Jorge Aliaga desmenuza el proyecto del presupuesto para las casi sesenta instituciones públicas de educación superior que elaboró el gobierno nacional y, uno por uno, los items que sufren recortes brutales, así como la postura del CIN (Consejo Interuniversitario Nacional).
En 2018 hubo varios meses de conflictos en las Universidades Nacionales. La principal razón del reclamo fue la resistencia del gobierno a ofrecer un incremento salarial mayor al 15% para el período mayo 2018 – abril 2019. A esto se sumó la demora en el envío de las partidas para cubrir los gastos de funcionamiento (se cerró 2017 adeudando octubre, noviembre y diciembre) y la suspensión las obras incluidas en el Presupuesto 2018.
En el medio del conflicto el gobierno intentó desacreditar a las universidades, como ya lo ha hecho varias veces con el CONICET y otros organismos públicos, a través de argumentos falsos. La visión del Presidente Macri sobre las universidades nacionalesquedó muy clara en la charla que dio en 2014 en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. También el pensamiento de la Gobernadora María Eugenia Vidal en relación con las universidades del conurbano. Ambos asistieron a universidades privadas.
El pedido del CIN y la propuesta del gobierno
En este contexto el presupuesto de las universidades nacionales para 2019 era esperado con preocupación. Desde 1985 las universidades nacionales se nuclean en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y a través de él coordinan políticas, entre ellas las presupuestarias. El CIN solicitó, por unanimidad, al nuevo Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología un presupuesto de $144.116 millones. De ellos $128.967 millones eran transferencias a las Universidades ($111.529 para salarios actualizados con los acuerdos paritarios 2018 y $17.438 para gastos de funcionamiento), $1.883 millones en programas a distribuir (Programa de incentivos, fortalecimiento de RRHH, gastos en CyT, SIU, etc) y $13.266 millones para otros programas (FUNDAR, Becas, $4.134 millones para infraestructura, etc.).
En el resumen para la prensa del presupuesto 2019 presentado el lunes 17/9 por el Ministro Dujovne se consignaba un total de $144.784 millones para “transferencias universitarias”, que parecían coincidir con lo solicitado por el CIN. A la tarde se conoció el proyecto completo y las ilusiones se desvanecieron.
Desde hace varios años, el presupuesto para financiar los gastos de funcionamiento, inversión y programas especiales de las universidades nacionales se fija en su Artículo 12. El monto asignado para 2019 es de $123.507 millones, de los cuáles $121.953 millones son para universidades nacionales y el resto para programas a distribuir según el detalle indicado en la planilla anexa a ese artículo. En ella, según es usual, las universidades nacionales están listadas por orden alfabético hasta las creadas en la década de 1990 y luego por orden cronológico de fundación.
En la tabla siguiente se muestran los montos asignados a las universidades nacionales en el Presupuesto 2019, pero ordenadas por año de creación [1]:
Presupuesto de cada universidad nacional para 2019. Diferencia con el Presupuesto 2018 en pesos de 2019 ajustado por IPI y Diferencia Relativa a este último.
La Tabla detalla el Presupuesto para 2019 y la diferencia con el de 2018 ajustado por IPI para todas las universidades nacionales, como se hizo en “El ajuste que no cambia” con el de Ciencia. Los colores las agrupan de manera arbitraria en cuatro conjuntos según cuándo fueron creadas: hasta 1955 (7), 1956 – 1983 (19), 1984 – 2003 (13) y 2004-2015 (18).
En primer lugar, el presupuesto total es $7.013 millones menor al solicitado por el CIN (-5,75%) y $4.263 millones menor al de 2018 ajustado por IPI (-3,4%) [2]. El Presidente Macri ha intentado justificar la falta de presupuesto para las universidades nacionales por la creación de las últimas 18, durante los mandatos de Cristina Fernández. Estas representan sólo el 4,5% del total, y si se suman las creadas desde el regreso de la democracia en 1983 se llega recién al 15,7%, por lo que ese argumento no es válido.
