bullyingEl secretario general de la Unión Docentes Argentinos, Sergio Romero, sostuvo que el país «necesita una Ley para el tratamiento de la violencia escolar, con más compromiso del Estado», y objetó que las provincias están «huérfanas de equipos y gabinetes», para abordar la problemática en las escuelas.

«Son días de mucha violencia en las escuelas, en provincia de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, hay uno o dos hechos diarios, hace horas le sacaron un ojo a un alumno en San Juan y la televisión explota», indicó el dirigente.
Romero, que además es secretario de Políticas Educativas de la CGT caloísta, destacó que «el ministerio de Educación de la Nación «está haciendo un Protocolo sobre violencia para que las escuelas se adecúen, pero tiene que haber una Ley que se sostenga en el tiempo».

«La prevención de estos hechos debe hacerse con una Ley y no con guías y protocolos, el Estado debe comprometerse más», aseveró para añadir que el Observatorio Argentino de Violencia en las Escuelas, que depende de la cartera educativa y la Universidad Nacional de San Martín, UNSAM, creado en la gestión de Néstor Kirchner, «no dio respuestas concretas y no sirvió para afrontar problemas».

El jefe de UDA, quien presentó hace años y medio en el Congreso de la Nación un proyecto de ley de «Creación del Equipo Coordinador Interdisciplinario Centralizado para la Erradicación de la Violencia en el Ambito Escolar», consideró «fundamental crear redes y equipos para trabajar la problemática».

Dijo que «los docentes ven sobrecargada su tarea y necesitan apoyo, contención y trabajar fuertemente en la prevención».

Respecto al trabajo de las jurisdicciones argentinas para la prevención y abordaje de los hechos de violencia, especialmente el conocido como bullying, el acoso permanente entre pares, dijo que «las provincias están bastante huérfanas de equipos, y si necesita más participación activa del Estado».

Ejemplificó que la única jurisdicción que aprobó una ley para afrontar la violencia escolar es Buenos Aires «y tiene muchos hechos en las escuelas».

Acotó que «Santa Fe, tiene 93 profesionales contratados para esta problemática en el programa «Lazos», pero atender 4.000 escuelas, y son insuficientes», y objetó que «el Estado tiene que poner en valor el cumplimiento de la normativa, tendrían que tneer cargas sociales, otdo lo que tiene que tener un trabajador para desarrollar en normalidad su tarea».

Consultado sobre papel de la ley de Financiamiento Educativo, sancionada en 2005 que refiere a la problemática, recordó que «en su artículo 2, inciso b, establece que hay que destinar recursos para formar equipos interdisciplinarios en las escuelas».

«Hablamos de una ley sancionada hace 8 años (Financiamiento Educativo), que prevé el abordaje de esta temática y todavía no cumplió con su articulado en estas cuestiones estratégicas», cuestionó el jefe de UDA.

Acerca de las acciones de la cartera que conduce Alberto Sileoni para tratar el flagelo, dijo que «valora la intención del Ministerio de abordar la temática de la violencia en las escuelas con guías y protocolos», que elaboró para directivos y docentes, pero precisó que «desde el comienzo tendría que haber convocado a los sindicatos para diseñar estrategias, cuando nuestro presentamos un proyecto de Ley sobre esta problemática y el bullying».

«Fue la UDA la primera organización en advertir la existencia de episodios de violencia en las escuelas y la gran preocupación de los maestros por sentirse desprotegidos, faltos de normativa y de apoyo institucional para abordarlos», manifestó Romero.

Fuente: Laura Hojman para www.dyn.com.ar

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