pretende moldear a la opinión pública atribuyéndose una supuesta superioridad moral frente a sus adversarios políticos. Gafes discursivas del expresidente Macri (v.g. “caer en la escuela pública”) son aprovechadas para demonizarlo y mostrarlo indiferente hacia la suerte de los más desfavorecidos.
Sin embargo, los datos verificados no mienten e indican que en materia de debilitamiento de la educación pública el período entre 2003 a 2015 experimentó el nivel más alarmante de privatización de la matrícula escolar primaria con masivos y constantes desplazamientos que bien fueron bautizados como “la huida de las escuelas públicas”; en la secundaria la tendencia se reiteró aunque en menor medida durante esos quince años.
Los hechos desenmascaran al relato y la verdad tiene que subir al tope del mástil.
Otra evidencia, que Vázquez extrae de un reciente libro de Mariano Narodowsky, es que las escuelas secundarias públicas durante los doce años de las presidencias Kirchner registraron tasas de fracaso y abandono sideralmente más altas que los del segmento privado.
La arrogancia con que el actual oficialismo dice ser la única fuerza política que defiende los intereses socioeducativos de los sectores populares es un globo inflado con falacias.
La Ley de Educación Nacional permitió restablecer las escuelas secundarias y mejorar el financiamiento para los sueldos docentes, lo cual es su mérito; pero, por encima de eso, aportó el viraje semántico que dio el kirchnerismo para diferenciarse de la década de los noventa, en que su propio partido con casi los mismos elencos dirigió los sistemas escolares por medio de la malhadada Ley Federal de Educación.
En 2016, el gobierno de Cambiemos encontró que la universalización del jardín de cuatro años, la jornada extendida de las escuelas primarias y la escuela secundaria universal no habían avanzado casi nada.
Las mejoras en el financiamiento durante esos diez años fueron absorbidas por los incrementos salariales de un número creciente de docentes. Eso estuvo muy bien. Pero, el olvido de las metas estratégicas de cobertura y rendimiento dispuestas desde 2005 / 2006 dejaron heridas abiertas que a duras penas pudieron mitigarse durante la presidencia Macri.
Si en lugar del volumen de matriculados se consultara el volumen de graduados secundarios quedaría patente que un porcentaje elevado de nuestros jóvenes no quedan cubiertos y que el sesgo de clase y residencia de quienes lo logran muestra con toda crudeza la baja efectividad de la educación para contrarrestar la segregación social imperante.
El gran problema de nuestra cultura institucional en materia educacional es que la información pública y su análisis descarnado son mirados por algunos gobiernos como un obstáculo antes que como un punto de partida. La acción pública consiguiente se vuelve, entonces, complaciente, rebaja objetivos, diluye responsabilidades en torno a los resultados y ubica la causa de todos los males siempre afuera y nunca adentro de la esfera organizativa y pedagógica del sistema escolar.
El rol del ministro de educación es, en este contexto, como el de un antiguo personaje de la radiofonía interpretado por el actor Tomás Simari, cuyo estribillo decía: “Soy el sargento Medina, cuya alegría mayor es decirle al superior: señor, en esta esquina no ha pasado nunca nada desde que la atiendo yo”.
El ministro Trotta lleva sus primeros meses de gestión y merece una expectativa favorable. La conformación del Consejo Nacional de Calidad de la Educación tuvo lugar el 13 de junio. Ese organismo consultivo está pendiente de integrarse desde la LEN de 2006. Se forma recién ahora con 35 miembros, cinco ministros provinciales, cuatro legisladores nacionales, diez dirigentes gremiales y corporativos, catorce académicos especializados invitados por el ministro, quien designa otros dos representantes directos.
La actividad técnica y operativa de evaluación, por su parte, sigue a cargo de la Secretaría de Evaluación, un órgano bajo dependencia directa del Ministro. Lo que cabe esperar es un debate en el nuevo Consejo en el que se escuchen voces con distintas perspectivas que puedan exigir la transparencia postulada en la ley y el informe anual al Congreso sobre todas las variables, hasta ahora nunca cumplido.