El grupo de las 7 universidades nacionales históricas, que representa casi el 50% del presupuesto, cae en promedio -2,5%, siendo la UBA la que menos cae (-1,0%) y la de mayor presupuesto. Los dos grupos siguientes tienen una baja promedio de -5,0%. En el segundo grupo tienen una caída mayor Comahue, La Pampa y Misiones, y luego Rio Cuarto, Patagonia San Juan Bosco, Entre Ríos y San Juan. En el tercer grupo la de menor recorte es La Matanza, en la que fue decano el Ministro Finocchiaro y las que tienen mayor baja son La Rioja, Quilmes, Gral. Sarmiento y de las Artes. El cuarto bloque incluye universidades nacionales no consolidadas, y sus gastos varían fuertemente entre ellas en relación con el grado de avance en el proyecto institucional aprobado cuando fueron fundadas. La mayoría de las creadas en los últimos años están iniciando nuevos años de carreras a medida que avanzan en las cursadas las primeras cohortes, están comprando equipamiento y construyendo instalaciones. Otras ya están casi consolidadas mientras que algunas no han comenzado a funcionar.
La segunda Tabla muestra los montos asignados a cada una de las Actividades que conforman el “Programa 26 – Desarrollo de la Educación Superior” en el presupuesto 2019 y en el presupuesto 2018, a valores sin actualizar.
Actividades del “Programa 26 – Desarrollo de la Educación Superior” en el presupuesto 2019 y en el presupuesto 2018, a valores sin actualizar.
Las Actividades marcadas con color verde son las que figuran en el Artículo 12 del Presupuesto: de la 12 a la 15 son transferencias a universidades nacionales; la 16 (parcialmente) y la 17 a ejecutar en acciones específicas. Esto suma $123.507 millones mientras lo solicitado por el CIN era de $130.850 millones ($128.967 millones a universidades nacionales más $1.883 millones a acciones específicas).
Los bloques marcados con color blanco y marrón incluyen gastos de funcionamiento y programas ejecutados desde la Secretaría de Políticas Universitarias [3]. El CIN solicitó para esto $13.266 millones y el presupuesto otorga $14.606,7. El sector en blanco tiene una asignación clara y se ha ejecutado en los años recientes.
El sector marrón incluye en 2018 todas las obras de infraestructura que figuraban en el presupuesto y fueron suspendidas por el gobierno nacional, y para 2019 un monto de “Recomposición Salarial” de $9.500 millones que no tiene antecedentes, explicación ni fundamentación. Por lo tanto, dado lo ocurrido en 2018, las posibilidades de que sea ejecutado son inciertas y pareciera ser sólo un fondo de donde descontar futuras paritarias sin asignar nuevas partidas.
Como vimos, el Programa 26 totaliza $138.114,12 millones mientras que el gobierno anunció $144.784 millones para “transferencias universitarias”. La diferencia se puede identificar si se mira la Tabla siguiente, que detalla todos los Programas del Ministerio [4]:
Montos asignados a Programas del MECCYT en en el presupuesto 2019 y en el presupuesto 2018, a valores sin actualizar y las partidas asignadas en cada caso como “Transferencias a Universidades”.
El Programa 26, marcado en verde, es el que ya analizamos en detalle. Los Programas 92 y 94, marcados en azul, corresponden a la Fundación Miguel Lillo y a la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), que tienen presupuestos descentralizados. La parte sustantiva de la diferencia entre el monto anunciado como “transferencias universitarias” y el Programa 26 se concentra en los Programas 29, 48 y 99, marcados en marrón. En estos tres Programas la diferencia con lo asignado en el año 2018 es notoria, por lo que llama la atención, en especial los $4.000 millones asignados a “Transferencias Varias”. Como antecedente, de los $1.628,04 millones asignados al Programa 99 en 2018 se han ejecutado hasta el 17/9 sólo $132.568,9 (0,0081%), por lo que es poco probable que los $4.000 millones realmente se ejecuten.
La última tabla permite comparar los montos devengados en 2015, 2016 y 2017, el Presupuesto 2018 al 17/9 y el Presupuesto 2019 en millones ajustados por IPI para cada Programa:
Devengados en 2015, 2016 y 2017, Presupuesto 2018 al 17/9 y Presupuesto 2019 en millones ajustados por IPI y también el porcentaje de ejecución 2018 para cada Programa.
A medida que avanzó la actual gestión se eliminaron algunos programas y se crearon otros. Viendo la “película” de la evolución plurianual del Programa 26 se entiende porqué los años 2016 [5] y 2018 [6] tuvieron conflictos y cuáles son las perspectivas para 2019. También es cierto que 2017 fue el de mayor presupuesto histórico, año electoral en el que no hubo mayores conflictos.
