De pronto, en medio de un verano que ya viene muy complicado por los despidos, desalojos, inundaciones, incendios, cortes de luz… el gobierno anuncia que quiere poner en la agenda la «baja de la edad de imputabilidad» a los 14 años.
Se trata de un debate que muchos de nosotros creíamos saldado. Prácticamente nadie de los que trabajan con niños y adolescentes reivindica esta postura y sólo reaparece de tanto en tanto, fogoneada sobre todo por ciertos intereses que operan detrás de los medios de comunicación.
Es un debate muy cruel porque se lo quiere imponer poniendo al frente a víctimas de distintos delitos que sufren por sus consecuencias que no pocas veces son desgarradoras.
Pero una cosa son los casos -muy puntuales- de adolescentes que cometen delitos graves, y otra cosa son las políticas públicas, que deben dar respuesta a las situaciones generalizadas que atraviesa la sociedad en su conjunto.
No quiero extenderme respecto de la ínfima presencia adolescente en los crímenes que se ponen como justificación de estas medidas.
Cuando aparecen estos debates en las conversaciones en las que participo pregunto a los presentes si conocen algún adolescente de 14 años que haya cometido algún asesinato u otro delito gravísimo… No encontré nunca a ninguno que conozca a alguno. Pero, más allá de esto, en los casos que sí existen, aunque sean infinitamente pocos, es realmente falso que anden por la vida sin ninguna consecuencia. En general, cuando actúan los jueces, los separan de su núcleo familiar y los envían a algún instituto que, más allá de mis opiniones al respecto, los reciben y allí permanecen hasta que llegan a la mayoría de edad.
La afirmación que han querido imponer a la sociedad de que «menores de 14 años, asesinos y criminales, andan sueltos por ahí como si nada», es falsa de toda falsedad. Eso no sucede y desafío a quien quiera que me dé un nombre que pruebe lo contrario.

Pero hay algo muy grave en esta «aparición» del tema. Muchos analistas políticos dicen que, en realidad, colocar la cuestión en la agenda pública en este momento, tiene que ver con una especulación electoral para «partir» al Frente Renovador, y alejar a Sergio Massa de Margarita Stolbizer, en una alianza que estaba molestando al gobierno nacional. Si es así, me resulta repugnante esta utilización de los niños y adolescentes con esta finalidad. Recurrir a un tema tan sensible y delicado, para sacar réditos electorales, me parece realmente despreciable. No puedo juzgar las intenciones últimas de los involucrados pero sí puedo constatar los efectos que, claramente, van en esa dirección.

Obviamente, quienes desde toda la vida hemos defendido y defendemos los derechos de niños y adolescentes, impulsamos la sanción de un régimen penal juvenil en el marco de lo que dispone la Convención Internacional de los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Y estamos en contra de recurrir a estas medidas que ponen en riesgo a los adolescentes, más que protegerlos a ellos y a la sociedad.
Mientras lo referido a «la baja» se comienza a debatir en todos los canales y medios, a todas horas y por cualquiera que siente que puede opinar sobre un asunto tan delicado… nadie está ni enterado que un grupo de organizaciones sociales, liderado por la Asociación DONCEL, brega desde hace varios años para que se sancione una Ley para apoyar la transición de los adolescentes que llegan a los 18 años y deben «abandonar» los hogares e institutos, y así poder insertarse a la sociedad de manera positiva. Esta medida, que sí es importante porque hay un grupo grande de adolescentes que ha debido vivir separado de sus familias por diversas causas que no implican ninguna responsabilidad penal de su parte, ni siquiera forma parte del interés de una sociedad que se vuelve hipócrita por el accionar de quienes deberían colaborar con su crecimiento, responsabilidad y concientización.

En este marco, queremos y exigimos que, urgentemente, el Congreso Nacional designe al Defensor de los Niños y Adolescentes, que desde hace años estamos esperando sin que la propuesta avance. Necesitamos de equipos probos, honestos y justos, que garanticen los derechos que establece la Convención. Si siempre fue necesario, ahora es perentorio.

No es la cárcel, sino la educación, la salida de fondo.
No son los policías, sino los maestros y educadores, los que nos llevarán por ese camino.
No es el presupuesto para patrulleros y cámaras, sino para escuelas mejores y más completas, las que nos cuidarán del delito.
No es la especulación financiera sino el trabajo y la mejor distribución de la riqueza, los que nos permitirán vivir en una sociedad más feliz.
No es la venganza sino el cuidado y la protección, los que nos conducirán hacia la paz.

Fuente: www.transformarlasecundaria.org

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