Otro organismo comparable, la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, creada por la Ley de Educación Superior se instituyó en 1996 y a lo largo de casi un cuarto de siglo cubre con análisis públicos de calidad al sistema universitario. Es un órgano colegiado que efectúa con personal técnico y pares externos las diversas operaciones.
Con vaivenes ha sistematizado y publicado sus informes sobre instituciones y carreras, lo hace periódicamente y mantiene una cierta independencia como órgano descentralizado en la esfera del Ministerio. Aunque una limitación de CONEAU es que ha dejado de aplicar pruebas sobre resultados de aprendizaje, su vigencia y experiencia institucional sobresale sobre este novel Consejo para el sistema escolar, cuyo potencial no se avizora ni mínimamente equiparable.
Ya adelantamos que Axel Rivas fue elegido por el Ministro para presidir el flamante consejo de calidad. De allí que la antes comentada cuestión de su optimismo es políticamente importante. Sus apreciaciones idílicas sobre los indicadores de rendimiento suenan bastante forzadas porque ignoran otros datos existentes que presentan alertas inocultables.
La calidad educativa, entre tanto, abre otras perspectivas complementarias a las que tradicionalmente ofrece la información estadística. Se trata de auscultar la efectividad de la enseñanza, es decir los logros que todo su despliegue habilita en los alumnos reales de carne y hueso. Eso compromete a los profesores y maestros, al currículo, a la conducción escolar, a la infraestructura y equipamiento y, también, al compromiso o la motivación de las familias y los propios niños y jóvenes.
Los procedimientos para determinar la calidad, tan polifacética y escurridiza como es, son múltiples y deben ser estratégicamente seleccionados y aplicados. Las mediciones de aprendizajes alcanzados por los alumnos a través de pruebas estandarizadas son los más conocidos pero no los únicos. Desde los noventas estos dispositivos se han puesto en práctica y suspendido varias veces. El kirchnerismo los ha eludido todo lo que pudo y en el último gobierno adquirieron con el nombre de “Aprender” cierta continuidad bajo una costosa versión censal.
La disyuntiva para el nuevo Consejo es si se inclinará por arrancar de cero o si preservará las series interanuales que condensan la información más aprovechable. La coyuntura peculiar del 2020 es, en ese sentido, un desafío intelectual y práctico. Un ciclo lectivo que consiste hasta hoy sólo en clases a distancia ¿puede evaluarse y en qué términos?
El país merece que la información estadística sobre 2020 se recoja y publique con integridad porque el impacto sobre el abandono escolar y el peso de éste sobre la desigualdad social requieren conocerse. Más aún, algunas provincias mejor organizadas ofrecen como es el caso de Mendoza con su Sistema de Gestión Educativa Nominal la posibilidad de seguimiento digital en tiempo real de los chicos.
En condiciones de aislamiento obligatorio y escuelas cerradas se puede identificar a los alumnos que no asisten a clases y tomar medidas urgentes para rescatarlos. De hecho el informe completo sobre el desempeño del sistema escolar mendocino del primer semestre 2020 fue ya presentado en la Legislatura. En ese distrito, como en otros aventajados, hay que valorar no sólo el alarde técnico sino también la virtud pública de la sinceridad.
En materia de mediciones de resultados de aprendizajes y otros estudios sobre calidad la Secretaría de Evaluación del Ministerio de Educación Nacional tiene ante sí grandes desafíos.
La pandemia no justifica que 2020 sea considerado un año no evaluable. Por el contrario, lo que ya sabemos sobre pérdidas y daños adicionales obliga a poner la educación en el tope de la agenda pública y eso demanda información confiable y actualizada. Las encuestas internacionales a las que la Argentina está adherida como las de UNESCO y OCDE deben implementarse y, en particular, las pruebas nacionales aunque con modalidad muestral debieran también llevarse a cabo.
Sospecho que en este año esos estudios nos den noticias sombrías, no gratas en especial para el partido gobernante, pero es preferible mirar las realidades de frente que verlas de soslayo o a través de un velo de condescendiente encubrimiento.

Fuente: https://www.visionfederal.com

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