La última fila muestra que el porcentaje de ejecución de los programas que no involucran a las universidades nacionales es del 51,62% frente al 65,18% del Programa 26. Por lo tanto es razonable estimar que el devengado final de estos Programas en el año 2018 no será de $79.488,49 millones sino de un monto cercano a $66.521,66 M. Esto se alinea con el gran ajuste de esas partidas para 2019, que perderán $-29.841,92 millones (-37,54%), quedando en $49.646,57 M. El abandono de los programas nacionales de educación, con el argumento de que desde la década de 1990 son responsabilidad de las provincias, es una constante de la actual gestión [7]. Y como se aprecia, tampoco se construyen Jardines de Infantes, dado que la ejecución del Programa 46 al 17/9 es de sólo el 23,77%.
El reclamo del CIN
Casi la totalidad de los Rectores del CIN se reunieron el viernes 21/9 en la Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR) y manifestaron su preocupación por el presupuesto presentado. El plenario dedicó varias horas a un análisis detallado tanto del presupuesto asignado a cada universidad como del total del Programa 26 y del resto del presupuesto de educación.
El CIN decidió por consenso aprobar el Acuerdo Plenario 1068/18 que ratifica un presupuesto de $144.116 millones para 2019. También acordó la incorporación de $3.507 millones a reasignarse desde el “Programa 99 – Transferencias Varias” a la planilla que acompaña el Artículo 12 de manera que las primeras 40 universidades nacionales ordenadas según año de creación tengan el mismo porcentaje de variación relativo que la UBA y que Tierra del Fuego y Pedagógica Nacional (perjudicadas dentro de las de reciente creación) reciban el mismo porcentaje que Moreno. Asimismo aprobó la adición de $1.693 millones para gastos de funcionamiento, $4.000 millones para infraestructura, entre otras modificaciones. Estos cambios se financian con los montos de la Actividad 22 del Programa 26 y con las “transferencias a universidades nacionales” de los Programas 29, 48 y 99 que señalamos con color marrón en las diversas tablas.
Si Cambiemos se opone a estas modificaciones, que no implican mayores gastos, quedará claro que los montos señalados en marrón en las tablas no fueron incorporados para ser “transferidos a las universidades nacionales” sino como una forma de llegar a un número que parezca similar a lo solicitado por el CIN. Veremos hasta dónde quiere avanzar el Gobierno con el ajuste y su voluntad de generar o no en 2019 un enfrentamiento con el conjunto del sistema universitario.
En este contexto es una pésima señal que se haya eliminado el sitio web que durante más de una década publicó todas las resoluciones de asignación de fondos para universidades nacionales, los detalles de pagos y de deudas. En cambio, si se quiere ocultar un ajuste este es un método bastante eficaz.
Así se veía la página web de la SPU donde estaba toda la información presupuestaria de los pagos y deudas a universidades nacionales hasta marzo de 2018 (Captura de pantalla del sitio web.archive.org).
[1] Los años de creación pueden no ser exactos, dado que algunas universidades nacionales fueron creadas primero como provinciales, etc.
[2] El IPI es un deflactor usado en la elaboración del presupuesto mientras que el CIN solicitó el incremento en base a paritarias y aumento de gastos de funcionamiento, por lo que ambos montos difieren.
[3] En el año 2018 los programas de Becas Universitarias PNBU y PNBB estaban incluidos en el programa 26 mientras que en el año 2019 esto se pasó al “Programa 49 – Gestión y Asignación de Becas a Estudiantes”.
[4] Para poder hacer comparaciones interanuales en el Programa 49 se ha restado el Plan PROGRESAR ($9.480,62 M), dado que hasta el año 2018 estaba incorporado al Presupuesto de ANSES.
[5] Cobertura de la Marcha Nacional Universitaria 2016: La Nación, Clarín, Página 12 y de la entrega del Petitorio con 43.000 firmas.
[6] Cobertura del conflicto de Noticias y de la Marcha Nacional Universitaria 2018 de Infobae y Página 12.
[7] El ajuste de los Programas del MECCYT, de $220.824,20 millones en 2015 a $187.760,69 millones en 2019 (-15,0%), no es comparable con los $-82.203,72 millones (-26,4%) mencionados en la nota “El ajuste que no cambia”. Mientras en el primer caso se trata de los montos de la “Jurisdicción 70”, sin PROGRESAR ni “Gastos Figurativos” en el segundo caso se tomó la “Función Educación y Cultura” de la “Finalidad Servicios Sociales”. El ejemplo más claro del ajuste en el Educación lo constituye la eliminación de Conectar Igualdad.
Fuente: Jorge Aliaga para https://www.elcohetealaluna.
