El secretario general de la CTEP, Esteban Castro, firmó una carta de intención junto con la Universidad de Avellaneda y la escuela de jóvenes y adultos de esa casa de estudios para desarrollar la educación de gestión social cooperativa en todo el país
La Universidad Nacional de Avellaneda firmó una carta de intención junto a Esteban Gringo Castro, en representación de la CTEP y una larga lista de movimientos populares para la apertura de bachilleratos populares de gestión social cooperativa.
Adhirieron el Movimiento Evita, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, La Dignidad, MNCI – Vía Campesina, Misioneros de Francisco, Seamos Libres, Decir es Poder, La Poderosa, CCC, Barrios de Pie, el Frente Popular Darío Santilán, La Organización Germán Abdala, Instituto Villero de Formación, Los Pibes.
El consejo académico estará integrado por Alberto Croce (CADE), Laura Garcia Tuñon (ENDYEP), Joel Suarez (Centro Martin Luther King Cuba), Nano Balbo (Educador Popular) Padre Toto Lorenzo De Vedia, Norma Michi (maestría en educación popular UNLu), Adriana Puiggros (Educadora), Juan Grabois (MTE), Enrique Palmeyro (Ratep), Juan Manuel Gimenez (FECEABA), Marcelo Molodezky (Escuela de Gestión Social Nro 1. Chaco) Maria Eleonora Pedot (MNCI), entre otros y otras.
Esteban Gringo Castro, secretario general de la CTEP, contó a ANSOL: «Es una forma de extender el secundario a distintos distritos, sobre todos los más vulnerados en educación, a lo largo y ancho del país».
En el mismo sentido, adelantó a esta agencia: «El siguiente paso es generar una articulación con todas las universidades del país que quieran adherir a esta problemática».
Para él, se trata de un salto en organización. «Cuando empezamos a plantear el sindicato de la economía popular, éramos muy pocos. Cuando crecimos en organización y esa organización se expresó en la calle, construyó unidad con los trabajadores de la CGT y las CTA, desarrollamos estrategias comunes y se abrió un abanico de posibilidades de organizar educación, salud…», explicó.
«Es una forma de extender el secundario a distintos distritos, sobre todos los más vulnerados en educación, a lo largo y ancho del país»
Ahora se abre un camino para las organizaciones sociales en un marco que Castro no desconoce: «En Latinoamérica el imperialismo está poniendo muchos recursos para fragmentar la sociedad, nosotros estamos haceidno un esfuerzo enorme para no señalar a nadie con el dedo y generar los máximos niveles de integración social».
El rector de la Undav, Jorge Calzoni, recordó el proceso que viene dando la universidad junto a los movimientos populares: «Tenemos desarrollos hechos en temas educativos en los territorios. Creamos la escuela de adultos y jóvenes, ante la sospecha de que el FINES se podía terminar con el gobierno de Macri. Eso nos permite certificar títulos. La escuela no tiene edificios, sino que lo articulamos con las organizaciones. A su vez tenemos vínculos con los bachilleratos populares».
Así, el objetivo de esta carta de intención, resaltó, es «pensar un convenio definitivo con más de 100 puntos a lo largo y ancho del país para que tenga acceso a la educación toda la gente que todavía no pudo terminar sus estudios secundarios».
Esperan que ante un nuevo ministro de Educación puedan presentar la carta y ampliar a todas las universidades del país, así como conseguir el financiamiento para los docentes. «Nosotros tenemos un campus virtual, pero esto requiere de presencialidad, por lo que hace falta que se sumen otras universidades a darle territorialidad en todo el país», explicó.
La directora de la escuela secundaria para jóvenes y adultos de la UNDAV, Liliana Elsegood, declaró a ANSOL que vivieron cuatro años de resistencia y recordó: «En abril de 2016, el gobierno macrista nos propuso hacer una recisión del convenio del financiamiento de la escuela secundaria para jóvenes y adultos. Nosotros nos opusimos y logramos que esta gente nos depositara el dinero de la única cohorte financiada por el Ministerio. Sabiendo que esto se iba a caer, salimos a buscar quién lo financie. Queríamos llegar a este nuevo gobierno con la escuela de jóvenes y adultos abierta».
Así, mantuvieron dos aulas en la Villa 15, la mal llamada Ciudad Oculta, coordinadas por el Pitu Salvatierra y tres aulas conveniadas con la mutual del sindicato de Camioneros, que financia a los docentes. Entre esas aulas, hay 120 estudiantes, cuya educación no está financiada hoy por el Estado.
«Vamos a ir con esta carta de intención al Ministerio de Educación para que esto vuelva a ser política pública y se restituya el derecho a la educación y se financie estas aulas que precisamos abrir», concluyó.
